Exigen cambios en la obra social del Poder Judicial por su absoluto estado de abandono | A casi un mes de la auditoría

Sin inventarios completos ni presupuestos ni controles. Casi como un negocio personal y bastante informal, así funcionó durante, al menos, trece años la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), según una auditoría que ordenó la propia Corte Suprema en octubre del año pasado. Mientras el informe de 218 páginas significa un nuevo dolor de cabeza para el cortesano Juan Carlos Maqueda –que tuvo bajo su órbita la obra social desde 2008 y que incluso recibió denuncias penales por los desmanejos a través de su médico de cabecera y parte de su familia–, el gremio que lidera Julio Piumato pidió en los últimos días que se modifique el directorio de la OSPJN y se permita la participación de una representante gremial.

El 4 de agosto pasado, los seis auditores designados por la Corte Suprema –dos abogados, dos médicos y dos contadores– entregaron el informe final sobre su trabajo que se centró en analizar qué pasó en la OSPJN entre abril de 2008 y septiembre de 2021. Después de esa auditoría, los cuatro supremos le ordenaron al directorio hacer lo que no se había hecho nunca en estos últimos trece años: elaborar un presupuesto anual, tener un sistema formal de contabilidad, una auditoría independiente, que se licite un software de gestión, que se apruebe un organigrama ágil y transparente y que se aplique un reglamento para las contrataciones. Tarde pero seguro podría ser el lema de los supremos.

Lo que encontraron los auditores es todo lo contrario a lo debía suceder en un organismo con autonomía de gestión pero sometido a controles por parte del máximo tribunal de Justicia de la Nación. El relevamiento se ordenó después de que en octubre pasado la administración general de la Corte hiciera un informe que describía con preocupación cómo estaba funcionando la entidad.

Si bien la auditoría publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ) no contiene una conclusión general, los elementos que describen son parte de un panorama cuanto menos regido por la irregularidad:

• El presidente del directorio, Aldo Tonon, delegó su firma en distintas áreas;

• Durante toda la etapa analizada nunca se designó a los subdirectores médicos y administrativos;

• Toda la documentación que genera la OSPJN se encuentra en formato papel. No se informó ningún proceso de digitalización. De hecho, comentan que si algo llega por correo electrónico, es impreso e incorporado a una carpeta. Es un proceso contrario a la modernización del Estado;

• En todos esos años jamás tuvo un presupuesto pese a que los estatutos decían que debía ser elevado anualmente para control de la Corte Suprema;

• No cuenta con un sistema formal de contabilidad ni un esquema manual y mucho menos un software de gestión;

• Los balances fueron hechos por profesionales externos a la OSPJN que eran elegidos por las propias autoridades a las que debían controlar;

• No existían controles internos porque nunca se designaron los auditores que debían llevarlos a cabo;

• Las licitaciones no se ajustaban al régimen legal vigente y se elaboraban a partir de un único presupuesto. Tampoco se controlaba la habilidad de contratar de los oferentes ni las órdenes de compras incluían los ítems que tendrían que ser provistos;

• No se entiende cómo se entregan los medicamentos desde la farmacia social. “La falta de un sistema informático impide realizar controles que podrían auxiliar a la gestión tales como la cantidad dispensada de medicamentos en comparación con las autorizada”, remarcaron los auditores;

• Hay saldos impagos desde 2008 y es difícil entender cómo se actualizan las deudas;

• En la obra social, hay 78 personas trabajando bajo contrato de locación. Algunas de ellas ocupan áreas claves como la jefatura de sistemas, es decir, son personas que deben tomar decisiones sobre el futuro de la OSPJN. Al ser contratados/as no se verifican las incompatibilidades para desempeñarse en ese cargo –por ejemplo, no se averigua si trabajan para una determinada compañía de medicina– ni se hacen concursos. Únicamente se comprueba que no tengan antecedentes penales;

• La OSPJN –que tiene casi 100.000 afiliados y adherentes– enfrenta un sinfín de denuncias, particularmente en el fuero civil y comercial por las prestaciones que da o no da a sus afiliados/as. “La mayoría de las causas iniciadas terminan en forma desfavorable para la entidad”, señalaron los auditores.

Reclamos gremiales

Después de que la Corte publicara la auditoría, la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) –que lidera Julio Piumato– le remitió una nota reclamando cambios al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, que funciona como un aliado clave de Maqueda en el cuarto piso del Palacio de Justicia. “La auditoría económica, financiera, de legalidad y de gestión realizada por la Comisión creada a tal efecto da cuenta del absoluto estado de abandono y desidia en que se halla nuestra obra social”, dice la presentación a la que accedió Página/12.

El gremio apuntó, en la nota, sus cañones contra Tonón, el médico personal de Maqueda que ha estado desde 2008 de la OSPJN. “Tonon otorgaba determinadas prestaciones a un selecto núcleo de amigos privilegiados”, denunció la UEJN y reclamó que se incorpore en el directorio a una representante de los/as trabajadores. “Nuestra obra social es la única del país en cuya conducción no están representados los/as trabajadores/as a través de su organización gremial”, señalaron desde ese gremio. Desde el sindicato vieron con buenos ojos que se incorporara al directorio de la OSPJN el médico Mariano Althabe aunque llevan un tiempo reclamando que se separe definitivamente a Tonón.

La ayudita de Stornelli

Más allá de las discusiones administrativas, la situación en la OSPJN –que salpica tanto a Maqueda como a Tonón– hace tiempo que tiene su correlato en la justicia penal-. En la causa judicial ya declaró Guadalupe Burgos, sobrina de Maqueda, que admitió, por ejemplo, que en 17 años de ser jerárquica de administración nunca fue designada, que no tuvo cargo alguno. Dijo, además, que no es contadora ni tiene profesión y que firmaba cheques por más de mil millones de pesos mensuales, lo que ya había dado un buen antecedente para entender las irregularidades que ahora encontraron los auditores.

En la denuncia que tenía a su cargo, el fiscal Carlos Stornelli dijo que los desmanejos que se habían denunciado eran “conjeturas sin sustento” –que ahora parecen tener sustento en los resultados de la auditoría ordenada por la propia Corte– y le pidió al juez Ariel Lijo archivar la investigación. Según publicaron en este diario los periodistas Raúl Kollmann e Irina Hauser, el arrojo de Stornelli estaría motivado en un interés por conseguir que Maqueda vote a su favor cuando tenga que resolver su situación en la causa por espionaje que orbita alrededor de su compinche Marcelo Sebastián D’Alessio.

Pese a todas las ayudas conseguidas en la Cámara Federal de Mar del Plata, Stornelli aún está procesado por haber intentado armarle una «cama» a la expareja de su actual esposa y por haber intentado hacerle una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira, que intervenía en causas en las que el fiscal estaba especialmente interesado.