El audio circuló de teléfono en teléfono. Buscaban al abogado Alberto Nallar. “Hemos dado vuelta por todos lados”, se oía. “Son más de las cuatro de la tarde, y seguimos sin saber dónde está”. Desde su oficina, un asistente respondía mensajes. “El chat quedó abierto –explicó–, y estoy escribiendo a sus contactos para que todos sepan que lo detuvieron por sedición. Lo detuvieron afuera de su casa”. Eran las primeras noticias de una “nueva lista”, como empiezan a llamar en Jujuy, a la cacería librada a cuenta gotas desde hace dos días por el Poder Judicial que responde al gobernador Gerardo Morales sobre abogados e integrantes de las protestas del 17, 20 y 30 de junio.
A la misma hora de la detención de Nallar, que hasta entonces sólo recogía firmas contra la nueva reforma de la Constitución y reclamaba la intervención del Poder Judicial, comenzó a circular el rumor de nuevas ordenes de detención, esta vez de cuatro abogados: Ariel Ruarte, René Vicente Casas, Roberto Carlos Alemán y Alicia Chalabe, defensores de detenidos de las últimas protestas pero también abogados de comunidades originarias y derechos humanos y hasta uno de ellos, exjuez federal. La secretaria de Derechos Humanos de Nación encabezada por Horacio Pietragalla presentó un habeas corpus preventivo en el juzgado federal de Jujuy, sólo uno de los que se presentaron durante el día y sólo una las acciones que se activaron.
“Fuimos anoticiados de su posible detención, y frente a esta alerta de suma gravedad, recurrimos a esta garantía constitucional, para resguardar su seguridad e integridad personal”, señaló la SDH. “Los abogados que están por ser detenidos deben ser considerados ´defensores de derechos humanos´, en los términos de la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de Naciones Unidas”. Y en un tuit, posterior: “Todos ellos han ejercido la defensa de numerosas personas que denunciaron haber sido criminalizadas por protestar y que enfrentan procesos contravencionales y penales en el marco del poder judicial de la Provincia de Jujuy”.
El colectivo de abogadas y abogados Mario Bosch presentó un habeas corpus en términos similares en el mismo juzgado pero además envió una carta al Colegio de Abogados de Jujuy y a la Federación de Colegios de Abogados de la Argentina exigiendo un pronunciamiento. El Ministerio de la Acusación de Jujuy en conferencia de prensa convocada a la noche negó la existencia de ordenes de detención sobre los abogados, a excepción de Nallar para entonces ya localizado en el Penal del Alto Comedero. Los fiscales Diego Funes y Walter Rondon adujeron en su caso que estaba detenido por “incitación pública y sedición” y cuando debieron explicarlo agregaron las verdaderas razones que causan alarma a las organizaciones: “Incita a la gente que está en los piquetes a tomar el poder –dijeron–, desconoce el poder judicial, desconoce a las instituciones y pide la intervención de la Provincia”. Esa parece ser la razón en la república autónoma de Morales.
Para entonces, terminaban dos días de otra caza de brujas iniciada el miércoles en Humahuaca con 23 ordenes de detención y continuada ayer jueves en San Salvador con otras 20, de las que en total se habrían realizado ya 13 detenciones efectivas. En ese contexto, la Universidad Nacional de Jujuy emitió un comunicado para ofrecer asilo a todo el pueblo jujeño. En una postal que da cuenta de la regresión de derechos en una provincia que permanece en estado de excepción desde diciembre 2015 señaló: “Ante los hechos de público conocimiento ocurridos en nuestra provincia el día de la fecha, por cuanto decenas de jujeños y jujeñas han y siguen siendo arrestados en sus domicilios y detenidos en distintos destacamentos policiales y visto que el artículo de la Ley de Educación Superior expresa ´que la fuerza pública no puede entrar a las instituciones universitarias nacionales sino media orden estricta de un juez´ la universidad resuelve poner a disposición del pueblo de Jujuy el recortado y su residencia” y todas sus unidades académicas “ofreciendo asilo solidario” a cualquier de ellos.
Ariel Ruarte, uno de los abogados, estuvo alojado en la universidad. Todavía a la tarde, no sabía qué iba a pasarle. Defensor de Milagro Sala, de causas de lesa humanidad, representante en Jujuy del cuerpo de abogados de la SDH, buscaba entender qué había hecho, minuto a minuto, en los últimos días, saber qué razones había para una detención. Entonces recordó la única posible: día del padre, domingo 18, llevó a Pietragalla hasta el corte de Purmamarca para buscar una solución al conflicto y regresó a su casa para decirle a su hija que no iba a poder estar ese día del padre porque tenía que trabajar.
