Consejo de la Magistratura: La familia judicial toma todo el poder | Alianza entre la oposición y los magistrados

La oposición y la corporación judicial se aliaron para dejar la conducción del Consejo de la Magistratura en manos de un juez y una jueza. Al supremo Horacio Rosatti, que obtuvo la presidencia del cuerpo gracias a un fallo que él mismo firmó, se suma ahora como vice la jueza civil Agustina Díaz Cordero, quien trabajó para el Ministerio de Justicia del gobierno de Mauricio Macri y llegó al organismo como representante de la lista Bordó de la Asociación de Magistrados, la más conservadora y antigobierno (o antiperonista). Desde el oficialismo varios consejeros/as cuestionaron este nuevo esquema como «un retroceso» y un intento de «garantizar impunidad» a funcionarios del macrismo que tienen causas pendientes y «mantener el statu quo«. Hubo enojos desde la otra vereda, ataques y contraataques y unos cuantos reproches en la cara al cortesano Rosatti. También hubo acuerdo unánime para conformar las comisiones, aunque no fueron elegidas las respectivas autoridades. 

Fue la primera sesión después de casi nueve meses de parálisis. El último plenario había sido el 15 de julio del año pasado. Este martes hubo negociaciones hasta último momento, que demoraron el arranque, pero la realidad es que una oposición mixta (combinación de políticos/as y judiciales) logró manejar el tema central y simbólico de la vicepresidencia, y consiguió los 13 votos necesarios para avalar a Díaz Cordero. A simple vista, es el avance de la propia familia judicial sobre el sistema junto a referentes radicales y del PRO que la protegen, como lo hacen frente al juicio político a los cortesanos. La jornada empezó con cierta solemnidad pero con el correr de los minutos, y tras la votación, el clima se fue caldeando a medida que se sumaban voces opositoras. 

Reacciones

«Es un retroceso que los dos cargos más importantes del Consejo correspondan a un solo estamento», cuestionó el diputado Rodolfo Tailhade. Se dirigió a Rosatti y señaló que ese criterio no respeta ni siquiera el fallo de la propia Corte que decidió alterar la conformación del organismo reimplantando una ley derogada hace 16 años, y que decía que debía haber «equilibrio» para «evitar acciones hegemónicas» de la política. «Ahora los jueces tienen esa hegemonía. No se puede admitir dos jueces en la presidencia y vice. A las y los magistrados que integran el organismo, advirtió el diputado, los eligen 700 jueces y juezas que los votan dentro de su corporación mientras que «nosotros (el  oficialismo) tenemos el bloque más consolidado de seis, entre ellos somos dos diputados, deberíamos ser dos senadores, y representamos a todo el pueblo argentino», advirtió. Subrayó la falta de un senador, otra decisión de los jueces supremos que hace que el Consejo siga incompleto ya que no le quisieron tomar juramento a Martín Doñate (senador por Unidad Ciudadana), mientras avanza un pleito impulsado por el senador Luis Juez (JxC), que cree que el cargo es suyo.   

El senador Mariano Recalde (Frente de Todos) señaló la situación irregular en la que funciona el organismo que elige y sanciona jueces/zas, acorde la sentencia de la Corte en cuestión pero no a una nueva ley. «Esto, al igual que la designación de Díaz Cordero, es para que el Consejo lo manejen los jueces, garantizar impunidad y mantener el statu quo. Nosotros venimos con otra representación y otro objetivo. Venimos a cambiar lo que está mal», se enojó. Un rato antes el camarista y consejero Alberto Lugones había planteado que sería bueno tener en claro «para qué se eligen autoridades» y lanzó una serie de propuestas. Recalde le retrucó: «Yo tengo alguna respuesta y está en ese fallo dictado por cuatro integrantes de la Corte que hoy están sometidos a juicio político por mal desempeño con graves acusaciones, como violar el sistema republicano. Un fallo que puso como presidente del cuerpo a uno de los firmantes del mismo fallo. Una de las cosas más graves que puede cometer un juez es eso, ser juez y parte. Lo sabe cualquier estudiante de Derecho». 

La votación

El nombre de Díaz Cordero para la vicepresidencia lo había fogoneado el propio Rosatti. Llegó a consejera al postularse por la lista Bordó de la Asociación de Magistrados, donde ya había hecho escuela su madre, la excamarista María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, quien presidía la sala B de la Cámara Comercial y manejó los infinitos tiempos del concurso de acreedores del Correo en favor de Mauricio Macri y su familia. El propio Macri promovió la designación de Díaz Cordero hija como jueza civil en 2018 tras un concurso controvertido. Muchos lo leyeron como una retribución a su progenitora. La ahora jueza había sido antes asesora del ministro de Justicia Germán Garavano, y había participado como coordinadora en esa gestión de un proyecto de reforma procesal civil y comercial. 

