El tablero político detrás del regreso del Consejo de la Magistratura | Vuelve a reunirse después de ocho meses de parálisis

Después de casi ocho meses de parálisis, el Consejo de la Magistratura volverá a reunirse este martes. Pero para poder funcionar verdaderamente debe designar a los integrantes y autoridades de las comisiones, además de definir quién ocupará la vicepresidencia del cuerpo, negociación que el lunes al atardecer todavía no estaba clara. El estamento de jueces y juezas reclama para sí el cargo del número dos del organismo: si logra su objetivo estará totalmente gobernado por representantes de la familia judicial ya que, como es conocido, lo preside el supremo Horacio Rosatti gracias al fallo de la Corte que él mismo firmó, y que amplió la integración. Las tres comisiones que más disputa generan son las de Acusación (promueve los juicios políticos), Selección (de ahí salen las ternas para cargos de juez/a y camaristas) y Administración (es clave en el manejo presupuestario). Para definir cómo queda el tablero hacen falta 13 votos en caso de que todos estén presentes, un número que no tiene garantizado ni el oficialismo ni la oposición.  

A todo este embrollo hay que sumar que el Consejo, en caso de lograr arrancar, todavía está incompleto. La Corte Suprema no le quiso tomar juramento al senador que había sido designado por Unidad Ciudadana, Martín Doñate, cuyo cargo disputa en los tribunales el senador Luis Juez, de Juntos por el Cambio. La Cámara en lo Contencioso Administrativo admitió el mes pasado el amparo de Juez, y ahora la causa va al propio máximo tribunal con un recurso extraordinario. El Senado recusó a Rosatti, por ser juez y parte en el asunto. Después de que el tribunal firmara una acordada para tomar juramento a todos los consejeros/as del Senado menos a Doñate, amplió la recusación al resto. Por ahora está en veremos. 

La composición actual del Consejo fue fruto del fallo de la Corte que en diciembre de 2021 declaró inconstitucional la anterior, de 13 consejeros/as, y la devolvió a los 20 de la ley derogada de 1997, lo que hizo que quedara Rosatti en la presidencia del cuerpo. En este esquema, y con un consejero menos, la oposición da por hecho que cuenta con ocho votos propios (entre los que incluyen a los jueces Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero y Alejandra Provítola más el abogado radical Miguel Piedecasas); y el oficialismo tendría un piso de seis. Hay un grupo que estaría en una zona gris (los dos académicos –Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit–, la abogada Fernanda Vázquez y el juez Alberto Lugones, y hay que sumar a Rosatti). Los acuerdos serán indispensables para lograr una votación.   

Panorama incierto

Dos semanas atrás los consejeros y consejeras tuvieron una primera reunión de «labor» para acordar los pasos a seguir. Era el primer encuentro de ese tipo desde junio del año pasado. El mensaje que intentaron mandar era que todo había sido muy positivo y que harían un plenario el 4 de abril para nombrar autoridades e integrar las comisiones. En el ínterin buscarían alternativas. Hasta última hora no había surgido ninguna propuesta concreta y ni algún acercamiento de posiciones. El plenario de este martes podría durar minutos o derivar en una larga discusión. No está claro aún el panorama. 

El estamento de jueces y juezas reclama la vicepresidencia. Rosatti, al parecer y según reconstruyó Página/12, habría expresado su favoritismo por una candidata: la jueza Díaz Cordero, quien trabajó para el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri. Ella representa a la lista Bordó, junto con el juez de Casación Barroetaveña, de origen radical. A este estamento ocupar la vicepresidencia le resolvería un problema: se pelean porque en la comisión de Selección hay lugar para tres jueces/zas y alguien quedaría excluido, de modo que podrían repartir con la vicepresidencia. En el oficialismo, en principio, no hay predisposición para acompañar esta alternativa, y menos aún a Díaz Cordero. El tema es qué sector logra una negociación con los académicos y con Vázquez. Todos ellos piden la presidencia de la comisión de Selección.  

Quedará luego la disputa por Acusación y Disciplina y Administración, sujeta a lo que suceda con el resto. Una alternativa que mencionaban algunos consejeros en la tarde del lunes era que el oficialismo se quedara con la presidencia de la primera, y la oposición, tal vez con Piedecasas, la segunda. Está por verse. La otra comisión a designar es la de Reglamentación. El condimento de un año electoral es posible que dificulte acuerdos.   

La parálisis 

La inactividad del Consejo durante todo este tiempo tuvo consecuencias palpables: están frenados los concursos para cargos claves, de máximo interés para la política, como dos lugares en la Cámara Federal de Comodoro Py (que todavía ocupan los jueces trasladados a dedo por el macrismo, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi), tres cargos en juzgados federales en el mismo edificio, dos en Casación y seis en tribunales orales. Pero hay vacantes a lo largo y a lo ancho del país: son 166 en total que se tramitan en 70 concursos. Para 84 cargos los concursos están terminados y lo que falta es que los vote el plenario. 

Pero los nombramientos no son la única cuestión. En los últimos meses, por ejemplo, se acumularon más de 400 pedidos de juicio político contra los jueces que viajaron a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido (Pablo Yadarola, Pablo Cayssials, Carlos Mahiques y Julián Ercolini) y que habrían sido invitados por directivos de Clarín. Esas denuncias todavía no tienen ningún consejero/a que las investigue porque no hay comisión de Acusación y Disciplina. Uno de los procesos de remoción que quedó en veremos es el que tramita contra el juez de Mendoza Walter Bento, procesado por enriquecimiento y coimas. 

La pregunta es a quién le conviene que todo siga así: claramente a la oposición, que se queja por las vacantes, pero a la vez cuenta con que una buena parte del sistema judicial actual le responde y traba la votación de ternas.  Es bastante coherente con las ideas que analiza Juntos por el Cambio para el sistema de justicia (con aportes de cuatro fundaciones vinculadas a distintos sectores de esta fuerza), si llegara al gobierno, que difundió el diario La Nación. En realidad, el plan es no cambiar demasiado: dejar la Corte como está (pero promover la inclusión de mujeres, algo obvio que ya está establecido aunque no se cumple) y no tocar el Consejo de la Magistratura. Y un concepto sorprendente, viniendo de este sector que calló o avaló los encuentros de Macri con jueces en la quinta de Olivos: ahora dicen que no debe haber interlocutores de la política con el Poder Judicial, menos que menos el Presidente. Con ese criterio, además, el propio Consejo debería abrir varias investigaciones. 

Uno de los consejeros, el camarista Lugones, puso a circular propuestas para activar el funcionamiento del organismo, como que se aprueben ternas que llegaron al plenario con el voto unánime de la comisión de Selección, que se aprueben los concursos de Santa Fe (que está en el centro de la escena por al escalada de violencia ligada al narcotráfico y el crimen organizado), que los miembros de esa comisión deban mantener su voto en el plenario (lo que ha trabado la aprobación de concursos es que cuando llegan al pleno algunos no votan), rechazar de plano denuncias contra jueces por el contenido de sus fallos, entre otros puntos. Todo hace pensar que falta bastante para llegar a esa profundidad de discusión.