La Cámara Federal de Casación Penal anuló este martes la revocatoria de la prisión domiciliaria que se había ordenado a un exmilitar imputado en el juicio unificado que sigue el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata por delitos cometidos durante la última dictadura militar en cuatro ex centros clandestinos de detención, y dispuso que nuevamente se le restituya ese beneficio al imputado. Se trata de Guillermo Alberto Domínguez Matheu, exjefe de Actividades Psicológicas del Destacamento 101 y uno de los 15 represores que están siendo juzgados desde octubre 2020 en el marco del juicio «Brigadas» por la privación ilegítima de la libertad, torturas, crímenes y abuso sexuales cometidos contra unas 600 víctimas alojadas en el Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, El Infierno de Lanús, y Brigada San Justo.
El TOF 1 de La Plata había revocado a principios de julio la prisión domiciliaria de la que Domínguez Matheu gozaba desde el 2017, y ordenó su trasladado a la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde permanecía detenido. La defensa pública del imputado apeló la medida y este martes se informó que la Sala de Feria de la Cámara Federal, integrada entre otros por el macrista Carlos Mahiques –vinculado al escándalo de Lago Escondido– anuló la revocatoria por considerar que «no se fundaron lo suficiente los motivos» por los que había que quitarle un beneficio del que gozaba desde hace 6 años, sin que en todo ese tiempo haya incumplido con el mismo ni exista peligro de fuga actual.
Guillermo Alberto Domínguez Matheu, de 81 años, fue capitán del Ejército y jefe de Actividades Psicológicas del Destacamento 101 de La Plata. Su papel fue clave para la detención de las víctimas que fueron llevadas al Pozo de Banfield y «El Infierno» de Lanús. Está acusado de la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos en esos mismos centros clandestinos y por los delitos de abuso sexual y homicidio calificado.
Testimonios de los testigos
El juicio denominado «Brigadas», en alusión a los ex centros que funcionaron en la Brigada de Quilmes, de Banfield, de Lanús y de San Justo durante la última dictadura cívico militar, continúo este martes con la declaración de sobrevivientes.
«Es reparador para los sobrevivientes que se realicen estos juicios, saber que se va haciendo justicia, saber que habrá justicia es lo que nos mantuvo de pie», afirmó María Leonor González Martínez, profesora de literatura que fue secuestrada el 23 de julio de 1975 y estuvo detenida en el Pozo de Quilmes.
Mientras estuvo cautiva, la mujer sufrió el secuestro y desaparición de su madre, María Luisa Martínez de González, que era partera del Hospital de Quilmes y relató su secuestro y las torturas con picana sufridas en ese ex centro clandestino.
También declaró en esta audiencia María Isabel Simón, cuyo hermano Rodolfo fue secuestrado y desaparecido. «El terrorismo de Estado con la desaparición de mi hermano provocó daños irreparables a nuestra familia, empezando por nuestra madre, que murió el año pasado con 97 años sin alcanzar esta instancia reparadora», expresó la testigo.
«Con todo respeto señor juez quisiera expresar que deseo, necesito y exijo que se haga justicia por mi hermano y los 30 mil detenidos desaparecidos», agregó.
Cástulo Bogado, extrabajador de la empresa Acindar en Rosario, relató también su secuestro en marzo de 1975. Explicó que «gente armada» a bordo de Ford Falcon había comenzado a circular por la fábrica y el 20 de marzo de 1975 lo secuestraron tras irrumpir en su casa, donde estaban su esposa y sus dos hijos, en la localidad santafesina de Villa Constitución. El hombre fue duramente golpeado mientras era conducido en automóvil, con los ojos vendados, al tiempo que le advertían que «esto (los golpes) es el vermut, que después venía algo peor».
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/573444-domiciliaria-para-un-genocida-del-pozo-de-banfield