«Actuaciones negligentes», «resoluciones arbitrarias», «irregularidades» en la pesquisa, parálisis investigativa» y hasta «mala fe», son algunas de las razones que señala la querella de Cristina Fernández de Kirchner en la recusación que presentó para apartar a la jueza María Eugenica Capuchetti del expediente sobre su intento de asesinato. Son factores que, dicen los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, «nos han convencido de una manifiesta parcialidad» de la magistrada respecto de la vicepresidenta. La presentación de 37 páginas puntualiza una cadena de anomalías que a los letrados ya no les parecen erráticas o casuales.
Algunas son conocidas, como la pérdida de información del celular de Fernando Sabag Montiel –el hombre que intentó gatillar–, la demora en las escuchas y detención de Brenda Uliarte y la falta de análisis sobre qué hizo en ambos casos la Policía Federal. Tampoco avanzó en las conexiones políticas y el financiamiento. Pero el escrito introduce datos sorprendentes. Por ejemplo, que la jueza le dijo a la querella que Gerardo Milman no aparecía en los videos del bar donde un testigo lo escuchó decir «cuando la maten voy a estar camino a la costa», cosa que no era cierta y los abogados cotejaron en pocos minutos (las imágenes fueron muy difundidas y son nítidas).
El documento también relata que Capuchetti no quería secuestrar el celular del dirigente de derecha Hernán Carrol pese a que no ponía reparos ante el pedido de la querella. Como usa dos, ella dijo que se quedara con uno. Era el de su actividad política. Un informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) al que accedió Página/12 revela que el contenido de mensajes y redes del aparato que aportó había sido borrado el 24 de octubre, un día antes de su tardía testimonial. La jueza tampoco investigó pistas sobre un posible vínculo Milman-Carrol, ni sobre el hallazgo en la casa de Uliarte de un texto sobre la «regla de Tueller», un protocolo de Estados Unidos que fija la distancia mínima para defenderse con un arma de fuego que trajeron Patricia Bullrich y Milman.
La recusación será evaluada por la Sala I de la Cámara Federal: los trasladados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y el arquero de la Liverpool, Mariano LLorens.
Mal comienzo
* El celular de Fernando Sabag Montiel: «La investigación no pudo empezar peor», dice el escrito al recordar que, además del arma con la que intentó disparar, el agresor tenía algo muy valioso para la causa que era su celular. El aparato llegó al juzgado en un sobre cerrado pero «el viernes 2 de septiembre la magistrada rompió la cadena de custodia». Fue peritado primero allí por la Policía Federal, pero luego fue enviado a la PSA, donde llegó en un sobre abierto y «reseteado a cero». «Nunca se supo qué fue exactamente lo que pasó», «ni cómo ni donde se perdió la información» y «el juzgado no hizo nada por aclararlo», señala la recusación.
* La detención y escuchas tardías de Brenda Uliarte: se supo rápido que Uliarte estaba implicada y en la escena del intento de magnicidio. La jueza ordenó hacerle escuchas directas, pero la Policía Federal tardó más de tres horas en llegar al locutorio para concretarlas. El juzgado, dice la querella, no siguió la medida que había pedido y que era crucial. Además, «la jueza esperó para materializar» la detención de Uliarte, quien «logró de algún modo escapar de su casa» aunque se supone que tenía una custodia de la PFA. Un aviso de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo) y el secretario del juzgado que hizo parar un tren en la estación Palermo permitieron la detención. La querella advierte que no se investigó a la fuerza en toda su actuación sino que se pone foco únicamente en la custodia de CFK. «Nunca movió un dedo para que se investigue su más que sospechosa conducta», dice.
