El gobierno ecuatoriano reclamó que una exministra de Rafael Correa no reciba asilo | María de los Ángeles Duarte está refugiada en la embajada argentina en Quito

El gobierno de Ecuador aseguró que la exministra de Transporte y Obras Públicas exministra-de-ecuador-refugiada-en-la-embajada-argentina-«>María de los Ángeles Duarte, quien se desempeñó en el cargo durante el mandato presidencial de Rafael Correa y que desde hace más de dos años está refugiada en la Embajada de Argentina en Quito, no puede recibir el asilo que solicita por tener una condena firme por corrupción. Frente a informaciones publicadas en medios argentinos sobre un eventual otorgamiento del asilo por parte del gobierno de Alberto Fernández, el ministerio ecuatoriano de Relaciones Exteriores explicó en un pronunciamiento público que esta posibilidad está fuera de los tratados internacionales.

El rechazo de Cancillería

«Las convenciones que norman el asilo diplomático excluyen la posibilidad de conceder asilo a personas condenadas por delitos comunes», remarcó la Cancillería ecuatoriana en representación del presidente Guillermo Lasso. “María de los Ángeles Duarte fue sentenciada por la Corte Nacional de Justicia por el delito de cohecho a una pena privativa de libertad de ocho años, en 2020. Su proceso, que se desarrolló y concluyó con sentencia en firme antes de que se inicie el actual gobierno ecuatoriano, contó con todas las garantías procesales para los acusados. El cohecho o soborno se halla tipificado en las convenciones de las Naciones Unidas e Interamericana contra la Corrupción», explicó la cartera de Exteriores.

Duarte, que fue ministra de Obras Públicas por casi dos años, entre el 19 de febrero de 2015 y el 6 de enero de 2017, se considera una perseguida política y lleva más de dos años junto a su hijo adolescente, refugiada en la embajada argentina en Quito, en calidad de «huésped por razones humanitarias». La exministra permanece en la sede de la misión diplomática argentina desde el 13 de agosto de 2020 y desde entonces, el gobierno de Ecuador le ha trasladado a sus pares argentinos su preocupación, así como la información de la situación jurídica que afronta.

Duarte fue condenada a ochos años de cárcel por cohecho como parte del caso «Sobornos 2012-2016», una supuesta trama de financiación irregular del entonces movimiento oficialista Alianza País, liderado por Rafael Correa, con aportes indebidos de empresas. El expresidente Correa, quien fue uno de los condenados a ocho años de cárcel en este caso en calidad de autor mediato, negó las acusaciones en su contra y denuncia una persecución política para dejarlo fuera del tablero electoral, tal como ocurrió en 2020, cuando el candidato de su espacio fue el economista Andrés Arauz.

«Sobornos es el paradigma del lawfare»

Correa reside desde 2017 en Bélgica y alega tener la condición de refugiado por las autoridades belgas, lo que lo protege frente a una hipotética extradición, un escenario que se había vuelto más probable luego de que las autoridades ecuatorianas iniciaran los trámites en abril de este año. El expresidente de Ecuador disparó este lunes contra el canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, en su cuenta de Twitter.

«Canciller: No sea ridículo. Bélgica y México ya dieron asilo por el mismo caso. El caso Sobornos es el paradigma del lawfare, y el mundo lo sabe. Los verdaderos corruptos son gente como los del caso Pandora o Danubio», planteó el exmandatario, que también le dedicó unas palabras a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien se había hecho eco de una nota del diario Clarín. «Señora: Inaugure la decencia. Hasta en su maldad e incapacidad puede verificar que se trata de una brutal persecución política, como ya lo han confirmado Bélgica, México, Interpol, relatores de Naciones Unidas y el mundo entero».

Pedido del FdT

A principios de este mes, los senadores por el interbloque del Frente de Todos (FdT), Adolfo Rodríguez Saá y Oscar Parrilli, reclamaron que el gobierno nacional extienda el asilo político a Duarte a través de una nota que le hicieron llegar al canciller Santiago Cafiero. La carta menciona que «el lawfare se ha impuesto en la región en los últimos años para intentar sacar de la escena política a los gobiernos nacionales y populares».