«Trataron de justificarlo diciendo que hacía una pasantía, como si Alfredo Astiz hubiera hecho eso cuando se infiltró en la Iglesia de la Santa Cruz y desaparecieron las Madres, es una barbaridad decir que un agente de una fuerza de seguridad del Estado está haciendo una beca en una agencia periodística». Con estas palabras sintetizó la abogada y diputada Myriam Bregman ante Página/12 lo que calificó como una «débil defensa» durante el juicio al ex agente de Inteligencia Américo Balbuena y dos de sus jefes de la Policía Federal, por haber infiltrado entre 2002 y 2013 a la Agencia Rodolfo Walsh. «Solicitamos que no se naturalice este delito, por más acostumbrados que estén, queremos que si hay una condena sirva para que este delito no sea algo natural, los imputados violentaron la ley y cercenaron las libertades del estado de derecho», dijo el abogado Matías Aufieri durante la parte central de su alegato, que presentó junto a sus compañeros del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), Bregman, Liliana Mazea y Carlos Platkowski.
Por su parte, el fiscal federal Ariel Quety pidió dos años prisión para los tres imputados –Balbuena sus ex jefes Alejandro Sánchez y Adolfo Ustares– por el delito de abuso de autoridad de funcionario público, con el doble de inhabilitación. El representante del Ministerio Público mencionó como agravantes el hecho prolongado, su continuación, su práctica sistemática, la afectación de un bien jurídico en la administración pública, y la pluralidad de personas puestas en situación de alta vulnerabilidad. Balbuena se infiltró en la Agencia Walsh en 2002, tras reencontrarse en las calles en las coberturas del caliente diciembre de 2001 con su amigo de la infancia, Rodolfo Grinberg. Había intentado sin éxito hacerlo en otros medios similares, militantes, comunitarios. A partir de entonces, el «Pelado», como le decían, era el primero en llegar y el último en irse de cada movilización, protesta, denuncia, conferencia de prensa y acciones de lucha que se convocaban desde distintas organizaciones populares. Se esmeraba para conseguir la mayor cantidad de información sobre decisiones, opiniones políticas, planes de acción y dirigentes. En abril de 2013, con estupor y bronca, sus compañeros descubrieron que trabajaba en el Cuerpo de Informaciones de la División Análisis de Seguridad Interior de la Policía Federal, fue pasado a disponibilidad y el Ceprodh realizó la denuncia penal.
«Los hechos no fueron controvertidos, quedaron muy claros durante el proceso, Américo Alejandro Balbuena pertenecía a un cuerpo de agentes secretos de la Policía Federal, y sus propios jefes dijeron ‘si respondo a lo que me están preguntando estoy violando el secreto que protege a este cuerpo'», agregó Bregman en diálogo con este diario al finalizar la jornada en los tribunales federales de Retiro. «Lo que venimos afirmando desde hace diez años cuando iniciamos esta causa numerosos organismos de derechos humanos, la violación del derecho de reunión y de protesta, mediante la infiltración de la Policía Federal mediante este agente que se hacía pasar por periodista quedó completamente probado durante todo el proceso», agregó. Esto fue posible, a criterio de la diputada del PTS-FITU, con numerosos testimonios y con el propio reconocimiento de estos imputados que admiten que pertenecen a la Policía Federal, pero intentaron dar una explicación diciendo que era una pasantía en periodismo. «A través de eso que llamaron ‘pasantía’ Balbuena se dedicaba, como contaron todos los testigos, a preguntar sobre formas de organización, medidas de seguridad que se tomaban, es decir, un amplio trabajo de inteligencia».
Bregman indicó que «esto se termina de verificar porque el día en que la ex ministra Nilda Garré pasó a disponibilidad a Balbuena y a sus jefes borraron todos los archivos de las computadoras de la División Análisis adonde reportaba este agente». Y apuntó que «es lo mismo que pasa cuando la Federal interviene en peritajes, desde el celular del atacante de Cristina Kirchner, el caso del genocida Febres, del policía desaparecido Arshak Karhanyan de la Ciudad de Buenos Aires, todo lo que toca la Federal se borra y luego no se puede probar en juicio». En esas computadoras «estaba todo el trabajo de diez años de inteligencia realizado por Balbuena en organizaciones gremiales, sociales y políticas», agregó. La legisladora trotskista y abogada querellante manifestó que pidieron la pena máxima del delito, que es menor con una pena de dos años, pero enfatizó que «más allá de la pena que reciba en este proceso es muy importante haber sacado a la luz que estas agencias existen y siguen funcionando bajo gobiernos constitucionales con una impunidad absoluta».
Luz en la oscuridad
A su turno, Aufieri en su alegato destacó que existencia de fichas que probaron el espionaje, a pesar del borrado del contenido de las computadoras. En su declaración indagatoria Balbuena había dicho que sus jefes estaban al tanto de su trabajo, aunque no remunerado, en la Agencia Walsh, algo que los co-imputados negaron. «Es poco creíble que no supieran que Balbuena estaba en la Agencia Walsh, no eran dos vidas escindidas como agente de la división y como periodista», expresó Aufieri. «Si Balbuena se dedicaba a tareas administrativas, como dijeron sus superiores, ¿para que el carácter secreto como agente? Pero sus jefes decían que no sabían lo que hacía adentro ni lo que hacía afuera. Porque todo era ilegal y todo era lo mismo», agregó el letrado.
