El Procurador general de Bolivia revela que "los papeles" prueban la participación del gobierno de Mauricio Macri en el golpe contra Evo

Wilfredo Chávez juró como procurador general del Estado ante el presidente constitucional de Bolivia, Luis Arce, el 12 de noviembre de 2020. Tiene 52 años y una voluminosa trayectoria académica y también política. Combina esas dos formaciones en proporciones semejantes, que lo transforman en uno de los cuadros más importantes del gobierno. Es abogado, catedrático, profesor universitario de Derecho Procesal Orgánico, fue ministro de Gobierno, viceministro de Justicia y Derechos Humanos – entre otros cargos – y letrado en su momento de Evo Morales. En una entrevista virtual respondió sobre investigaciones claves derivadas del golpe de Estado de 2019 que los sediciosos justificaron en fake news sobre un presunto fraude electoral que nunca resultó comprobado. Una de ellas apunta al apoyo brindado a los golpistas por Mauricio Macri cuando ocupaba la Casa Rosada.

–En qué estado se encuentra la investigación por el suministro de armas, gases lacrimógenos y municiones que le brindó el gobierno del expresidente Mauricio Macri al régimen de Jeannine Áñez?

-En primer lugar, la causa está abierta. Está pendiente en el caso de la cooperación que ha habido con el golpe de Estado. No solo fue Argentina, también Ecuador y la información que hemos obtenido es que efectivamente en los días del golpe se realizaron tratativas extralegales para que de gobierno a gobierno se apoyaran en el suministro de armamento e insumos disuasivos a la población civil que han sido utilizados infelizmente en las posteriores masacres que ocurrieron el 15 y 19 de noviembre en mi país. La forma de ingreso de esos materiales fue absolutamente irregular e ilegal. La distribución fue hecha de la misma manera.

-¿Tienen pruebas concretas de lo que está afirmando?

-Se han descubierto escritos en los cuales se da cuenta que hubo una cooperación, ya sea a nivel consular o de entidades armadas. Ha existido esa cooperación directa. Inicialmente las autoridades del gobierno de Macri negaron su participación, pero los papeles cantan. Dan cuenta claramente de esa participación, tanto del envío como de la recepción en Bolivia. Hubo autoridades militares que recibieron esos insumos y que en este momento están en plena etapa de investigación. El juicio no está cerrado, la investigación tampoco y existen algunos datos que están surgiendo de a poco y son fuertes. Por eso creo que ese proceso va a concluir con una acusación y los requerimientos respectivos a nivel judicial y de cooperación fiscal internacional para que tengamos toda la información sólida y en el momento oportuno acusar a esas personas por varios delitos y no solamente uno.

– ¿Cuál es su análisis de los hechos como procurador del Estado?

– Estamos hablando de un golpe de Estado por un lado y también de acciones posteriores a un golpe de Estado. Han sido asistir a un gobierno asesino, criminal, que tomó el antiguo palacio de gobierno justamente para reponer posiciones políticas que las urnas habían denegado durante tanto tiempo. Claramente fue un golpe de Estado. Con muertos, con tanquetas, con toda la forma bruta en que se ejerció el poder. Entonces hay coparticipación. Lo hemos dicho nosotros, hemos realizado dos informes internacionales. Uno lo sacamos en mayo pasado y damos cuenta del golpe de Estado, pero hay otro que está pendiente y lo haremos conocer cuando concluya nuestra investigación sobre la cooperación y participación internacional que hubo con los golpistas.

– En los últimos días se conoció la confesión que hizo pública el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sobre un encuentro no oficial que mantuvo con Áñez. ¿Qué conclusiones saca sobre eso?

– Nos enteramos por una declaración que hizo el presidente de Brasil en ejercicio que él habría tenido reuniones con Jeanine Añez y teóricamente ella nunca abandonó el país y él habla de un encuentro personal. Hay participación ahora también de Brasil en el golpe. Recuerde que el primer gobierno en reconocerla ha sido el de Bolsonaro a las pocas horas de haber asumido de facto. Esos temas se entrecruzan y nos hacen ver una estrategia internacional donde nosotros demos con el martillo en el clavo y no a tientas y a ciegas. La investigación avanza como le reitero e infelizmente involucra a gobiernos, en el caso de Argentina y Ecuador, que se prestaron a una situación tan lamentable de colaborar en una situación de golpe de Estado. Pero va a ayudar a la democracia y es de interés del Estado donde participa la Procuraduría. Queremos llegar a la verdad histórica de lo que ocurrió en ese mes de noviembre, antes y después de que esta gente tomara por la fuerza el gobierno en Bolivia.

-¿Considera que esto puede generar un precedente para Latinoamérica si consiguen enjuiciar a los golpistas y sus cómplices?

