"Hay que frenar esta extorsión"

Apremiado por el fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad de la ley vigente, el Senado dio comienzo al tratamiento de la reforma del Consejo de la Magistratura. En su primer gran desafío parlamentario desde la aprobación del acuerdo con el FMI, que expuso la crisis interna que atraviesa el Frente de Todos, el oficialismo encabezó un plenario de comisiones con el objetivo de aprobar el proyecto presentado por el Ejecutivo (el cual eleva de 13 a 17 les integrantes del Consejo y rechaza la injerencia de la Corte Suprema). El encargado de defender la iniciativa fue el ministro de Justicia, Martín Soria, quien expuso con dureza contra la «extorsión» de la Corte de obligar al Congreso a sancionar una nueva ley «bajo presión». «Nuestro objetivo es evitar esta amenaza, esta bomba en la mochila que tenemos para las próximas semanas. El  15 de abril puede ocurrir una tragedia institucional para la Argentina, como lo sería la parálisis del Consejo de la Magistratura», advirtió Soria, que también acusó a la Corte de querer «meterse por la ventana» para presidir el Consejo. El oficialismo buscará, este miércoles, emitir dictamen para poder tratar el proyecto en el recinto la semana que viene. 

«El fallo de la Corte Suprema es una extorsión sin precedentes en la historia democrática de nuestro país. Pone en jaque la división de poderes. El fallo de la Corte  no es una sentencia jurídica, es un verdadero acto político. Pero lo que es peor: es un acto político extorsivo», arrancó, picante, el ministro Martín Soria durante el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, que contó también con la presencia del presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones. «La Corte estableció un plazo prácticamente incumplible. Faltan menos de cuatro semanas para que se paralice el Consejo. La Corte nos extorsiona», continuó Soria. El ministro de Justicia apuntó con severidad contra el fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad de la ley sancionada en el 2006, señalando que ya habían pasado 16 años desde su sanción y que bajo la misma se habían designado «a casi el 70 por ciento de los funcionarios judiciales actuales». 

«Lo que es más grave es que al declarar la inconstitucionalidad volvieron operativa una ley que fue derogada por el poder del Estado que está habilitado para ejercer esa función, que es el Congreso de la Nación. El mismo Congreso debería rechazar de pleno esta intromisión de la Corte», agregó Soria, quien si bien llamó a les senadores a «no avalar» la decisión de la Corte porque sentaría «un grave precedente futuro», terminó pidiendo que acompañaran el proyecto presentado por el Ejecutivo. La iniciativa del oficialismo, además de incrementar a 17 el número de integrantes y de establecer la paridad de género (hoy, de 13 consejeres, solo 4 son mujeres), rechaza la presencia de los magistrados de la Corte en el Consejo. Este, precisamente, es uno de los principales puntos de conflicto con el proyecto presentado por Juntos Por el Cambio y con las mismas aspiraciones de los cortesanos. En la iniciativa que presentó el lunes, JxC reclama que el presidente de la Corte sea también el presidente del Consejo, una designación que Soria calificó que sería «inconstitucional, ineficiente y antidemocrática». 

«Este no es el camino, va a ser muy difícil que podamos ponernos de acuerdo en no poner la cabeza a la Corte Suprema, que tiene las más amplias facultades», anticipó un futuro rechazo la senadora radical, Mariana Juri, luego de acusar al oficialismo de que su internismo hubiera imposibilitado comenzar el debate durante las sesiones extraordinarias. «Si hay un tema en el que no hay ninguna grieta en el peronismo es respecto al pésimo manejo de la Justicia. ¿Sabe por qué? Por que lo padecimos durante cuatro años», le respondió Soria. 

En el Fdt, sin embargo, sí hay diferencias internas respecto al proyecto, ya que algunes senadores más k sostienen que la Corte se excedió en sus facultades y que se debería defender la ley vigente. Este es el caso de, por ejemplo, Oscar Parrilli, que conduce la comisión de Justicia y votó en contra del acuerdo con el FMI. El objetivo del oficialismo, sin embargo, es acelerar los tiempos y emitir dictamen este mismo miércoles. «La idea del bloque es acompañar, a pesar de las críticas», aseguraron desde el entorno de les senadores kirchneristas. Con 10 senadores de 19 en la comisión de Asuntos Constitucionales, y 9 de 17 en la de Justicia, el FdT cuenta con los números para conseguir dictamen de mayoría y girar el proyecto al recinto la semana que viene. Ahí habrá que ver qué hacen aliados como Alberto Weretilneck, que presentó su propio proyecto y es enemigo provincial de Soria, aunque en el FdT confían tener los votos. Más complicado es el escenario en Diputados, en donde Sergio Massa deberá lograr nuevos acuerdos para poder convertirlo en ley.