Sin permiso para protestar

El proyecto también propone la modificación del artículo 194 del Código Penal para endurecer las penas a los manifestantes, estén o no presentes al momento de la protesta. Mientras que el texto vigente establece de tres meses a dos años de prisión para «el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas», el Gobierno de Milei quiere penar con dos a cuatro años de cárcel a quienes con un arma interrumpan el servicio de transporte público; con dos a cinco años a «quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado» estén o no en el lugar y con tres a seis años a quienes amenacen a una persona con sacarle la «asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole» para que asistan a una protesta.

Privatización de las empresas públicas

Se dispone la privatización de aquellas empresas y sociedades «de propiedad total o mayoritaria estatal» entre las que se encuentran: Aerolíneas Argentinas; YPF; Banco Nación; Casa de Moneda Correo Argentino; ARSAT; AySA; Fabricaciones Militares; Ferrocarriles Argentinos; Télam y Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), entre otras.

Como ya se había anticipado, la intención del Gobierno es constituir sociedades anónimas «en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una (1) acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad».

La introducción a la ley

En la introducción, el Gobierno explica que una de sus propuesdtas es que «haga efectiva la delegación legislativa prevista en el artículo 76 de la Constitución Nacional, declarando la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025″. Esto implicaría que se deleguen facultades legislativas al Poder Ejecutivo en todos esos ámbitos.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/699009-la-ley-omnibus-de-javier-milei-el-detalle-de-los-articulos-y