Durante el gobierno de Cambiemos, hubo un plan sistemático de espionaje que hizo foco en los sindicatos, particularmente en la provincia de Buenos Aires. El entonces presidente Mauricio Macri y la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal tuvieron responsabilidad en esa vigilancia masiva al igual que las autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Ésa es la tónica del dictamen que el Frente de Todos (FdT) se apresta a aprobar este martes en la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI), que preside Leopoldo Moreau y que estuvo abocada durante casi todo el último año a investigar cómo funcionó la inteligencia en la provincia de Buenos Aires después de que se conociera un video en el que espías, funcionarios y empresarios coordinaban cómo meter en la cárcel al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. La oposición intentará que el escándalo no salpique a los escalones más altos del macrismo y que todo quede ceñido a los agentes que se ocuparon de las tareas de espionaje.
El plenario que comenzará a las 14 no promete ser tranquilo. El FdT –que tiene ocho diputados y senadores– buscará aprobar el segundo dictamen sobre el espionaje en el macrismo. Ésta vez no hará un panorama general, sino que estará centrado en lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio –con seis diputados y senadores– procurará que el tema no escale hacia Macri y Vidal. Es probable que parte de la polémica incluso pase por Gerardo Milman, el diputado que integra la CBI por el PRO y que, además, está en el centro de las miradas por su posible conocimiento del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.
El 27 de diciembre pasado, la interventora de la AFI Cristina Caamaño denunció el hallazgo de la grabación de una reunión en el Banco Provincia donde se concertaba cómo armarle causas a Medina. El encuentro había tenido lugar el 15 de junio de 2017. En el video se escuchaba a Marcelo Villegas como la voz cantante de la reunión. Villegas, entonces ministro de Trabajo de Vidal, estaba tan eufórico que se entusiasmó con la conformación de una “Gestapo” para terminar con los sindicatos.
Al día siguiente de la denuncia, la CBI se reunió y acordó que una subcomisión se abocaría a investigar la llamada «Gestapo”. El tema quedó a cargo de Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, por el FdT, y del radical Miguel Bazze, por Juntos por el Cambio. Las tareas involucraron desde visitas a la sede porteña del Bapro para entender cómo se instalaron las cámaras y micrófonos hasta la citación de más de 20 personas. Entre ellos, estuvieron los jerarcas de la AFI macrista Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, así como los tres funcionarios del organismo que habían estado en la reunión: el exjefe de gabinete Darío Biorci, el exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián de Stefano y el exdirector operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra.
La estrategia general fue el silencio porque era un tema que se estaba ventilando en la Justicia. Sin embargo, Dalmau Pereyra se presentó y ratificó lo que había dicho en la causa que instruía el juez federal Ernesto Kreplak: que él había participado en la instalación de cámaras y micrófonos obedeciendo a una orden de Arribas. La CBI también citó a exagentes que confirmaron que espiaron al Pata Medina. Tal fue el caso de Leandro Araque, uno de los célebres integrantes del grupo “Súper Mario Bros”, cuyo núcleo original estaba compuesto por policías de la Ciudad que pasaron en comisión a la AFI en los primeros días de la administración Cambiemos.
Hubo otros espías que también se presentaron y contaron que estuvieron haciendo tareas de inteligencia sin orden judicial en el Hospital Alejandro Posadas. Jorge “Turco” Sáez habló de la vigilancia en el policlínico. Lo mismo que Mercedes Funes Silva, otra exintegrante de los Súper Mario Bros. Hubo otros que relataron que fueron a espiar a Luis Carzoglio, el juez de Avellaneda que terminó suspendido por no avanzar con la detención de Hugo y Pablo Moyano, como le fueron a sugerir De Stefano y el entonces director de Análisis de la AFI Fernando Di Pasquale.
Las claves del dictamen
Por lo que pudo reconstruir Página/12, el dictamen mayoritario de la CBI sostendrá que:
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Vidal decidió dónde desembarcaría la AFI en territorio bonaerense. Quienes involucraron a la exgobernadora en la saturación de espías en la provincia fueron Arribas y Majdalani, en una declaración que brindaron en la Bicameral en 2019. Históricamente, la SIDE tuvo tres bases en la provincia: en Mar del Plata, La Plata y Bahía Blanca. Entre 2016 y 2017, las delegaciones de la AFI se triplicaron en lo que se conoció como el «Proyecto AMBA». Se instalaron seis nuevas bases en Ezeiza, Quilmes, Pilar, San Martín, Haedo-Morón y La Matanza.
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Macri y Vidal estaban interesados en el espionaje al Pata Medina. Macri, de hecho, participó en una reunión que se hizo el 4 de junio de 2017 en la Casa Rosada. Al encuentro acudieron Villegas y Arribas. Después de ese día comenzó el espionaje sobre el líder de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).
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En el encuentro en el Banco Provincia había funcionarios provinciales y tres pesos pesados de la AFI. Villegas dijo que había una coordinación a nivel de gobierno local, provincial y nacional.
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Hubo una persecución penal sobre algunos sindicatos. Medina terminó preso en septiembre de 2017. La AFI también estaba interesada en lograr la detención de los Moyano. Para eso fueron a ver a dos jueces, Carzoglio y Gabriel Vitale. Los dos lo declararon en la CBI. En simultáneo, se cableó una alcaidía provincial. La intención, según los espías, era tener todo preparado para alojar a los dirigentes de Camioneros. Cuando declaró en 2020, Sáez contó que Alan Ruiz era quien vociferaba ese objetivo. Ruiz era un hombre de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad que pasó a mediados de 2018 a la AFI y se hizo cargo de un área de Operaciones Especiales.
La coartada judicial
La CBI tomó más de 20 declaraciones y requirió informes a los tribunales. La causa de la “Gestapo” avanzó de la mano del juez Kreplak, pero días atrás la Cámara de Casación ordenó su pase a los tribunales de Comodoro Py. Allí, quedará en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que está a cargo de la trama que rodea a los Súper Mario Bros. Dentro de ese expediente, Martínez de Giorgi escuchó como testigo a Carzoglio, quien volvió a relatar que sufrió presiones de la AFI para mandar a detener a los Moyano. El caso del Posadas está actualmente en el juzgado de María Eugenia Capuchetti después de una larga contienda con Martínez de Giorgi para dirimir quién tendría que investigar el tema.
La mejor defensa de Juntos por el Cambio probablemente vendrá de los tribunales y particularmente de la Cámara Federal porteña, que ya el año pasado dijo que no hubo un plan sistemático de espionaje durante el macrismo. Por el contrario, los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi convalidaron la versión del macrismo que indicaba que los espías actuaban por su propia cuenta –eran “cuentapropistas”–. Ese mismo tribunal también revocó todos los procesamientos que habían dictado los jueces Alejo Ramos Padilla y Martín Bava en la causa del “Proyecto AMBA” y sobreseyeron a Macri en la investigación sobre la vigilancia sobre las familias del ARA San Juan.
El problema que tiene en este caso la teoría del cuentapropismo es que el video de la “Gestapo” muestra en acción a tres de los hombres más influyentes de la AFI macrista y uno de ellos incluso declaró que la orden provenía de Arribas, el amigo más “acostumbrado a las trampas” de Macri.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/502574-gestapo-antisindical-vigilancia-y-causas-armadas-por-orden-d