* ¿Qué pasó con las medidas pedidas por la querella? Ante la mayoría de las pedidos, la jueza no hizo nada: contestó «téngase presente» o no contestó. De 43 solo accedió a ocho. Al comienzo, no se habían hecho medidas básicas como los allanamientos y secuestro de dispositivos de las personas que hablaban por whatsapp con los detenidos o compartían grupos. Había mensajes muy llamativos ignorados por el juzgado, como el intercambio de Gabriel Carrizo –el dueño del negocio de los copos de azúcar a quien tardó 15 días en detener– con un hermanastro, Jonathan Posadas, a quien le decía: «Estamos pensando en matar al jefe de la Cámpora esta vez»; o los comentarios en un grupo de los «copitos» de una mujer llamada Joana Colman que decía que Sabag había actuado «por plata» y que «en cuatro años» podía salir en libertad. Los abogados dicen que Capuchetti buscó limitar la pesquisa a Sabag, Uliarte y Carrizo.
Pista política y financiera
* Vinculo con «Nueva Centro Derecha»: el 29 de septiembre se incorporó a la causa una nota manuscrita de Sabag Montiel donde pedía que un tal Hernán Carrol se hiciera cargo de ponerle y pagarle una defensa privada en reemplazo de su defensor oficial. Resultó que Carrol integraba la agrupación «Nueva Centro Derecha» ligada a dirigentes como Patricia Bullrich y Javier Milei, según sus publicaciones. También fue candidato a concejal en La Matanza con una lista de José Luis Espert. Carrol había dado una charla en un vivo de Instagram con Brenda Uliarte días antes del atentado, el 18 de agosto, y luego la invitó junto con Sabag Montiel al cumpleaños de su amigo Martín Almeida, del mismo grupo político. Carrol tenía mensajes con Uliarte, hasta le ofreció abogado (según aparecía en el ceular de ella). La querella pidió el allanamiento y secuestro de sus teléfonos, pero la juegas no hizo nada.
«Se trataba de personas con un grado importante de coordinación política y contactos. Pero para nuestra perplejidad, cuando las pruebas empezaban a dar resultados, la magistrada decidió frenar esta línea», dice la recusación. Ella, agrega, filtró la información sobre Carrol para abortar todo éxito. Luego lo denunció para desligarse. A Carrol y Almeida los citó 20 días después como testigos. No quería secuestrar los celulares. El propio Carrol ofrecía el suyo. Con la insistencia de la querella, Capuchetti lo secuestró «pero lo dejó irse con otro para ‘no interferir con su trabajo’ y porque el segundo teléfono ‘era el que usaba para la política'», dice la presentación. La jueza se quedó con la versión de ambos, que dijeron haber visto a Uliarte una vez en su vida, y no investigó la presencia de ella en una marcha de «Nuevo Centro Derecha» que reveló El Cohete a la Luna. Desde el 3 de noviembre tiene el informe de la PSA que muestra un celular casi vacío, y no tuvo reacción alguna.
* El papel del diputado del PRO Gerardo Milman: El 23 de septiembre declaró el testigo Jorge Abello, asesor del diputado Marcos Cleri (Frente de Todos), quien dijo que escuchó a Milman en la confitería Casablanca decir, dos días antes del ataque a CFK, «cuando la maten voy a estar camino a la costa» frente a dos mujeres. La querella pidió medidas. La jueza solo requirió las cámaras. La recusación cuenta que informalmente les dijo a Ubeira y Aldazabal que Milman no aparecía en las imágenes. Ellos mismos se pusieron a ver los videos y poco tardaron en encontrarlo. Se comprobaba en el día y hora señalados por Abello la presencia del diputado y de las colaboradoras, pero Capuchetti seguía sin profundizar, por ejemplo, si había viajado a la costa. Para peor, lo denunció por falso testimonio a pedido de Milman sin el más mínimo chequeo. La querella dice, con obvia ironía, que la escena pudo haber sido algo así: «Hola vengo a denunciar a Jorgito». «¿Y por qué hechos?» «No sé, yo lo vengo a denunciar». «Perfecto ¡A sorteo!».
