La junta militar de Myanmar condenó a Aung San Suu Kyi a cinco años de cárcel por corrupción | La gandora del premio Nobel de la PAz permanecerá bajo arresto domiciliario mientras enfrenta otros cargos

Un tribunal de la junta militar de Myanmar condenó a la derrocada líder civil Aung San Suu Kyi a cinco años de cárcel por corrupción, en medio de numerosas acusaciones en su contra que podrían mantenerla en la cárcel por varias décadas. La premio Nobel de la Paz de 76 años ya había sido condenada a seis años de prisión por el delito de incitación contra los militares, violar las reglas anticovid y una ley de telecomunicaciones, aunque permanecerá bajo arresto domiciliario mientras enfrenta otros cargos. La Unión Europea advirtió que esta nueva condena supone «otro paso» hacia el desmantelamiento de Estado de derecho en Myanmar y «otro revés» para la democracia.

Una denuncia «absurda» e «injustificada»

En este caso, Suu Kyi fue condenada por aceptar 600 mil dólares y 11,4 kilos de oro en sobornos de manos del exgobernador de Rangún, Phyo Min Thein, quien testificó en octubre contra la líder birmana. Uno de los letrados que representan a Suu Kyi, a quienes ahora la junta prohíbe hablar con los medios, calificó la denuncia de «absurda» e «injustificada» cuando se presentó en el mes de junio, y remarcó que «la codicia no es uno de los rasgos personales» de la exjefa de gobierno.

Después de dos días de retrasos, un tribunal especial en la capital construida por la dictadura militar, Naipyidó, divulgó su veredicto y la sentencia. «En relación con aceptar oro y dólares de Phyo Min Thein, la Corte la sentencia a cinco años de prisión», dijo el vocero de la junta, Zaw Min Tun. «Permanecerá bajo arresto domiciliario. No sé si ella pidió apelar, ellos están trabajando de manera legal. Hasta donde sé ella está con buena salud«, agregó Min Tun.

Los periodistas no pudieron acceder a los juicios contra la líder civil birmana y sus abogados no tienen permitido hablar con los medios. Todavía debe dirimirse una amplia serie de acusaciones de violación de ley de secretos, corrupción y fraude electoral, entre otros, que pueden acarrear una condena global de más de 100 años de cárcel.

En marzo, Suu Kyi debió perderse tres días de audiencias por estar en cuarentena debido a un contagio de covid-19 entre su personal. Bajo una junta militar previa, Suu Kyi pasó largos períodos bajo arresto domiciliario en la mansión de su familia en Rangún, la mayor ciudad de Myanmar, la antigua Birmania. Actualmente permanece detenida en un sitio no revelado de la capital, y su contacto con el exterior se limita a sus breves encuentros con sus abogados antes de los juicios.

Para la Unión Europea, esta nueva condena contra Suu Kyi «representa otro paso hacia el desmantelamiento del Estado de derecho y una nueva violación flagrante de los derechos humanos en Myanmar«, así como «otro revés importante para la democracia desde el golpe militar».

En un comunicado, la diplomacia comunitaria que dirige Josep Borrell reiteró su «petición urgente a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, así como de todos los detenidos arbitrariamente desde el golpe de Estado». Por su parte el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó una vez más el golpe de Estado y exigió el fin inmediato de la «violencia y la represión» en la antigua Birmania.

Varios cargos pendientes

Suu Kyi, quien ya recibió dos condenas en diciembre y otras dos en enero por diversos delitos como vulnerar las leyes contra la pandemia y la importación de dispositivos de telecomunicación, todavía tiene que ser juzgada por al menos otros diez presuntos delitos de corrupción. Entre otros cargos, Suu Kyi es acusada de supuestamente abusar de su posición para el alquiler de terrenos, apropiarse de fondos donados a una fundación que ella presidía y construir una residencia con estos, y por la compra y alquiler de helicópteros, todos estos delitos penados con hasta 15 años.

La exconsejera de Estado además es juzgada por supuestamente vulnerar la ley de Secretos Oficiales, penada con un máximo de 14 años de prisión, y es acusada ante la justicia por el delito de fraude electoral durante los comicios de noviembre de 2020. Las presuntas irregularidades en estos comicios son el argumento expuesto por los militares, que ya gobernaron la nación con mano de hierro desde 1962 hasta 2011, para justificar la toma de poder del primero de febrero de 2021, que ha sumido a Myanmar en una profunda crisis política, social y económica e iniciado una nueva espiral de violencia.

Feroz enfrentamiento entre el Ejército y las milicias civiles

El golpe de Estado que derrocó a Suu Kyi generó protestas y revuelo en todo el país, que los militares reprimieron por la fuerza. Desde el inicio del golpe, más de 1.700 personas han muerto y más de 13 mil fueron detenidas en la represión contra los disidentes, según datos publicados por la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.

Suu Kyi ha sido el rostro de las esperanzas democráticas de Myanmar durante más de 30 años, pero su sentencia le impediría participar en las elecciones que la junta dice que celebrará el próximo año. El analista experto en Myanmar, David Mathieson, dijo que la junta utiliza los juicios criminales para hacer que Suu Kyi sea «políticamente irrelevante». Mathieson agregó: «Este es otro débil intento de afianzar el golpe, y tiene motivaciones políticas».

Para el subdirector de la organización Human Rights Watch para Asia, Phil Robertson, «los días de Suu Kyi como una mujer libre han terminado». Robertson denunció que «la junta de Myanmar y las parodias judiciales van de la mano para llevar a Suu Kyi a lo que podría ser el equivalente a una cadena perpetua, dada su avanzada edad».

Muchos otros aliados políticos de Suu Kyi también han sido detenidos desde el golpe, incluyendo un jefe de ministros sentenciado a 75 años de prisión, mientras que otros permanecen ocultos.

A lo largo del país se han formado varias «Fuerzas de Defensa Popular» (FDP), milicias civiles que buscan combatir a la junta. Analistas señalan que el Ejército birmano, fuertemente armado y bien entrenado, se vio sorprendido por la efectividad de las FDP y en algunas áreas luchan para contenerlas.

El tumulto que vive Myanmar desde el golpe ha espantado a los inversionistas extranjeros, quienes llegaron al país al inicio del período democrático, alrededor de 2011. Los gigantes energéticos TotalEnergies y Chevron, así como British American Tobacco y la cervecería japonesa Kirin anunciaron planes de retiro.