El juicio politico a los jueces de la Corte Suprema comienza su etapa final | Formularon los cargos contra los cortesanos

Nueve meses de investigación, 23 reuniones de comisión, 65 testigos y más de 800 hojas de prueba después, el juicio político a los jueces de la Corte Suprema comienza a arribar a su etapa final. Con les diputades trasnochados luego de la sesión maratónica del día anterior, la comisión de Juicio Político formuló los cargos contra los supremos por tres causales: el fallo del 2×1 a los genocidas, la acordada de coparticipación que benefició al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la declaración de inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda tendrán, ahora, un plazo de diez días hábiles para presentar su descargo. Luego, la comisión presentará las acusaciones formales, las dictaminará – porque el oficialismo tiene mayoría – y ya quedarán listas para ser llevadas al recinto.

Somnolientos, les diputades se volvieron a reunir seis horas después de finalizada la sesión que sancionó la nueva Ley de Alquileres con el objetivo de comenzar a cerrar, finalmente, el proceso de enjuiciamiento a los cortesanos. La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, realizó un racconto de la investigación que comenzó en febrero y que finalizará el 17 de noviembre, cuando termine la actividad de comisiones en el Congreso. Dos días después será el ballotage – si es que lo hay – y ya para entonces quedarán dispuestos los dictámenes de acusación por mal desempeño. Un «arma cargada», tal como los definió un diputado kirchnerista, factible de ser utilizada cuando los tiempos parlamentarios sean propicios. Hoy no lo son: se necesitan dos tercios de la Cámara de Diputados para aprobar el juicio político y el Frente de Todos está lejos de tener el número.

«Cuando iniciamos el juicio dijimos que estábamos en presencia de una Corte cuyos jueces jugaban al truco con la Constitución. Si entonces había alguna duda me parece que, en la culminación de esta larga tarea, se han sumado muchísimos argumentos para justificar la decisión de avanzar», sintetizó Leopoldo Moreau, antes de que Carolina Gaillard comenzara a presentar los cargos. Juntos por el Cambio, sin embargo, no perdió oportunidad para defender la Corte y manifestar su objeción a la investigación de los últimos meses. «Todo lo que he visto y escuchado me ha reafirmado de que no había motivos para enjuiciar a los jueces de la Corte y que esto no era más que un embate contra la Corte Suprema», contradijo Pablo Tonelli (PRO), uno de los pocos diputados cambiemitas – como Paula Oliveto, Juan Manuel López y Álvaro González – que participó de casi todas las reuniones de comisión.

Álvaro González, a su vez, metió el dedo en la llaga al referirse a la imposibilidad del oficialismo de aprobar el enjuiciamiento en el recinto. «Después de un año nos vamos a quedar con un despacho de minoría y otro de mayoría que dormirán el sueño de los justos», deslizó el legislador larretista. Le respondió Hugo Yasky: «No sabemos cómo serán los tiempos venideros, pero todo esto que hicimos, además de corresponder con nuestro principios, seguramente tendrá correspondencia con hechos del futuro». En el oficialismo algunos ya están haciendo números y especulando sobre la composición de la cámara a partir del 11 de diciembre y una posible ruptura de JxC. La mayoría, sin embargo, coincide con que el escenario es difícil.

Los cargos

Los cargos formulados contra los cuatro jueces de la Corte Suprema correspondían a tres causales – 2×1 a genocidas, coparticipación y Consejo de la Magistratura -, que afectan de manera diferente a cada uno. En el caso de la causal de irregularidades de la Obra Social del Poder Judicial, por ejemplo, el principal implicado es Juan Carlos Maqueda, en tanto supervisor de la obra social entre 2008 y 2021. Los cargos de esa causal, sin embargo, ya se habían votado la semana anterior y Maqueda había rechazado hacer un descargo.

En el caso del fallo Muiña, que buscó beneficiar con el 2×1 a un represor del Hospital Posadas, los cargos presentados fueron contra Rosenkrantz y Rosatti (que fueron los que conformaron el voto de la mayoría junto a Elena Highton). Se los acusa de «acciones dilatorias en el caso Schiffrin» para condicionar el voto de Highton así como de haber «quebrado el compromiso democrático» con el mismo fallo. Se los acusa, además, por la paralización de la Comisión Interpoderes que se encarga de resolver los obstáculos que se presentan en los juicios de lesa.

En el caso de coparticipación porteña, se acusa a Rosatti, Maqueda, Lorenzetti y Rosenkrantz por: violar el marco jurídico vigente, vulnerar el «derecho de defensa» del Estado nacional, arrogarse facultades legislativas y, finalmente, resolver la cuestión de fondo con solo una cautelar. A su vez, puntualmente se lo acusa a Rosatti por no haberse autoexcluido de la causa para «evitar sospecha de imparcialidad» debido al «vínculo de confianza» entre su vocero Silvio Robles y el entonces ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.

En el caso del fallo de inconstitucionalidad de Consejo de la Magistratura, los cargos contra Rosatti son por haberse ungido como presidente de la Corte con su autovoto y no haberse excusado de un caso que lo colocaría como el presidente del Consejo de la Magistratura (ya que, vencido el plazo de 120 días que la Corte le dio al Congreso para sancionar una nueva ley de composición del Consejo, se volvió sobre una ley derogada que sostenía que el presidente del Consejo era el presidente de la Corte). Luego, los cargos se amplían contra Maqueda y Rosenkrantz por: «haberse atribuido funciones del Poder Legislativo», haber dictado sentencia «con el objetivo de cooptar Consejo de la Magistratura», haber favorecido a JxC en la composición del Consejo, entre otros.

La causal faltante: Abuso de poder

Además de presentar los cargos, la reunión de comisión tenía como objetivo tratar la denuncia por abuso de poder de la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti. Esta causal había comenzado a tratarse la semana anterior – haciendo hincapié en la intervención de Rosenkrantz en causas que involucraban a ex clientes – y se presentarán los cargos la próxima semana. El miércoles, mientras tanto, habían sido citados el secretario general de Judiciales, Julio Piumato, el empresario Gustavo Tita y el ex administrador de la Corte, Héctor Marchi, quien ya había concurrido en otras dos ocasiones. Los tres testigos, sin embargo, se excusaron y la CC le echó en cara al oficialismo haber encarado una investigación parcial. «Me da profunda tristeza que personas de Unión por la Patria hablen Lorenzetti para tratar de zafarlo de una situación en la que tiene que dar explicaciones sobre cómo administró los recursos de la Corte», reprochó Oliveto.

«Nosotros avanzamos en la investigación de todos los pedidos de juicio político. No discriminamos respecto a tal o cual juez», le respondió, rápidamente, Gaillard. Durante todo el proceso el FdT buscó evitar impugnaciones – lo que llevó, en muchos casos, a desistir de algunas acciones que consideraban que podrían embarrar la investigación (como traer testigos renuentes con la fuerza pública) -, por lo que varias legisladoras saltaron para rechazar que hubiera falta de transparencia. «Se propuso crear una subcomisión por la causal de Obra Social para investigar otros períodos y se invitó a diputados de JxC pero ninguno vino», recordó Vanesa Siley. Es posible, sin embargo, que la denuncia de la Coalición Cívica termine integrando el dictamen acusatorio.