La Cámara Federal de Casación Penal no sorprendió cuando resolvió que la investigación por el viaje de jueces y funcionarios porteños a la estancia de Joseph Lewis en Lago Escondido pase a los tribunales de Retiro y no siga en la justicia de Bariloche. La decisión fue de la sala I del máximo tribunal penal federal del país que dispuso «declarar competente al juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Federal 2» de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Sebastián Ramos de reconocida amistad con el ahora exministro de Justicia y Seguridad porteña, Marcelo D’Alessandro.
Los jueces de Casación Daniel Petrone y Diego Barroetaveña explicaron que «comparten» el criterio del juez de la sala II de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah, quien sostuvo que la justicia de Bariloche debía inhibirse y enviar la investigación a Comodoro Py. Curiosamente, en los chats que trascendieron después que se conociera el viaje los juewces que habían viajado decían que la investigación iba a terminar en Comodoro Py, donde juegan de local. No se equivocaban.
Petrone y Barroetaveña aceptaron además la «excusación» del tercer integrante de la sala, el juez Carlos Mahiques, para intervenir en el caso ya que es uno de los imputados en Bariloche por haber participado de ese viaje que se hizo en un avión privado junto a otros colegas del fuero. Casación dispuso informar lo resuelto al juzgado federal de Bariloche, desde donde deberá enviarse la causa a Comodoro Py.
La semana pasada, el camarista porteño Eduardo Farah, del tribunal intermedio de apelaciones de Comodoro Py, resolvió trabar competencia e ir a Casación ante la negativa a inhibirse del juzgado federal de Bariloche. El 1 de febrero pasado, Farah había resuelto que la investigación debía pasar a los tribunales federales de Retiro porque los imputados ejercen funciones en esta jurisdicción.
Farah sostuvo que en el caso tiene que intervenir el juez federal Sebastián Ramos, al hacer lugar a un planteo de inhibitoria que presento otro de los jueces imputados, Pablo Yaradola. Con argumentos que ahora Casación sostuvo compartir, ratificó que a su juicio la investigación debe seguirse en Comodoro Py porque los implicados son «funcionarios públicos (jueces federales, un ministro y un fiscal), entre otros, por haber aceptado determinados servicios de costo económico, ofrecidos por empresarios en razón de los cargos que ejercían».
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/534551-comodoro-py-se-queda-con-lago-escondido