Aufieri mencionó el marco histórico para afirmar que el espionaje no termino en 1983, porque todos los hechos relevantes políticos tienen espionaje: Kosteki Santillan, la AFI, la reunión del G20, la Base Almirante Zar en Trelew, Proyecto X de Gendarmería, Iosi el espía arrepentido, Isabel Correa infiltrada en Madres de Plaza de Mayo. «Las continuidades son pasmosas y evidentes, y eso es sólo lo que conocemos; el espionaje permite armado de causas para la criminalización de personas, saber a dónde van a apuntar las víctimas en las causas de los policías, medir la responsabilidad institucional, es la misión de ese cuerpo», dijo el querellante.
Para el abogado Aufieri, «quedó demostrado que hubo dos planes, el espionaje y quedar impune, por eso solicitamos al Tribunal que los condene, tenemos nombres y apellidos, hay luchadores que fueron espiados y ya no están, víctimas de causas armadas, venimos a pedir justicia y castigo en nombre de ellos y de toda la sociedad». En sus palabras, la sentencia debería ser una «puerta para comenzar a echar luz sobre estas prácticas, una conquista del movimiento de derechos humanos, una oportunidad única en tanto oscurantismo, para que se abran los archivos y que se den a conocer los listados de infiltrados en todo el cuerpo social, porque los archivos están y queremos que se abran».
En tanto, la abogada Liliana Mazea dijo que las defensas de los policías buscaron «enmarañar el proceso para evadir la responsabilidad por el espionaje con el argumento de que eran solidarios con las organizaciones que infiltraron». También buscaron mostrar al imputado Balbuena como alguien de pocas luces que no podía tener personal a cargo. «Esas escasas aptitudes se contraponen con el legajo personal donde ponderan su excelente desempeño y el mérito de las más altas calificaciones», leyó Mazea. «Una vez infiltrado lo calificaron como eficaz en las tareas de inteligencia, en 2005 dijeron que era un miembro extremadamente útil», agregó.
«El espionaje ilegal produce causas y produce cárcel, aparecen carpetas que nadie firma con el material que recogen durante la infiltración», explicó en su alegato. La abogada destacó que Balbuena eligió el momento de mayor conflictividad social para infiltrarse primero en FM La Tribu y luego en Agencia Walsh. «Balbuena dijo que nunca lastimó ni hizo daño a nadie, nosotros por el contrario pensamos que pretende restar importancia al delito de espionaje, lesionó inconmensurablemente a los denunciantes y a la sociedad toda, al punto que hoy está severamente penado», manifestó Mazea. A continuación mencionó las manifestaciones estudiantiles en apoyo a la huelga de Kraft en 2009 donde se iniciaron causas contravencionales, con informes que había realizado Balbuena, tal como declaró el testigo Christian Castillo.
Cuerpo para infiltrar
Uno de los testimonios contundentes que se escucharon durante el debate fue el del ex interventor de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Marcelo Sain, quien ya había declarado en la causa lo que expresó en una nota de opinión en este diario, sobre las libertades de infiltrar de la división a la que pertenecía Balbuena y sus jefes, un sector con más de mil agentes. «Las actividades de inteligencia criminal son claves para la labor de la policía pero es una labor regular no es una labor paralela clandestina», dijo el testigo, en alusión a un sobre anónimo que le hicieron llegar en 2009. «Esto que funciona dentro de la Policía Federal Argentina (PFA) es un sistema de inteligencia secreto contrastante con el sistema institucional democrático, es un tema que es vergonzante para la democracia argentina que hoy las normas orgánicas que regulan el funcionamiento de la PFA es el decreto ley 333 del año 1958, o sea 40 años de democracia y no hubo un proyecto de ley de todos los partidos políticos que le pusiera coto a ese tipo de cuestiones».
En 1963 se llamaba Cuerpo de Información que reportaba a Coordinación Federal, que existió hasta el año 1970, conformado por agentes secretos. «La atribución de poder tener otro empleo en la administración pública municipal provincial o nacional o un empleo privado (como tenía Balbuena) es una facultad para garantizar las condiciones para infiltrar gente y para hacer inteligencia política, propio de aquellos años setenta pero que sigue hasta el día de hoy», explicó el ex funcionario. A su entender, Balbuena no estaba en la Agencia Walsh «en sus momentos libres fuera de su desempeño dentro marco del cuerpo de información, estaba ahí plantado e infiltrado para hacer inteligencia política e ilegal». Y afirmó: «No creo que este cuerpo hoy sea de análisis y inteligencia criminal democrática sino que es un bastión autoritario dentro de un plexo normativo democrático y siguen teniendo la facultad de infiltración».
Para el testigo, «las tareas de Balbuena en una agencia de las características de la Agencia Walsh es una tarea de infiltración ordenada por la superioridad para conocer que era lo que pasaba allí, las organizaciones políticas vinculadas a la izquierda». Y agregó que «este cuerpo no está creado para ser policía auxiliar de la justicia, era para infiltrar».
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/534159-el-pedido-de-condena-por-el-espionaje-ilegal-de-la-policia-f