De gringadas torpes, cipayaje y dolor de Patria

Esta semana y en veloz acción, Axel Kicillof, a través de su ministro de gobierno Carlos Bianco, puso la debida atención sobre el dizque «convenio» o «acuerdo» entre la Administración General de Puertos (AGP) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para intervenir en el río Paraná.

Provocación infame, y hasta algo zonza, que no fue suficientemente repudiada por inconstitucional y absurda, toda vez que el supuesto acuerdo jamás pasó por el Congreso ni fue informado previamente al periodismo ni a la ciudadanía. Y ello además del dato fundamental de que el US Army Corps of Engineers no es una institución par del sistema democrático argentino, tanto así que el anuncio fue tan torpe que ni siquiera informaron al Ministerio de Defensa ni a la Armada Nacional ni a la Prefectura Naval Argentina. Lo que es elemental en cuestiones de Soberanía en aguas jurisdiccionales.

Esto, que en cualquier barrio se llama vulgarmente «tomada de pelo», es altamente ofensivo para nuestro país y sencillamente insostenible. Sobre todo ante el inexplicable silencio del gobierno nacional y del sistema mentimediático.

Para colmo, el texto del dizque «acuerdo» contiene ridículas disposiciones como que «cada participante conserva autonomía para llevar a cabo investigaciones independientemente»… Y encima impone ridículas «Restricciones sobre la divulgación» del supuesto convenio. Que termina con que «Los Participantes acuerdan que todos los datos, documentos e información obtenidos para la ejecución (…) así como los análisis, informes o programas generados que sean considerados como información no divulgable, no podrán ser divulgados total ni parcialmente». Increíble, o sea.

Y por si fuera poco, la torpeza se perfecciona en el punto «Resolución de Diferencias», donde se dice que «se espera» que las mismas «se resuelvan únicamente mediante consultas informales entre los Participantes y no se contempla la remisión a ningún tribunal nacional o internacional ni a ninguna otra persona o entidad para su resolución». Lo que hace pensar que muchos medios difundieron el mamarracho sin haberlo leído.

Lo cierto es que no habiendo hasta ahora autorización de ninguno de los dos Congresos, es obvio que el presidente Milei quiere a toda costa militarizar el Paraná (para él Hidrovía, nombre impuesto por el cipayaje a nuestro magno río). Y ante eso Kicillof exigió información clara y veraz, ya que la provincia que gobierna integra el Ente Nacional de Control y Gestión del Paraná junto con las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe.

Por lo tanto y con todo derecho, AK entiende que este disparate puede tener «efectos directos» sobre los bonaerenses y los planes provinciales, ya que en ese absurdo «convenio» no hubo participación ni del Congreso ni de Cancillería.

En estos contextos algunos sectores militantes se preparan para cuando este gobierno pase, porque va a pasar, más temprano que tarde y cuanto antes mejor. No son pocas las personas que hacen reserva moral de rechazo a todo lo actuado en contra de los intereses populares y de la Soberanía Argentina sobre todos los bienes naturales de la Patria, sean en tierra como en mar y en todas las aguas, y tanto en subsuelo como en espacio aéreo.

Todo habrá que recuperar, y será una tarea ciclópea para la que ya se hacen reservas. Así, se conocen acciones en sectores patrióticos –como sabe de primera mano esta columna– donde hay «decisión tomada en el sentido de no aceptar las disposiciones, medidas y compromisos contrarios a los intereses históricos de la República Argentina y que hayan sido asumidos por el actual gobierno en desmedro de los esenciales intereses de la Patria». Altisonante decisión que sin embargo, y como no podía ser de otro modo, crece en ámbitos políticos, culturales y económicos, y en todas las provincias.

Puede que sorprenda a algunos dirigentes de las más diversas militancias políticas –en especial los que siempre llegan tarde pero se colocan rapidito en primera fila– pero en estas materias todo optimismo es bueno. Y más si se trata de hacer docencia cívica respecto del delito de traición a la Patria, que sólo una vez fue juzgado y terminó con una condena, en 1936. De donde es obvio que ha sido blanda la Argentina al tolerar a decenas de traidores que ni siquiera fueron a juicio.

Por eso, sirva como ejemplo de amor a este país la actitud de juristas que están impulsando acciones tendientes a juzgar y condenar al presidente Milei. El abogado porteño Daniel Valmaggia hizo punta con una demanda hace un mes y medio; y la semana que pasó, y con extraordinaria precisión, se inició desde Córdoba un severo proceso jurídico contra el todavía primer mandatario. La denuncia penal fue presentada en la Fiscalía de Turno de la Justicia Federal de Córdoba, y denuncia la derogación de la Ley de Tierras 26.737 en abierta violación al Tratado de Escazú y al Convenio 169 sobre Derechos Indígenas.

Esta denuncia incluye a todos los ministros que firmaron el DNU 70/2023, quienes «habrían incurrido en incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y asociación ilícita». El texto sostiene además que: «Al derogar la Ley de Tierras, que limitaba la compra de propiedades por personas y corporaciones extranjeras, el presidente puso una ilimitada bandera de remate para bosques nativos, glaciares, zonas con abundante agua subterránea y yacimientos de minerales valiosos».

La presentación judicial, de 76 páginas, fue presentada el pasado 5 de marzo por el Dr.Raúl Montenegro, profesor titular en la Universidad Nacional de Córdoba y director del Campus Córdoba del Right Livelihood College, institución con sede en Bonn, Alemania, que desde 1980 otorga el Premio Nóbel Alternativo. En 2004 Montenegro lo recibió en el Parlamento Sueco. Y ahora, con el patrocinio del ex Juez Federal cordobés, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, presentaron todos los argumentos jurídicos que tornan al DNU como «de nulidad absoluta e insanable».

Pero lo más potente de esta demanda consiste en que además de Milei se incluye, como denunciados penalmente, a los ministros Nicolás Posse, Guillermo Francos, Diana Mondino, Luis Petri, Luis Andrés Caputo, Patricia Bullrich, Mario Antonio Russo, Mariano Cúneo Libarona, Guillermo José Ferraro y Sandra Pettovello.

La denuncia judicial también pide a la Justicia que «investigue cómo se elaboró el DNU que deroga la Ley de Tierras, en particular si participó o no Federico (Sturzenegger, presumiblemente), y/u otros consultores, y si estos mantuvieron contactos previos con personas y empresas que pudieran beneficiarse con la derogación de esa ley». Tras calificar de «salvaje e insensata» la política de destrucción de organismos del Estado que controlan a corporaciones, en la presentación se señaló que las modificaciones propuestas en el proyecto de Ley Ómnibus a las leyes de bosques, glaciares e incendios «complementan descaradamente la derogación de la Ley de Tierras» y le dan impunidad a megamineras, industrias contaminantes y agronegocios. No es posible que décadas de luchas sociales exitosas y un responsable trabajo parlamentario sean destruidos por una persona que muestra crueldad, intolerancia y desconocimiento de la crítica situación socio-ambiental de la Argentina. Ya se cuentan espontáneas listas de adhesiones al Manifiesto que fue hecho circular esta semana con las causales de acusación.