Los principales impulsores del pedido de juicio político a la Corte Suprema intentan disimularlo, pero el recule y faltazo de varios gobernadores en la avanzada contra el máximo tribunal dejó un regusto amargo. La desmentida de Gustavo Bordet, el silencio de Alberto Rodríguez Saá, el desplante de Sergio Uñac, la resistencia de los mandatarios que representan a partidos provinciales y no quieren verse envueltos en una disputa nacional en un año electoral: un rejunte de bajas que obligan al oficialismo a repensar la estrategia parlamentaria (arena donde se dará gran parte del debate). Tanto para Casa Rosada como para el núcleo duro de gobernadores más combativos, el objetivo es la exposición de «la mafia judicial», el control de la agenda aprovechando el anfiteatro público y televisado de la Comisión de Juicio Político. Las bajas, sin embargo, mostraron una fisura en el armado de Nación y las provincias contra una Justicia que consideran que responde a las órdenes del PRO. Y el desafío, ahora, es volver a robustecer el reclamo de legitimidad política.
Alberto Fernández les planteó por primera vez a los gobernadores su plan de iniciarle un juicio político a Horacio Rosatti hace dos semanas, en la reunión en Casa Rosada que precedió el comunicado que declaraba «incumplible» el fallo de la Corte incrementando en 180 mil millones de pesos los fondos coparticipables a CABA. La idea del juicio político ya la venían motorizando Jorge Capitanich, Gerardo Zamora y Ricardo Quintela: el grupo de gobernadores que, junto a Axel Kicillof, vienen reclamando medidas más duras contra la Corte. Ya en ese encuentro se analizó la instancia de la remoción de los jueces como la conclusión lógica de una serie de hechos «escandalosos» (que comenzaron con el reestablecimiento de la vieja ley derogada del Consejo de la Magistratura y que finalizó con el fallo de la coparticipación porteña). Pero la filtración de los supuestos chats entre el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y el vocero de Rosatti, Silvio Robles, fue el puntapié que faltaba.
El primer comunicado contra el fallo contó con la firma de 14 gobernadores. El pedido de juicio político contó, sin embargo, con 11. Las ausencias de Uñac (San Juan) y Rodríguez Saá (San Luis) -quienes la semana previa sí habían participado de la reunión- fueron la primera señal de alerta. El gobernador sanjuanino había llegado a oficiar de defensor oficial del federalismo herido cuando la Corte emitió la cautelar que beneficiaba a CABA, sin embargo en esta ocasión no hubo rastros de él. «La salida no es el juicio político», se apresuró a trasmitir a través de sus colaboradores. Su postura fue rápidamente vinculada a su deseo de ir por la reelección. Deseo que está siendo judicializado -ya que, si se cuenta su período como vicegobernador, iría por un tercer mandato- y espera una resolución final en la Corte Suprema. «Uñac nuevamente se dio vuelta como una media. Todo sea por su nueva candidatura», lo fustigó el exgobernador José Luis Gioja.
Rodríguez Saá, mientras tanto, nunca respondió el teléfono. Así lo denunciaron fuentes oficiales de Casa Rosada que todavía muestran confusión respecto de su silencio. Cerca del Presidente consideran que el gobernador puntano -que supo ser uno de los principales impulsores del proyecto de ampliación de la Corte- está de acuerdo con el juicio político y que podrán sumar su adhesión en el futuro. «Alberto siempre está queriendo diferenciarse del resto de los gobernadores y ahora encima que el hermano se volvió cercano de Cristina se enojó con ella», buscó matizar un funcionario nacional.
El tercer gobernador peronista que esquivó la convocatoria fue Bordet (Entre Ríos). Su caso fue el más estrepitoso porque durante varias horas no se supo si acompañaba o no el pedido. El gobernador entrerriano participó del encuentro vía Zoom, durante el cual no dijo una palabra, y su firma terminó apareciendo en el comunicado de Presidencia. A los pocos minutos, voceros de Bordet se encargaron de dejar en claro que él no había acordado eso. En Casa Rosada sostienen que Alberto Fernández habló personalmente con él 10 minutos antes de la reunión y que el gobernador le confirmó su acompañamiento. Cerca del mandatario aseguran que no fue así. Sea como fuera, Bordet terminó dando libertad de acción a sus diputades y todes terminaron respaldando el pedido de juicio político. El gesto no fue menor dado que la presidenta de la Comisión de Juicio Político es la diputada entrerriana Carolina Gaillard.
Omar Perotti, mientras tanto, tampoco acompañó, pero no fue una sorpresa. El gobernador santafesino, si bien integra el Frente de Todos, elige sus peleas con cuidado, y en varias ocasiones ha ido contra decisiones del Ejecutivo nacional (como el caso de retenciones). Peronista de centro, Perotti no tiene interés de ir contra la Corte. No es menor, tampoco, que integren el máximo tribunal dos coterráneos suyos (Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti) y que la Corte haya fallado a favor de la provincia en un juicio por fondos de la coparticipación.
«Es curioso que quieran ser free-riders, pero después quieran los beneficios. Los que no adhirieron deberían tener suspendidas todas sus transferencias y listo», apuntó un gobernador del Norte que sí firmó el pedido de juicio político. Son muchos los mandatarios que están masticando bronca, enojados con «los compañeros que tienen miedo de quedar como golpistas». «Si vos compartís el fallo de la Corte lo que tenés que hacer es compensarlo, que te saquen plata a vos que estás de acuerdo. Pero que a mí no me saquen», cuestionó el gobernador que, como muchos mandatarios, advierte que Nación tendrá que escarbar en sus arcas para «pagarle la campaña a Larreta».
La crítica a los gobernadores que recularon no está dirigida solo a los peronistas, sino también a quienes provienen de partidos provinciales. Este es el caso de Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Arabela Carreras (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta) y Omar Gutiérrez (Neuquén): todes gobernadores que habían cuestionado el fallo de la Corte, pero que, frente al inicio de la campaña electoral, no quieren verse envueltos en un pedido de juicio político a los supremos (que consideran que poco tiene que ver con los intereses de la provincia). Algunes, como Carreras, recibieron llamados telefónicos del Presidente para pedirles el apoyo de sus diputades. Dependerá de cada caso, pero el rionegrino Luis Di Giácomo, ya anticipó, por ejemplo, que no acompañará.
«Es tiempo de una contraofensiva en defensa de la democracia», insistió un gobernador que, como otros del núcleo más combativo, considera que hay que profundizar la disputa con la Justicia. Esto es: reforma del Consejo de la Magistratura por decreto, ampliación de la Corte por decreto, que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias por decreto. «Tenemos que dar el debate con más fuerza, nuestro problema es que consideramos que negociar es ceder todo», apuntó otro mandatario, en un mensaje directo a Balcarce 50.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/514008-juicio-politico-a-la-corte-la-interna-de-los-gobernadores-y-