"La justicia es la única forma de romper el ciclo de violencia", advirtió un activista rohingya

La decisión de la justicia argentina de investigar al ejército de Myanmar por los crímenes de guerra cometidos contra la minoría musulmana rohingya demuestra que «no hay refugios seguros en ninguna parte del mundo para los responsables del genocidio», dijo Maung Tun Khin, autor de la denuncia y presidente de la Burmese Rohingya Organization UK (Brouk). La resolución de la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires revoca un fallo de primera instancia de la jueza María Servini de Cubría, que había desestimado la petición de abrir una investigación porque las violaciones a los derechos humanos cometidas contra esta minoría étnica, descripta por la ONU como una de las más perseguidas del mundo, ya eran investigados por la Corte Penal Internacional (CPI).

El caso de Argentina cubrirá toda la gama de crímenes cometidos contra los rohingya en Myanmar, a diferencia del caso de la CPI, que se limita a crímenes que se han cometido en la frontera de ese país con su vecino Bangladesh. La causa había sido recibida a finales de 2019 por los tribunales argentinos tras una presentación de Tun Khin. «Durante décadas, los funcionarios de Myanmar han tratado impunemente de acabar con los rohingya como pueblo. La justicia es la única forma de romper el ciclo de violencia y, dado que Myanmar no quiere ni puede investigarse a sí mismo, la comunidad internacional debe intervenir«, aseguró a Página/12 el presidente de Brouk.

La elección de Argentina y la justicia universal

En noviembre de 2019, la organización con sede en Londres presentó ante la justicia argentina una querella por los «crímenes brutales» cometidos contra los rohingya en Myanmar. El caso contempla la situación particular de seis mujeres que fueron violadas y torturadas. Sus maridos e hijos fueron perseguidos y algunos de ellos asesinados durante las habituales campañas de limpieza étnica en el estado de Rakhine.

Los representantes de Brouk eligieron Argentina para presentar su demanda por los antecedentes del país a la hora de aplicar el principio de la justicia universal, tal como ocurre por ejemplo con la causa en la que se investigan los crímenes del franquismo en España. Dicho principio permite hacer justicia por cualquier tribunal internacional, sin importar el lugar en el que ocurrieron los crímenes, la nacionalidad de los autores o partícipes o quienes fueron las víctimas, siempre que se trate de crímenes que afecten a la comunidad internacional.

«Como víctimas tenemos derecho a elegir cualquier lugar en el que podamos buscar justicia. El poder judicial argentino tiene un historial largo y progresivo en la aceptación de casos de jurisdicción universal. Esto ha dado esperanza a millones de víctimas en todo el mundo», manifestó Tun Khin al respecto. Brouk está representado legalmente en esta causa por el abogado Tomás Ojea Quintana, relator especial de Derechos Humanos de la ONU de la República Popular Democrática de Corea y exrelator especial en Myanmar.

Fallo revocado

Para dar curso a la investigación, la Cámara Federal revocó un fallo de primera instancia de la jueza federal Servini de Cubría, quien en julio pasado había rechazado abrir una investigación alegando que los hechos denunciados ya estaban siendo juzgados por la Fiscalía de la CPI. Tun Khin nunca estuvo de acuerdo con ese argumento. 

El caso cubrirá toda la gama de crímenes cometidos por el ejército y otros contra los rohingya, «incluida la violencia sexual y el asesinato, como la masacre de hombres y niños rohingya en Tula Toli en 2017». La Cámara Federal porteña sostuvo que es «obligación de todos los Estados», «por normas imperativas de derecho internacional», llevar adelante una «investigación preliminar» de los hechos denunciados, y afirmó que «archivar las actuaciones, sin una mínima profundización de los acontecimientos denunciados, no podría ser admitido».

Se trata del primer caso de jurisdicción universal sobre el genocidio rohingya en cualquier parte del mundo, pero no el único proceso legal internacional contra las autoridades de Myanmar. Como se mencionó anteriormente, la CPI aprobó en noviembre de 2019 una investigación sobre Myanmar por crímenes de lesa humanidad contra la minoría musulmana. Al mismo tiempo, Gambia inició un caso contra Myanmar por violar la Convención sobre el Genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Un genocidio en curso

Los rohingya, que representan el cuatro por ciento de la población birmana en un país de 60 millones de habitantes, son apátridas dentro de su propio territorio. En 2017, el ejército de Myanmar condujo a cerca de 800 mil rohingya a huir a través de la frontera hacia Bangladesh donde todavía viven hoy, en lo que se ha convertido en el campo de refugiados más grande del mundo. Unas 25 mil personas fueron asesinadas y 19 mil mujeres y adolescentes fueron violadas.

«Los gobiernos birmanos nos han despojado de nuestra nacionalidad y han convertido nuestro hogar, el estado de Rakhine, en una cárcel al aire libre. Los rohingya se enfrentan a fuertes restricciones a la libertad de movimiento que les impiden acceder a la educación y la atención médica», explicó Tun Khin a este diario. El último capítulo de esta trágica historia se dio en febrero de 2021, cuando los militares dieron un golpe de Estado en Myanmar. Desde entonces, cerca de 1.300 personas han muerto y miles han sido encarceladas en medio de una resistencia masiva a la junta en todo el país.

Los «arquitectos del genocidio»

El principal acusado en esta causa es Min Aug Hlaing, el comandante en jefe de las fuerzas armadas de Myanmar. Despues de orquestar el golpe de febrero, Aug Hlaing fue nombrado primer ministro y acaba de ordenar la detención de la exconsejera de Estado, Aung San Suu Kyi. «Nuestro caso también incluye a líderes civiles que han ayudado o no han hecho nada para detener el genocidio», agregó Tun Khin. Entre esas personas se encuentra el monje budista Ashin Wirathu, quien dirigió una campaña de odio hacia la comunidad rohingya. Aunque no hay tratado de extradición entre Argentina y Birmania, la justicia argentina puede dictar órdenes de detención internacional a través de la Interpol.

Una parte clave del proceso será garantizar que las propias víctimas rohingya puedan testificar en Argentina, en particular las seis mujeres que forman parte del caso. Brouk exigirá además que el tribunal argentino solicite información a las empresas de redes sociales, en particular a Facebook, por el discurso de odio difundido en sus plataformas. «Estas empresas ayudaron a financiar el genocidio rohingya», planteó Tun Khin en ese sentido.

La compañía dirigida por Mark Zuckerberg declaró este miércoles que bloqueará los perfiles controlados por el ejército birmano, aunque el presidente de Brouk lamenta que, hace más de dos años, un informe de la ONU ya detallaba cómo «estas empresas financian las violaciones a los derechos humanos». 

Desde Londres Tun Khin exige que sean juzgados todos los «arquitectos del genocidio» y sostiene: «Este caso muestra que la rendición de cuentas es posible. La decisión de Argentina de iniciar la investigación muestra que no hay dónde esconderse para quienes cometen genocidio«.