“Esta tarde empezaron a correr versiones, como a las tres, por grupos de WhatsApp”, dice. “Me vine para acá pero no me escapaba de nada, vine solo porque si hay una detención quiero que no me golpeen, porque es lo que vienen contando los detenidos de los últimos días: que los llevan a dar vueltas, los golpean, los insultan. Intento que todo sea lo más civilizado posible. Si me dicen que hay una orden de detención y se cumple, me entregaré para resolver mi inocencia”.
— ¿Miedo?
— No sé si miedo –dice–. No tengo ganas de que me golpeen, quiero que todo sea claro y no sea clandestino, que sea público para que los daños colaterales no sean muchos. No quiero que mi hija y mi mamá se lleven una imagen de mí golpeado, si no que si me voy detenido por hacer algo que es lo que tengo que hacer, y que sea con dignidad.
A esa hora, el colectivo Mario Bosch apuraba el borrador del habeas corpus con el nombre de todos los abogados. Elizabeth Gómez Alcorta, parte de ese espacio, decía que el dato significativo de la nueva redada es el nombre de Nallar. “Juntaba firmas contra de la Constitución”, dice. “Ese es el dato, un abogado sin organización, lo que indica más que nunca, más que en todos estos siete años y medio, que esto es la dictadura real. Esto es exactamente lo que entonces pasó”.
Sonia Alesso había hablado con ella de las docentes de la provincia en paro por salarios y en protesta por la reforma. En esas charla también se cuela ese terror intermitente que está logrando que las maestras empiecen a tener miedo de seguir en la calle.
Las detenciones
Las últimas ordenes de detención y detenciones efectivas tuvieron como antecedente las protestas del 20 de junio en San Salvador y del 30 en Humahuaca. Más de 40 ordenes, y alrededor de 13 detenidos.
Según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales, la metodología con la que se ejecutaron las detenciones de las últimas horas fue intimidatoria. En Humahuaca, los allanamientos y detenciones se realizaron de manera simultánea el 12 de julio. En los primeros casos se trató de personas citadas a comparecer a dependencias policiales para ser notificadas, pero una vez allí quedaron detenidas. Luego se produjeron allanamientos simultáneos como si se tratara de redadas. Lo mismo se repitió en la mañana del 13 de julio en San Salvador. En Humahuaca hubo tres casos de detenidos que antes de comparecer ante el juez fueron trasladados a San Salvador, a 130 km de distancia, para hacerles un “examen mental”. El traslado demoró desde las 15.45 hs hasta las 06.30 hs de la mañana del día siguiente, porque las fuerzas policiales utilizaron rutas alternativas bajo la excusa de los “cortes”. Sin embargo, ese día no hubo cortes. Durante esas horas los familiares desconocieron su paradero. El examen mental no se requiere para esta instancia judicial y se podría haber realizado en Humahuaca, por lo que todo indica que el traslado fue una forma de castigo anticipada.
Durante la conferencia de prensa de ayer, los fiscales no señalaron estos hechos. Dijeron que las detenciones son producto de una investigación de la protesta basada en análisis de fotos públicas, cámaras de seguridad, de medios y hasta redes sociales. “Hubo una gran cantidad de personas arrestadas el 20 de junio por flagrancia”, dijo uno. “A partir de entonces iniciamos una causa y con el trascurrir de la investigación fuimos haciendo un análisis de cámaras” y “se pudo identificar a 24 (en San Salvador) tirando piedras, dañando y lastimando”. Y agregó: “Debe quedar claro que no se criminaliza por su pertenencia política, se persigue cuando es identificado en un hecho delictivo”.
Las imputaciones son de graves a más graves. Sedición contra el orden constitucional, privación ilegal de la libertad en Humahuaca y atentado y resistencia a la autoridad, lesiones leves, daños, estragos, estorbo funcional y entorpecimiento del transporte terrestre en San Salvador, con el agravante de ser parte de una organización. “Cada uno hizo una parte”, aclaró el fiscal lo que en verdad esconde la figura de la asociación ilícita y la certeza, entonces, de una prisión efectiva cosa que además adelantó. Hoy serán las indagatorias y la fiscalía dijo que pedirá las preventivas.
Eso sí, aclararon, no hay desaparecidos: todos están alojados en un sector especial del penal Alto Comedero. Se verá.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/567838-el-terror-a-cuenta-gotas-de-gerardo-morales