-Sin duda la investigación va a conducir a que existen responsables. El ex gobierno de Macri en la Argentina o el ex gobierno de Moreno en Ecuador donde hubo una participación directa. Tenemos declaraciones de los mismos actores. Hace pocos días un ex ministro del gobierno de facto explicó la forma en que funcionó la cooperación desde Ecuador. En la misma dosis conservamos papeles sobre la cooperación directa que hubo del personal del gobierno argentino de Macri. Es una situación gravísima que notoriamente va a tener responsables. Sí, vamos a acusar, pero debemos hacerlo de una manera responsable. Porque lanzar una cuestión de este tipo solamente basada en medios de prensa no está bien. Estamos investigando en un trabajo efectivo del gobierno, la Procuraduría, la Justicia, el ministerio de Defensa, para dar una respuesta institucional. Los documentos surgen de una y otra fuente como se dará cuenta. No es solo una fuente, son varias fuentes.

-¿Cuántos juicios hay en Bolivia contra Áñez y sus colaboradores? En la Argentina básicamente conocemos dos: la llamada causa Golpe de Estado 1 y la Golpe de Estado 2.

– Hay que hablar de dos momentos. El primero se da cuando un grupo de civiles, en este caso una parlamentaria, la señora Jeanine Áñez, sin tener línea de sucesión asume el gobierno de manera deliberada sin que se hayan cumplido las exigencias de nuestra constitución en cuanto a la renuncia, lectura y aceptación de la misma del expresidente Evo Morales y del exvicepresidente Álvaro García Linera que estaban agendadas en el Parlamento. Áñez no era presidenta del Senado, era la segunda secretaria. Ojo. Hay que ver si el presidente del Senado había considerado alguna renuncia. No hubo renuncias escritas excepto las de Evo y Álvaro, que debían ser consideradas por la Asamblea Legislativa y aceptadas o rechazadas. Ese es el procedimiento constitucional.

– ¿Podría explicar brevemente la tesis del vacío de poder que esgrimieron los golpistas para tomar el gobierno por la fuerza?

– Ellos dicen que habiendo Evo Morales renunciado, pese a que no se consideró su renuncia como en el caso de Álvaro, automáticamente se ingresa en una sucesión ipso facto hasta llegar a quien esté en el Parlamento. Por eso sostienen que funciona la teoría del vacío de poder. De acuerdo a la constitución política del estado, la fuente directa cuando hay que hacer consultas sobre la constitución son los informes de la asamblea constituyente que ha rechazado la tesis del vacío de poder por escrito y por mayoría.

– ¿Cuál es la otra causa contra Áñez y sus cómplices?

-La primera es hasta el 12 de noviembre en que asume de facto todas las acciones previas que hemos llamado golpe de Estado 2. Porque eso es por tiempos. Entonces, a alguien que no lo asiste el grado de presidente, no podemos llevarlo a un juicio de responsabilidad. Por eso debe ser sometida a un juicio ordinario. Porque no era presidenta, era senadora y todos esos delitos son antes de que asumiera la presidencia. Era una senadora que había conspirado, pero no estaba en la línea sucesoria. Por esos actos está yendo a juicio ahora, y nosotros como Procuraduría nos hemos presentado con una acusación particular ante el Tribunal 1° de Sentencia Anticorrupción Mixto de La Paz y en ese juzgado se va a ventilar a partir de 10 de febrero. El otro juicio lo inició la compañera Lidia Patty por delitos de terrorismo, sedición, las masacres y está todavía en investigación con la complejidad del caso.

-¿Hay más juicios?

– También hay un tercer juicio del Ministerio de Justicia y tiene que ver con delitos cometidos en el ejercicio de funciones como la persona que ejerce la presidencia de facto. En ese juicio todavía no nos hemos apersonado porque está en un tracto de permiso constitucional y las condiciones no son las mejores para que se apruebe. Luego tenemos otras causas más sobre el sobreprecio del gas, estamos avanzando con varios procesos en este momento pero el juicio emblemático es el que empezaremos el 10 de febrero y que nos hará ver que Áñez y sus cómplices realizaron acciones previas a asumir el poder que constituyen un golpe de Estado. Ese será un día histórico para mi país.

Nosotros hemos estado participando en otros juicios que las víctimas de Senkata y Sacaba han iniciado por separado en cada lugar y esos juicios también están avanzando y en un momento tienen que terminar porque hay plazos que se vencen, son juicios ordinarios que están corriendo por cuerda separada en El Alto, La Paz y Cochabamba.

– ¿Cuáles serían las penas máximas a las que podría ser condenada la expresidenta de facto?

– Estamos hablando de delitos que pueden tener conexidad con otros y en esa conexidad que se llegue a la pena máxima, que es de doce años. Es al momento lo que tenemos en estos juicios y en los que involucran la vida de las personas estamos hablando de treinta años. Pero en estos todavía no se llegó a la acusación.

– ¿Cuál es la situación de los golpistas que no están en Bolivia, como el ex ministro de Gobierno Arturo Murillo?

– Murillo está en este momento en una cárcel federal de Estados Unidos por una investigación que han hecho el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia que dan cuenta de que hizo un negociado con la compra de gases lacrimógenos de una empresa brasileña y con una subsidiaria o intermediaria de EE.UU. Los informes son durísimos en contra de este señor.