Crónica de una condena anunciada

A minutos de la condena, Cristina fundó su renunciamiento en que está instalado en el país un Estado paralelo y mafioso. El impacto de lo dicho es inevitable. Para aproximarse a la dimensión y el sentido de lo sucedido, hay que acercarse al concepto de mafia. 

Rocco Carbone la define como “un poder criminal organizado cuyas acciones muy raramente dejan rastros comprobables -y por ende perseguibles- por parte de un Estado”. Hay que recordar que las mafias tienen 200 años de antigüedad y se originan en Italia. Continúa Carbone: “En Italia, en contadas ocasiones, ha logrado copar partes del Estado, pero nunca ha podido hacerlo desde la cúspide que implica la Presidencia de un gobierno. En Argentina en cambio, estamos frente al crecimiento de las ambiciones de un poder mafioso que ha aumentado su escala y ha copado el Estado desde su cúpula” (Rocco Carbone. Mafia Capital. CABA 2019). Ahí está una de las claves para la comprensión del momento que atravesamos.

El proceso de persecución a Cristina Fernández de Kirchner ha sido pensado y desarrollado eficientemente por integrantes de una organización criminal. Entre las causas judiciales inventadas al efecto, la de vialidad es la que más impresiona. Es además, la primera en la que se logró una condena y su preparación comenzó en el año 2016. Es interesante recordar algunos detalles. El 13 de abril de ese año, se excarceló a Leonardo Fariña luego de varias veces de denegado ese beneficio y ante la oposición a su liberación de parte del fiscal del tribunal, Carlos Dulau Dum. Se lo incorporó al “Programa de Protección de Testigos e imputados” (sic). No sólo se lo liberó, sino que se le brindó una vivienda gratuita y el mismo Fariña exigió luego una de mayor lujo. El pedido se lo hizo en persona y en su despacho, al propio ministro de Justicia de Mauricio Macri, Germán Garavano, quien gustoso aceptó.

Tanto la liberación como las prebendas posteriores, sólo requerían que el nombrado Fariña declarara en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Pero, como el liberado no conocía una palabra del tema de obras públicas, se le asignó una abogada para instruirlo al respecto y que declarara con alguna fundamentación al ser convocado.

En esa maniobra de excarcelación y preparación del falso testigo Fariña, quedan expuestos una multiplicidad de delitos que abarcan al ministro de Justicia y a su jefe, el ex presidente Macri. Sobre el nombrado, señala Jorge Beinstein: “ En mi conocimiento, no existen antecedentes de que un personaje sobre el que pesan fuertes sospechas de ser miembro orgánico de la N´drangheta, una de las organizaciones mafiosas más importantes y peligrosas del mundo, ocupe la primera magistratura del país.” (El lado oculto de la familia Macri”. Edit. Ciccus, CABA 2019).

Los detalles recordados permiten comprender mejor los certeros conceptos de la vicepresidenta. Como se dijo, el plan que condujo al fallo, fue diseñado y puesto en marcha 6 años antes y sumado al resto de las maniobras ilegales de persecución de Cristina, debería bastar y sobrar para la nulidad absoluta de la sentencia y de todo el juicio. Simultáneamente debería ser base para el encausamiento y oportuna condena de los jueces y fiscales del fraude. Claro, todo eso en condiciones normales. Y condiciones normales son la vigencia de la ley y la constitución.

El Estado paralelo y justicia mafiosa que denuncia Cristina Fernández, aniquila el debido proceso legal y desorienta hasta sus letrados defensores, a pesar de la excelencia académica que los distingue. Ello por cuanto en las Facultades de Derecho se enseña a defender según parámetros de códigos legales. Pero resulta que los códigos de la mafia, se imprimen en otra editorial. Es la imprenta en la que se forman quienes instruyen la etapa inicial de estas falsas causas, Ercolini como juez, Mahiques como fiscal. A su vez, quienes se suben al estrado inquisidor, como el juez Giménez Uriburu, que chupan del mate Liverpool en la propia casa del capo bastone Mauricio Macri. Y ahí, en la lectura de unas pocas hojas cubiertas de sangre, resbalan hacia el infierno los códigos oficiales con que se graduaron los indignados abogados. Como era de esperar, sus profundos argumentos no conmovieron ni un milímetro a quienes desde la soberbia y la impunidad hoy sentencian a la perseguida.

Está claro que en Argentina opera una organización criminal de corte mafioso. Se trata de una aceitada maquinaria con presencia en los estratos más variados de nuestra sociedad.

Desactivarla no sólo nos dará tranquilidad, sino que creará, además, las condiciones para que Cristina vuelva a dirigir los destinos del país, sin Estados paralelos ni mafias nauseabundas.