El juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema tuvo su acto inaugural y el oficialismo, ahora, se prepara para la verdadera prueba de fuego: la votación de la admisibilidad del proceso. «Ahí es donde se juega todo», afirma una de las espadas oficialistas a cargo de la organización de la investigación. Y no es solo el Frente de Todos, Juntos Por el Cambio también afila su estrategia frente a la proximidad del inicio de la investigación. La oposición buscará dar la pelea: bloquear, dilatar y correr el eje de la investigación para proteger a los magistrados (aunque no a todos, la enemistad de la Coalición Cívica con Ricardo Lorenzetti podría tener resultados inesperados). El FdT, mientras tanto, todavía tiene que tomar algunas decisiones: con qué denuncia abrirá el proceso de investigación, cuánto durará el debate, si se avanzará sobre todos los magistrados en simultáneo o uno por uno, qué hacer si un testigo decide no comparecer. «Todo a su tiempo», responden en la bancada oficialista, pero la auténtica fecha de largada del juicio político se acerca.
Les diputades del FdT que impulsan el juicio político lo repiten cada vez que pueden: si bien el oficialismo no tiene los dos tercios para destituir a los magistrados por mal desempeño, el proceso «no es un circo». La apuesta, para muchos, es a largo plazo. «La política sirve para construir escenarios de mayor consenso. Los niveles de rechazo de la mayoría automática en 2002 no eran los mismos que en junio de 2003, en el medio pasaron cosas», explica el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez. Para algunes dirigentes oficialistas – al igual que para JxC – el proceso es «puro show», pero para otres es una oportunidad de sentar precedente, de recolectar prueba, emitir un dictamen de acusación – que tiene tres años de estado parlamentario – y esperar a que la relación de fuerzas cambie.
Con este objetivo en mente, el primer paso es firmar el informe de admisibilidad, que es el requisito establecido por el reglamento de la comisión de Juicio Político para pasar al proceso de recolección de pruebas. Hay presentados 14 pedidos de juicio político contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, y aquella instancia sirve para definir si hay o no razones válidas para avanzar con los sumarios. La votación será el 9 de febrero y, si bien el FdT cuenta con la mayoría para aprobar la admisibilidad, sabe que JxC irá con los tapones de punta a dar la pelea. El oficialismo sospecha, por ejemplo, que JxC exigirá que le permitan traer expertos que acrediten la inadmisibilidad del juicio político, de modo de sumar trabas al proceso.
Y es que JxC apostará a confrontar. «Nosotros no vamos a abandonar, vamos a mostrar el circo que es. No nos vamos a quedar en silencio, vamos a contestarles cada cosa que digan», afirmó, con vehemencia, una legisladora del PRO. No todes les legisladores de JxC comparten, sin embargo, esta postura. Desde un principio la coalición opositora se enfrentó a una disyuntiva: ¿vaciar el debate o salir a disputarle la agenda al oficialismo? Finalmente terminó predominando la segunda opción, pero varios dirigentes observan con preocupación que la investigación sobre la Corte Suprema pueda alargarse demasiado.
El FdT, mientras tanto, también está atravesado por diferentes miradas sobre cómo encarar el proceso. Algunes legisladores apuestan a que la investigación dure unos dos o tres meses, otros insisten en que hay que estirarlo lo más posible (hasta que arranque la campaña electoral, si se puede). El proceso de recolección de pruebas también abre varios interrogantes. Por ejemplo, con cuál de las denuncias comenzar. «Los primeros testigos tienen que ser Robles y D’Alessandro, fueron los chats los que empezaron todo esto«, sostiene un diputado oficialista que es partidario de comenzar investigando la connivencia política entre Rosatti y el PRO (puntualmente el gobierno porteño), No será fácil, desde JxC argumentan que el juez Sebastián Ramos ya cerró la causa porque los chats habían sido obtenidos de manera ilegal y que, por lo tanto, no pueden ser utilizados como prueba en la comisión. «Esto es un juicio político, no un juicio penal. Es información pública de trascendencia institucional«, responden, en cambio, desde el FdT.
Existe una discusión interna, aún incipiente, respecto a qué curso de acción tomar en el caso de algún testigo se niegue a comparecer. En el caso de los cuatro jueces de la Corte, estos, en tanto son los acusados, tienen la posibilidad de no asistir y presentar un escrito. Los testigos no. El problema es que, en el caso de ser declarados en rebeldía, se necesita una orden judicial para que las fuerzas de seguridad los hagan comparecer (y algunos diputados desconfían de que haya muchos jueces que quieran firmar ese tipo orden). Rodolfo Tailhade, por ejemplo, está estudiando antecedentes sobre los «poderes implícitos» que tiene el Congreso para garantizar el ejercicio de sus funciones. Según pudo recoger el diputado, existen casos de 1877 y 1995 en los que el Senado ordenó el arresto de particulares.
Otres integrantes de la comisión consideran que la mejor maniobra es comenzar el proceso de investigación por el fallo de coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, para desarrollar la acusación, el FdT convocará como testigos a los gobernadores peronistas, al ministro Wado De Pedro y al procurador del Tesoro, Carlos Zanini. JxC, mientras tanto, no se queda atrás y buscará exigir la comparecencia de Sergio Massa: es sabido que el ministro de Economía nunca se pronunció en público sobre el juicio político a la Corte, por lo que la oposición buscará meter cuña en el oficialismo obligándolo a pronunciarse.
Más allá del orden en el que se terminen encadenando, la comisión deberá investigar unas 60 acusaciones. Está la denuncia por el fallo del 2×1 en el caso «Muiña», la modificación de la composición del Consejo de la Magistratura, las irregularidades en la obra social del Poder Judicial, entre otros. Las mismas están aglutinadas en los 14 expedientes que serán detallados, por primera vez, el próximo jueves en la Sala 1 del Anexo de la Cámara de Diputados (ver aparte). Pero, al igual que el primer encuentro, esta reunión será más bien una formalidad. «El verdadero debate va a llegar con la admisibilidad», coincidió un diputado radical.
La próxima reunión
El jueves 2 de febrero se llevará a cabo el segundo round de la comisión de Juicio Político. El encuentro se realizará a las 11 en el Anexo de la Cámara de Diputados y contará con la participación de les 14 autores de los proyectos de juicio político presentados. Expondrán legisladores como Eduardo Valdés, María Rosa Martínez, Juliana Di Tullio y Paula Oliveto (de la Coalición Cívica), particulares y representantes de asociaciones civiles. En el caso de los particulares hay dos expedientes que refieren a temas vinculados a los derechos humanos: uno de Pablo Llonto por la paralización de la Comisión Intrapoderes, y el otro de Patricia Isasa contra Rosatti por encubrimiento del represor Eduardo Alberto Ramos Campagnolo.
Para evitar que se alargue mucho la reunión, se le dará a cada expositor unos 15 minutos para defender su iniciativa. Luego, cada bloque podrá hacer hasta dos preguntas por expositor. El objetivo del FdT era incluir todos los proyectos presentados para ampliar la investigación y por eso se le dará tiempo a cada une de les autores para que justifique su denuncia. Eso no significa, sin embargo, que todas las denuncias terminen acabando en el informe final de admisibilidad.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/519488-el-juicio-a-la-corte-en-la-linea-de-largada