Horacio Rodríguez Larreta: campaña presidencial y silencio en la ciudad

En los últimos meses, la sociedad porteña asiste al despliegue de un accionar político propagandístico, mediante el cual, en la medida que crece la campaña presidencial del jefe de gobierno de CABA, con sus ya constitutivas peleas internistas, se vacía de toda información sobre el acontecer de la vida cotidiana del pueblo de la ciudad, incluyendo el silenciamiento de eventos trascendentes. Según los grandes medios de comunicación asociados a Larreta en términos políticos y de negocios, en nuestra ciudad no pasa nada. No existe ningún hecho o suceso que merezca ser informado, mucho menos críticamente. El ejemplo más grave y flagrante de esa conducta inmoral, es la exclusión de la agenda mediática de la causa por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se oculta ese hecho aplicando un relativismo comunicacional que incluye la impúdica conducta de la jueza Capuchetti, quien ejerce su poder no para impartir justicia sino para instituir impunidad a favor de los verdaderos inspiradores ideológicos y políticos, y de los financistas que posibilitaron la materialización del atentado. Si existe una actitud clara y determinante de negación de la verdad es el silencio frente al grito de la verdad. El intento de magnicidio a Cristina es el acontecimiento más grave desde la recuperación democrática y se debe inscribir entre los de mayor trascendencia de nuestra historia, evento potenciado por la actitud oprobiosa del Poder Judicial, amalgamado con los “editorialistas notables” y los políticos de Juntos por el Cambio, a quienes ya no les quedan reservas ideológicas democráticas y menos aún coraje cívico para colocarse del lado de la justicia verdadera y la defensa de la vida.

Los pliegues de este oscuro poder que ha crecido al amparo de una inmunidad autogenerada tienen una debilidad intrínseca. Su kriptonita es la luz pública que alumbra y exhibe ante el pueblo sus contubernios, conspiraciones y prevaricatos. En realidad estos señores no inventan nada, son el instrumento de una estrategia internacional que aplican también en nuestro país. Cristina fue portadora del rayo de luz, al denunciar la esencia mafiosa y la constitución de un poder paralelo que destruye la vida democrática. El consecuente juicio a los supremos en el Parlamento será el escenario en el que los representantes del pueblo desnudarán ante la opinión pública la connivencia y latrocinios de jueces, políticos y medios hegemónicos.

Así las cosas, el jefe de gobierno porteño en pleno plan de campaña se presenta muy serio y compungido como adalid de la democracia, impugnando las causales por las que en el Congreso de la Nación se están tratando 14 pedidos de juicio político contra los cortesanos. Rodríguez Larreta acusa al gobierno nacional, desde el clásico mantra de “ataque a la justicia”, afirmando que los diputados atentan contra la Constitución Nacional. Para Larreta, la Constitución es un artículo que se compra y vende en el mercado y se usa según convenga. Es indubitable que el juicio político es el instrumento fijado por la Constitución Nacional. Los dichos de Larreta siguen siendo falsos a pesar de que los editorialistas asociados a su proyecto lo presentan como si fuera la voz de los fundadores del derecho grecorromano.

La realidad es que está obligado a defender a los supremos ya que ellos forman parte de su dispositivo de poder. Siguiendo el libreto de práctica argumenta que el juicio a la Corte que promueve el Ejecutivo es por “el contenido de sus sentencias”, cuando la acusación del Gobierno es específica por el mal desempeño en el que incurrieron los supremos, justamente por sus sentencias contrarias al derecho, por su intromisión en la atribuciones de los otros dos poderes de la República, todo lo cual se agravó al conocerse los chats en los que Silvio Robles (operador del presidente de la Corte) y el ministro de Seguridad porteño Marcelo D’ Alessandro acordaban y escribían el contenido de tales sentencias. El resto de los pedidos de juicio político están relacionados con el célebre y oprobioso 2×1 para favorecer a los criminales de lesa humanidad, la paralización de la comisión de interpoderes (fundamental para que avancen los juicios a los represores). Sus señorías también son acusados de corrupciones para enriquecerse, que suelen denominarse “conflictos de intereses”, ya que han favorecido con sus fallos a sus clientes cuando fungían en sus bufetes de abogados. En este punto también se los impugna por anomalías en la administración de la obra social del Poder Judicial.

Si Larreta se pronuncia contra el “desprecio a la democracia” no debe eludir las constantes recusaciones que hace el Gobierno de la Ciudad contra los jueces que dictan sentencias a favor de los derechos de la ciudadanía porteña, frenando decisiones arbitrarias que desconocen la opinión ciudadana que surge de las audiencias públicas. Ejemplo de ello son el proyecto de megatorres en la costanera porteña, la exigencia de comida sana y suficiente en las viandas escolares o la orden de la Justicia porteña para que no queden fuera del sistema educativo público de 25 a 55 mil niños y niñas por año. El jefe de gobierno ahora candidato presidencial agita una bandera democrática de cotillón ya que guarda silencio sobre los 850 mil pobres de nuestra ciudad, a la sazón la más rica del país.

También oculta su responsabilidad en la promoción de la especulación inmobiliaria como política troncal, a partir de la cual se agravó el problema habitacional y ecológico, de una urbe invadida por edificios, cemento, menos cielo y verde y mucho más ruido.

Eso sí, el fallo de la Corte a favor del PRO porteño por los fondos coparticipables, que en nada beneficiaron al pueblo de la CABA, recibió el apoyo unánime de las organizaciones que nuclean a grandes empresas y de la AMCHAM (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina), las mismas que ahora se pronuncian para defender enfáticamente a la Corte Suprema. Se nota que entre esos tipos y Larreta no solo hay algo personal, hay también una notoria alianza política y económica.

* Juan Carlos Junio es secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación «Floreal Gorini”.