Recién el 26 de octubre, después que identificó a las mujeres la PSA en las imágenes, Capuchetti las llamó a declarar. Una de ellas, la exmiss argentina Carolina Gómez Mónaco, había sido directora de la escuela de inteligencia del ministerio de Seguridad de Bullrich, a quien Milman secundaba. Tanto ella como Ivana Bohdziewicz intentaron negar su presencia en el lugar y se contradijeron entre ellas. Lo «recordaron» al ver las imágenes. La segunda dijo que se reunió por un viaje a Pinamar. La jueza no les secuestró los teléfonos, pese a la insistencia de la querella, ni pidió un careo. Tampoco indagó en los extraños proyectos presentados por Milman: uno que anunciaba una suerte de autoatentado de CFK días antes del intento de homicidio y otro que pedía información sobre la custodia de la vicepresidenta y que la redujeran. Fue el mismo día del atentado. Respecto de Gómez Mónaco, tampoco se investigó una sociedad (Top Studio Obelisco, de danza y fitness) junto con Alejandra Mroue, panelista del programa de Crónica TV donde apareció Brenda Uliarte por primera vez.
* La Regla de Tueller: en el allanamiento en la casa de Uiarte, se encontró una nota manuscrita que hablaba de la «regla de Tueller», una doctrina estadounidense que establece que 6,4 metros es la distancia mínima que necesita una persona para tener posibilidades de defenderse en forma efectiva con un arma de fuego y que era promovida por la exministra Bullrich cuando Milman era su viceministro. «¿A la jueza le parece normal que alguien del perfil de Uliarte tuviera una referencia a una técnica tan específica y novedosa?», se preguntan los abogados de CFK. «Esta querella no conoce ni una sola persona que conozca esta regla: ni abogados, ni penalistas, ni especialistas en criminalística ni policías», dicen. Pero no hubo medidas sobre esto.
* La relación de Carrol y Milman: la querella pidió sin suerte rastrear un vínculo entre Carrol y Milman, más allá de las presencias en los actos de Nuevo Centro Derecha. «Carrol habría realizado varios viajes al exterior con el jefe de gabinete de la Dirección de Inteligencia Criminal a cargo de Milman el Ministerio de Seguridad durante el macrismo, Fernando Angel Villares. Esta circunstancia no parece ser concordante con el relato de Carrol quien se presentó como una persona casi sin recursos económicos». Ni siquiera se libró un oficio a la dirección de Migraciones.
* El financiamiento: la recusación advierte «la nula investigación de todo aquello relacionado con el financiamiento a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo» pese a que al menos «cuatro testigos diferentes han señalado la probabilidad de que el intento de magnicidio» a CFK «haya estado financiado». A eso hay que sumar mensajes hallados en grupos de whatsapp. Además, dice la querella, «cada vez hay más vínculos entre Revolución Federal y Uliarte», quien «parece haber estado como mínimo en dos marchas de esta agrupación». Tiene en cuenta que la mecánica utilizada por Sabag y Uliarte era la misma que proponía Jonathan Morel, fundador de Revolución Federal, en Twitter. Pero Capuchetti insiste en que la organización de ultraderecha, que recibió unos 13 millones de pesos de Caputo Hermanos, debe ser investigada en forma separada.
La jueza
«Esta querella tiene el evidente problema de creer en la buena fe de las personas. Pero, ante la catarata de irregularidades en nuestra contra, hemos ahondado en el perfil de la magistrada», dice el texto, para explicar por qué subrayan que Capuchetti visitó al menos seis veces la Agencia Federal de Inteligencia en tiempos en que la comandaba Gustavo Arribas, procesado por espiar a CFK y al Instituto Patria. Fue nombrada jueza con posterioridad. Como parte de su modo de actuar en la causa remarca que no reclamó refuerzos a la Corte, solo acepta testimoniales de las defensas, casi no hace preguntas ni cuestiona los evidentes falsos testimonios. «Así –cierra– es imposible seguir. Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso/a y que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la justicia, y no con no molestara quienes no hay que molestar».
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/497772-hubo-negligencias-e-irregularidades-desde-el-primer-dia