Con sus cascos y carretillas, cientos de trabajadores del Frente de Organizaciones en Lucha y otros movimientos sociales marcharon por el centro porteño para reclamar la continuidad de las obras que llevan agua potable, luz, cloacas y veredas a los barrios populares. Manifestaron primero frente al edificio de Desarrollo Social para luego trasladarse hasta la puerta del Ministerio de Economía.
«Exigimos la continuidad de los puestos de trabajo de nuestros compañeros. Trabajan de lunes a viernes, ocho horas diarias, y están cobrando por arriba de un plan de empleo. Son puestos de trabajo con un salario digno; por eso reclamamos la continuidad de todas las obras», señaló Marianella Navarro, del FOL.
La referente aseguró que, por demoras del Ministerio de Economía en el envío de fondos a la Secretaría de Integración Sociourbana (SISU), hay proyectos que están parados. Navarro detalló que el reclamo es por dos tipos de situaciones: “obras iniciadas y que tienen que comenzar a ejecutar una segunda etapa” y proyectos aprobados que aún no comenzaron a realizarse. En las organizaciones que se movilizaron hablaron de 800 puestos de trabajo en riesgo.
Los manifestantes tuvieron una reunión con funcionarios de la SISU y luego hicieron una permanencia frente a Economía. Hace dos meses, con el mismo reclamo, hubo allí una protesta similar.
En la Secretaría de Integración Sociourbana, sin embargo, negaron que haya proyectos frenados. “El programa tiene 1500 obras en ejecución y no hay ninguna parada por falta de fondos. Todas siguen su circuito normal de avances”, aseguraron.
El Programa de Integración Sociourbana, por ley, garantiza que el 25 por ciento de los trabajos a realizar en cada barrio deben ser hechos por los propios vecinos, organizados en cooperativas. Esta forma de trabajo ha tenido una fuerte aceptación en los barrios populares. Actualmente, las cooperativas superan el piso fijado por la ley y están a cargo del 40 por ciento de las obras.
Sus tareas han incorporado a un alto número de mujeres y de jóvenes, luego de capacitarse en oficios. Y, aunque con convenios temporales, que dependen de la duración de las obras, sus trabajadores acceden a derechos laborales -obra social, ART, ropa de trabajo- y a un salario equivalente al del convenio de los trabajadores de la construcción. Por esto, el plan de Integración Sociourbana es el más avanzado de los programas sociales, el que mejor consigue acompañar a las personas en la recuperación de un trabajo con derechos.
Su financiamiento tiene varias fuentes: recibe un 9 por ciento de lo que recauda el impuesto a la compra del dólar País y obtuvo un 15 por ciento del impuesto a las Grandes Fortunas, que se cobró durante la pandemia por única vez. Tomó préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y tiene fondos asignados en el Presupuesto Nacional.
Las obras de Integración Sociourbana son una obligación que tiene el Estado para con los habitantes de los barrios censados e inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares: polígonos –se usa esa palabra en lugar de manzana– con viviendas a las que les faltan dos o más servicios públicos. En general, la carencia principal es el agua potable. Entre las obras que se están haciendo, además de las conexiones para el agua, las más frecuentes son la instalación de redes de electricidad segura, construcción de baños que reemplacen las letrinas y de cocinas, veredas y cloacas.
«Esta política pública no sólo no se debe restringir ni se tiene que achicar, sino que se tiene que ampliar en la forma real de todos los programas que tiene el Estado», remarcaron las organizaciones que se movilizaron.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/590160-en-defensa-de-la-urbanizacion-de-los-barrios-populares