Quien postuló a Díaz Cordero en el plenario para ocupar la vicepresidencia fue el diputado de Juntos por el Cambio Alvaro González. Dijo que lo hacía porque tiene una extensa trayectoria y porque es mujer. González tuvo un papel relevante dentro y fuera del recinto. También hizo otra parte importante el abogado radical Miguel Piedecasas. Junto con ellos este bloque lo integran los radicales Roxana Reyes (diputada) y Eduardo Vischi (senador), el juez Diego Barroetaveña, la abogada Jimena de la Torre (ex funcionaria en la AFIP macrista), y las juezas Alejandra Provítola y Díaz Cordero. A la hora de levantar la mano habían logrado sumar a ellos a los dos consejeros académicos, Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit, al camarista Lugones (que supo ser más cercano al oficialsimo) y a la representante de la abogacía Fernanda Vázquez, que es decana de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora. 

El oficialismo quiso postular al abogado Héctor Recalde, pero no llegaba con los votos a la mayoría calificada. Lo apoyaban, además de Tailahde que lo propuso, el representante del Poder Ejecutivo Gerónimo Ustarroz, la senadora María Inés Pilatti de Vergara, Mariano Recalde y la diputada Vanesa Siley. Frente al triunfo opositor, Tailhade dijo: «Lamento que sea la política la que impulse este retroceso». 

Retruco  

González se ofuscó frente a las apreciaciones del oficialismo. «Yo no estoy acá para garantizar la impunidad de nadie. Estoy acá para ejercer una función para la que un bloque de la Cámara de Diputados me eligió». Poco antes, De la Torre había hecho una exposición donde parecía desbordar de esperanza con todo lo que se viene en el Consejo, y pidió concursos de jueces objetivos, transparentes y equitativos, además de remarcar que hay concursos en el consejo para 166 cargos, y remarcar que hay 75 pliegos que esperan decisiones en el Poder Ejecutivo y el Senado. Tailhade le recordó que ella fue consejera durante todo el año pasado y que «debió haber aplicado su compromiso republicano en 2022 cuando este Consejo se reunió solo dos veces».  

Piedecasas, a su turno, acusó a la dirigencia política: «La deuda es de la política, que no le dio a la República Argentina una nueva ley (del Consejo de la Magistratura)». Lo que no aclaró el abogado y consejero es que no se avanzó por los obstáculos interpuestos por la oposición a toda reforma judicial impulsada por el FdT. La diputada Reyes también gruñó: «No voy a permitir que se diga que venimos a defender al gremio judicial». Reyes le debe a la Corte haberle tomado juramento pese a que había un fallo judicial que cuestionaba su designación como consejera. Doñate no tuvo la misma suerte. Siguió: «No vamos a permitir el avasallamiento de la Justicia con esa obsesión que tiene el kirchnerismo por ir sobre los poderes del Estado y fundamentalmente sobre los jueces». 

Cuando tomó la palabra, la diputada Siley recordó algunos ejemplos bien conocidos de cómo la oposición y el propio Rosatti pusieron obstáculos. «No finjamos demencia en el Consejo -dijo la legisladora-. Estamos acá sentados después de nueve meses (de falta de actividad). A punto tal que tenemos la terna para los cargos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi» sin votar, para la Cámara Federal de Comodoro Py, advirtió. Miró a Rosatti y le dijo: «Este Consejo sin usted presidiendo cumplió con su fallo». La Corte había dicho que ambos jueces, trasladados a dedo por el gobierno de Macri, no podían ser definitivos y se debían hacer concursos. El concurso se hizo, la terna se armó y la oposición no la quiso votar nunca, porque no les gustaban los candidatos. «Luego el Consejo dejó de funcionar. Recibimos el incumplimiento del fallo por quien lo firmó, el avasallamiento de las instituciones por quienes dicen defenderla. Todo parece el mundo del revés. Debe ser un privilegio poder escribir un fallo y después sentarse en el lugar donde hay que ejecutar ese fallo. Yo lo ejecutaría rá0pidamente», ironizó. Luego exigió que se pongan días y horarios de reunión. También pidió avanzar con las más de 400 denuncias contra los jueces que viajaron a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido. ¿De qué vamos a hablar en  el Consejo de la Magistratura? Esta es una cuestión que conoce toda la sociedad. ¿No va a ser una prioridad?» 

Más allá del debate, a la hora de votar integrantes de la comisiones nadie puso reparos. La puja vendrá la semana próxima, cuando haya que elegir sus autoridades.