Después de que llegaran intimaciones de cobros millonarios por marchar, la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que Patricia Bullrich y el gobierno de Javier Milei buscan perseguirlos, castigarlos y disciplinarlos por salir a protestar. La presentación fue motorizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y se replicó en un pedido ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que le reclame a la administración de La Libertad Avanza (LLA) que cese con el amedrentamiento.
Distintos sindicatos y organizaciones gremiales recibieron en los últimos días una carta documento desde el Ministerio de Seguridad –que conduce Bullrich–intimándolos a pagar por el operativo de seguridad que se montó el 27 de diciembre. Ese día, la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales se movilizaron a la Plaza Lavalle para acompañar la presentación de un amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 con el que Milei busca regular a favor de los grandes grupos económicos. La CGT y la CTA de los Trabajadores lograron frenar parte de ese DNU en la justicia laboral.
En promedio, el Ministerio de Seguridad les pidió a las organizaciones que paguen 60.000 dólares, según surge de la presentación que ya está en poder de la CIDH. Las notas llegaron firmadas por el secretario de la Coordinación Administrativa del Ministerio, Martín Siracusa, un economista de confianza de Bullrich. Siracusa, de hecho, quedó a cargo del Instituto de Estudios Estratégicos sobre Seguridad (IEES) cuando la Inspección General de Justicia (IGJ) denunció que era usado por Bullrich para recaudar indirectamente para su campaña presidencial.
Bullrich arrancó su segunda gestión como ministra de Seguridad con la presentación en sociedad de un protocolo que les dice a las fuerzas que deben impedir las manifestaciones que corten las calles. El anuncio del protocolo fue hecho, con bombos y platillos, dos días después de que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo difundiera un mensaje grabado con los puntos centrales del ajuste. El mensaje pareció claro: habría ajuste y represión.
El 20 de diciembre pasado, Bullrich implementó por primera vez el protocolo para intentar prohibir la movilización que se hace todos los años para recordar a las víctimas de la represión policial que precedió a la renuncia de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001. La marcha se hizo igual. Ella movilizó más policías que manifestantes y desató un conflicto con el gobierno porteño porque las fuerzas federales intervenían en jurisdicción de la Policía de la Ciudad. El operativo fue desproporcionado e incluyó, por ejemplo, la presencia de helicópteros que sobrevolaban la Ciudad de Buenos Aires. En las estaciones de trenes se escuchaban mensajes que avisaban que quienes salieran a marchar podían perder asignaciones sociales.
Dos días después de ese show iniciático, Bullrich publicó la resolución 949 en el Boletín Oficial. A través de ella, establece un sistema de cobro a las organizaciones que ejerzan su derecho a la protesta. En los fundamentos de la resolución, Bullrich llega a una conjunción de gorra y motosierra. Habla de la conveniencia de recaudar y sostiene que “no es justo ni equitativo” que otros contribuyentes paguen por una “actividad ilícita” –como si salir a la calle fuera equivalente a cometer un delito.
En la resolución, Bullrich establece distintos parámetros para cobrar por los operativos policiales: las horas/hombre, el combustible que se gastó, los elementos que se consumieron y si hay gastos de curación de efectivos que pudieran haber resultado heridos. Las fuerzas deben hacer sus estimaciones en 24 horas y enviarlo al Ministerio, que después manda las cartas documento para intentar cobrarles a las organizaciones que salen a las calles para reclamar pan y trabajo, y que cese el ajuste.
Además de ser un mecanismo intimidatorio, el sistema de cobro de Bullrich es absolutamente opaco. No se sabe cómo se hacen los cálculos, no hay mecanismos de control ni posibilidad de hacer un descargo administrativo. La única chance que se les da a las organizaciones convocantes es la de pagar en diez días hábiles.
“La decisión de trasladar los gastos operativos de la seguridad a los manifestantes, ya sean individuales o agrupados dentro de organizaciones sociales o sindicales, implica que el Estado se desentiende por completo de sus obligaciones (incluso internacionales) de proveer seguridad al pueblo”, afirmaron las organizaciones en la presentación.
Según las centrales obreras, quedan claras las “intenciones del Estado argentino de perseguir, castigar, disciplinar y desincentivar el ejercicio del derecho a la protesta mediante el cobro de gastos millonarios para cubrir operativos de seguridad de las protestas sociales” que son un deber estatal.
El envío de las cartas documento es la modalidad escogida por la ministra de Seguridad para encender los ánimos para la movilización convocada para el próximo 24 de enero, cuando la CGT, las dos CTA, los movimientos sociales y los organismos de derechos humanos se congregarán alrededor del Congreso para pedirles a los legisladores que rechacen el DNU y no voten la ley ómnibus que envió la administración Milei.
Bullrich ya recibió tirones de orejas por su protocolo anti-manifestaciones. El relator especial de la ONU para la libertad de reunión pacífica y asociación, Clement Nyaletsossi Voule, tuiteó que estaba recibiendo informes alarmantes sobre lo que sucedía en la Argentina y resaltó que “silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales”. La CIDH y la Relatoría de Libertad de Expresión también recordaron en X (exTwitter) que la protesta social es un elemento esencial en las sociedades democráticas y que el Estado debe garantizarla.
La ministra de Seguridad se sintió molesta por los reclamos internacionales –que cosechó antes de que el gobierno de Milei cumpliera su primer mes. Así se lo hizo saber el jueves a los representantes para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que fueron a verla a su oficina de la calle Gelly Obes. Según comunicó Bullrich, les dijo que las denuncias contra su protocolo son intentos de la oposición de crear un “clima de inestabilidad política e institucional”.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/703696-denuncian-a-patricia-bullrich-ante-la-onu-y-la-cidh-por-las-