Informes, estudios y la Soberanía como virus

Duro decirlo, pero además nos están partiendo la Argentina. Las Malvinas y las Islas del Atlántico Sur son hoy, de facto, británicas, porque los permisos de exploración petrolera y de pesca los da Inglaterra. Y el país está partido en dos, además, y para comprobarlo basta observar atentamente un mapa de la Patagonia donde están los dos más grandes aeropuertos (ambos privados y del mismo dueño, el magnate inglés Joe Lewis) cruzando de lado a lado la Provincia de Río Negro: el de Lago Escondido, que mejor debiera llamarse Lago Robado, sobre el límite con Chile, en el Oeste; y el dizque «aeródromo» de Sierra Grande, sobre la costa Atlántica, en el Este, y que no figura en los mapas de la web. Los dos tienen pistas iguales a la del porteño Aeroparque Jorge Newbery, con más modernas instalaciones y prestaciones.

Y en paralelo a esa línea imaginaria ya se está instalando una dizque empresa australiana que el ex-rugbier Agustín Pichot presentó al Presidente Fernández y el ministro Kulfas, quienes, con grandes sonrisas de satisfacción, escucharon complacidos la doble promesa de una inversión de 8.400 millones de dólares y la (posible) creación de unos 50.000 empleos. Con lo que de entrada nomás consiguieron de la gobernadora Arabela Carreras (de la Provincia de Río Negro, por supuesto) nada menos que 625.000 hectáreas de tierras fiscales en concesión o donación, no está claro.

El proyecto de esta supuesta empresa, llamada «Fortescue de Hidrógeno Verde», ya tiene tratamiento parlamentario, con lo que se confirma que aquí sí hay diferencias de clases y que con buenas promesas se consigue todo. Aunque sea a mediano plazo, porque este grupo dizque australiano pero en realidad británico, dice que iniciará la producción en el año 2026. O sea: primero la tierra y dentro de cuatro años, vemos. Y obvio que muy pronto se izará la bandera británica en la Patagonia, ya que Australia es un continente cuya máxima autoridad es la Reina de Inglaterra. Very tipical.

Y acaso sonará dramático, pero todo esto sucede a la par de que un especialista, el Ingeniero Horacio Tettamanti, alertó esta semana que «si no se deroga y de hecho se consuma el Decreto 949/20, la República Argentina se queda sin futuro». Y es que ciertamente hay informes reservados que también llegan a esta columna, según los cuales se estaría preparando una licitación trucha para que el Paraná siga siendo propiedad operativa de las 25 o 30 grandes corporaciones extranjeras que se adueñaron del río, al que le cambiaron el nombre por el insulso y comercial «hidrovía». Esos informes, asombrosamente, aseguran que la base de la licitación irregular sería un informe de la Bolsa de Cereales rosarina.

Y por si fuera poco, también hay quienes sostienen que el fallecido Ministro Meoni, verdadero autor del 949/20, habría entregado importantes sumas de dinero a las Universidades Nacionales del Litoral (UNL) y de Rosario (UNR) a cambio de que la primera emitiese lo que los ingenieros llaman «Específicación de la Licitación» y la segunda el estudio ambiental que validó lo afirmado por la empresa Latinoconsult, consultora de dicha Bolsa de Cereales.

Aunque parezca mentira, ese estudio ambiental ­–que circula, fotocopiado– fue el que aprobó los 40 pies de profundidad para Rosario, lo que es una barbaridad y un peligro, sobre todo porque ese estudio hay quienes aseguran que se hizo sin los elementos técnicos necesarios para dar por probada semejante cuestión, tales como el informe hidrosedimentológico –cuyo objetivo es transmitir conocimientos sobre ingeniería de sedimentos en cuencas hidrográficas, medición de caudal y de descarga sedimental en cursos de agua­– tanto del Paraná como del Río de la Plata, así como las «batimétricas» o estudios topográficos del relieve de superficies cubiertas por el agua, sea del fondo del mar o de lechos de ríos, ciénagas, humedales, lagos, embalses, etc. Es decir, la cartografía de los fondos de los diferentes cuerpos de agua.

Una pregunta que algunos técnicos quisieran formular a las mencionadas universidades, y sin dudas la ciudadanía también, es si el mencionado estudio ambiental fue efectivamente realizado por la UNR. Esta columna lo ignora, pero serios profesionales consultados y que obviamente prefieren el momentáneo anonimato, aseguran que esos estudios no están ni nunca se hicieron.

La cuestión no es baladí, entonces, porque sin estudio de impacto ambiental no hay licitación. Con lo que se iría a pique el 949/20.

La UNL, por su parte, además de redactar las especificaciones técnicas para la futura licitación de la Vía Navegable Troncal (VNT, o sea la línea hídrica Paraná-Río de la Plata-Canal Magdalena) se supone que elaboró también documentación sobre las características actuales y pretendidas de esa vía. Pero otro informante, en este caso santafesino, pone en dudas que eso se haya hecho, toda vez que la UNL «ha sido dirigida históricamente por el ahora diputado nacional de JxC Mario Barletta, quien entre 2018 y 2019 fue embajador en Uruguay, y luego armador de la lista que ganó las últimas elecciones de Senadores, con el candidato de Vicentín».

Por su parte y volviendo a la UNR, se sabe que efectivamente tomó un rol muy importante en todo esto, pero rol que incluiría a una tercera casa: la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) que habría elaborado un «Estudio de factibilidad económico-financiero de las obras de ensanche y profundización del Sistema de Navegación Troncal de Confluencia al Océano», en base al cual la universidad rosarina habría preparado el arriba mencionado estudio ambiental.

Los expertos consultados no descartan que pueda haber exageraciones en la desconfianza, pero lo evidente –coinciden– es «la abundancia de afirmaciones sin respaldo y formuladas al solo efecto de blanquear la entrega», lo que podría indicar un alto grado de cuestionamientos si se probara que las universidades públicas hubiesen sido coludidas.

Como sea, la posible impugnación de los mencionados aspectos parece importante y urgente, y en tal caso autorizaría a dudar de los respaldos con los que se pretendería justificar la privatización de hecho del Paraná. Ha de ser por eso que el Ingeniero Tettamanti sostiene que «incluso sectores históricamente vinculados a estos intereses están empezando a darse cuenta de que esta política de entrega total de la soberanía nos llevará a un desastre». E ironiza: «Sobran funcionarios deslumbrados por viajar gratis al exterior con todo pago, tanto como faltan patriotas».

Precisamente y aunque en contrario, claro está, lo bueno parece ser que a la vez pareciera que el saludable virus de la Soberanía Nacional –por así decirlo– está metiéndose hasta en los sectores históricamente más reacios, como el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) que esta semana pareció despertar de un largo silencio, que muchos juzgaban «cómplice», con una nutrida marcha a Plaza de Mayo, en reclamo, también, de posiciones soberanistas.

Al cierre de esta nota también era noticia que comenzarán nomás las obras para habilitar el Canal Magdalena. El ministro Alexis Guerrera confirmó públicamente que la megaobra empezará de inmediato. Enhorabuena, pero habrá que verlo.