Dos senadores uruguayos debatieron de cara al referéndum de la ley neoliberal de Lacalle Pou

Los senadores uruguayos Óscar Andrade y Guido Manini Ríos protagonizaron un encendido debate sobre el referéndum por la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Este proyecto insignia del Ejecutivo encabezado por Luis Lacalle Pou generó polémica desde su presentación en el país vecino, ya que busca modificar leyes en materia de salud, seguridad, derecho a la huelga, educación, empresas estatales y economía, entre otras.

Durante aproximadamente una hora, Andrade y Manini Ríos intercambiaron y defendieron las posturas que presentan en la campaña que desembocará en las urnas el próximo 27 de marzo. El debate, llevado a cabo el martes por la noche en la ciudad de Florida, ubicada a unos 100 kilómetros de Montevideo, contó con cuatro bloques temáticos acordados por los contrincantes: Seguridad Pública, Vivienda, Educación y Relaciones Laborales.

Manini Ríos, líder del derechista Cabildo Abierto (CA), uno de los cinco partidos que integran la coalición gobernante, insistió durante buena parte del debate con que la LUC «protege a los más vulnerables» y dijo que promueve cambios «urgentes» para la ciudadanía como una reforma educativa y el endurecimiento de penas para los delincuentes. En tanto Andrade, senador del FA por el Partido Comunista, sostuvo que la ley aprobada por el Parlamento en julio de 2020 «impone» cambios que deben ser acordados en consenso entre los sectores sociales involucrados y fue particularmente crítico con la limitación del derecho a la huelga.

Seguridad

Manini Ríos, general retirado y excomandante del Ejército uruguayo que ingresó en la política como fundador del derechista CA, aseguró que «una de las principales razones por las que la gente puso a la coalición en el gobierno fue la situación de inseguridad que se vivía en el país y que no iba a haber grandes cambios si continuaba el FA». Agregó que en ese momento «se partía de la base de que el delincuente era la víctima y la sociedad, la victimaria».

Andrade le retrucó que «los cambios en legislación policial quitan garantías y libertades individuales», poniendo como ejemplo que «no es motivo para ser detenido olvidarte de la cédula». Además planteó: «Para proteger a la policía lo que hay que hacer es no bajarle el salario, proteger a la policía no implica que un policía cuando te detenga no tenga cómo avisar al fiscal, eso le quita garantías a la ciudadanía».

En la misma línea, Andrade criticó que las modificaciones priorizan la propiedad privada por sobre la vida. «Esto permite que para un muchacho que salta alambrado por unas manzanas (un hurto, que está mal) la respuesta sea el homicidio», aseguró el senador comunista, advirtiendo que «todos los especialistas» concluyeron que «la combinación de más capacidad de la fuerza y menor rendición de cuentas» se presta a «abusos». 

Educación

En el bloque destinado a la educación, Manini Ríos consideró que «la inmensa mayoría de los uruguayos» cree que «está en franca decadencia». El exmilitar remarcó que la actual «no es aquella educación pública niveladora, que le daba oportunidades al hijo del rico y al hijo del pobre».

Andrade, en cambio, le achacó a la LUC la intención de eliminar la representación docente en el Codicen (Consejo Directivo Central, el órgano rector de la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay). «Pulverizan la representación docente y violentan la autonomía, que es un principio en el que nada tiene que ver el FA», lamentó Andrade, con pasado gremial en el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos.

Vivienda y alquileres

A su vez, el senador frenteamplista se refirió al tema vivienda en el que aseguró que los regímenes de alquileres en todo el mundo tienen regulaciones a favor del inquilino, y en cambio, la LUC «amontona un conjunto de iniciativas feroces, hasta crueles con las familias». Sostuvo que establece una «discrecionalidad absoluta en los plazos» y multas «de hasta cuatro meses y medio si te demorás un día en entregar la vivienda».

Por su parte, Manini Ríos subrayó que la ley «busca estimular que parte de las viviendas vacías se vuelquen al mercado para bajar los precios» de los alquileres. «El propietario, que no es el estereotipo que se pone de rico poseedor de decenas de inmuebles que quiere maximizar su negocio, generalmente se trata de alguien de escasos recursos que alquila la pieza del fondo y puede llegar a fin de mes. Se le generan serios problemas cuando el inquilino no le paga», dijo el líder de CA.

Derecho de huelga y relaciones laborales

El cuarto bloque del debate estuvo centrado en los cambios establecidos por la LUC en materia laboral. Andrade destacó que se trata de la primera vez que se reglamenta el derecho de huelga y sin diálogo social, «en un contexto de caída de los salarios y jubilaciones». Planteó que «pareciera que para el gobierno el problema es el trabajador cuando se organiza».

Andrade mencionó que el Instituto de Derecho Laboral de la Universidad de la República calificó la nueva normativa como una «patente de corso para la utilización de rompehuelgas». El senador frenteamplista afirmó que la filosofía de la LUC en esta materia es «profundamente equivocada» y «deteriora 100 años de relaciones laborales».

Manini Ríos afirmó, a su turno, que reglamentar el derecho de huelga «es un mandato constitucional», y consideró que la LUC «lo que hace es defender los derechos de los más débiles», que son «aquellos trabajadores que no se pueden dar el lujo de perder su jornal por adherir obligados a una medida de fuerza la cual pueden no compartir».

Después de una intensa búsqueda de apoyos en plena pandemia, la plataforma «Yo Firmo», creada por colectivos progresistas con el respaldo de la central sindical, el PIT-CNT, y el FA, obtuvo a finales de 2021 las firmas necesarias para la celebración de la consulta. En diciembre pasado, y tras la confirmación de que se superaron las 671.544 firmas necesarias en Uruguay para el llamado a un referéndum, la Corte Electoral resolvió la fecha de la consulta y el color de las papeletas en pugna: el rosa para el «Sí», promovido por la oposición, y el celeste para el «No», defendido por la coalición de gobierno.