Cinco argumentos sobre la protesta estudiantil | Toma de escuelas

La protesta estudiantil secundaria de los últimos días puso en circulación algunos argumentos que merecen ser discutidos:

(1) Los menores de edad no pueden agremiarse. Es falso. En 1984 el gobierno de Raúl Alfonsín derogó el llamado “Decreto De la Torre” de 1936 que prohibía peticionar a los secundarios (sólo los padres podían hacerlo en su representación) y legalizó, a través de la Circular 78, los Centros de Estudiantes secundarios. En 1988 la provincia de Buenos Aires, mediante la Ley 4182, creó los Consejos de Escuela con participación de adolescentes, durante el gobierno de Antonio Cafiero. Toda la legislación reciente apunta a la “autonomía progresiva de los menores de edad”: la Ley 23849 que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño (1994), la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2005), la Ley 26206 de Educación Nacional (2006), la Ley 26877 de reconocimiento de los centros de estudiantes secundarios como órganos democráticos de participación estudiantil (2013) y en la Ciudad de Buenos Aires las Leyes 114 de Protección Integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes y 137 de autorización de centros de estudiantes secundarios y terciarios, ambas de 1998.

(2) Las tomas se realizan porque en la Ciudad de Buenos Aires gobierna Cambiemos. Un disparate. En 1918 los estudiantes tomaron la Universidad de Córdoba y de esa gesta surgió la Reforma que pronto extendió su influencia por toda América latina. En 1955 los estudiantes de la FUBA tomaron las facultades para presionar al gobierno de facto por la designación de José Luis Romero como rector, lo que sucedió. En 1969 los estudiantes tomaron no sólo la universidad sino el barrio Clínicas contra la dictadura de Onganía. Fue el llamado Cordobazo. En los años 90 facultades de varias universidades nacionales fueron tomadas contra la Ley de Educación Superior menemista. Y en la Ciudad las primeras tomas de escuelas medias fueron entre 2002 y 2005, durante los gobiernos de Aníbal Ibarra. Las de 2002 fueron en reclamo de viandas alimentarias, tras la debacle socioeconómica de diciembre de 2001. Las de 2005 fueron en reclamo de mejor seguridad e infraestructura escolar, tras la tragedia de Cromañón.

(3) El gobierno porteño puede hacer la política educativa que se le antoje. No es así. Haber sido elegido por el 55 por ciento de los votos no invalida la necesidad de consensuar. Y las políticas educativas se acuerdan en el Congreso y en el Consejo Federal de Educación, que reúne a los 24 ministros provinciales. La Secundaria del Futuro no es una ley nacional, ni un acuerdo del Consejo Federal sino un experimento local inconsulto. Ni siquiera es una política educativa de Cambiemos, toda vez que Mendoza, Jujuy y Corrientes cumplen los acuerdos del Consejo Federal y no implementan este experimento.

(4) Los estudiantes no quieren hacer pasantías. Falso. Para afirmar tal cosa lo primero que habría que hacer es ofrecer pasantías a los estudiantes. La Ley 26.427, sancionada con el apoyo de oficialismo y oposición en 2008, establece que pueden ser pasantes solo los estudiantes de 18 años y más (lo que reduciría su aplicación a estudiantes de 6º año y repitentes), los que deben recibir (art. 15 de esa ley) una asignación estímulo proporcional al salario básico del convenio colectivo de trabajo aplicable. Las Actividades de Aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores (ACAP) establecidas por la Resolución 3958 de 2021 del GCBA son en muchos casos pasantías mas breves pero ilegales, ya que la cumplen estudiantes de 17 años y sin recibir asignación estímulo alguno.

(5) La Ciudad envió la policía a los domicilios de los estudiantes porque el conflicto “se desmadró”. En el pasado hubo tomas de mayor alcance y nunca se dio una respuesta policial. Es evidente que las razones son otras. Si hace cinco años la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se propuso enfrentar sindicatos docentes y familias, propiciando la desafiliación gremial y hasta suplantar los docentes titulados por otros voluntarios, si hace poco la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, caracterizó a los docentes como “pobres, populistas y demasiado viejos” ahora se propone confrontar con estudiantes aparentemente también populistas pero demasiado jóvenes. Las ACAP no son un sano experimento sino una excusa para mostrar que se puede gobernar sin consultar, a pura disciplina, en un contexto donde rendiría electoralmente más mostrarse como halcón que como paloma. Se trataría de disciplinar y amedrentar a los politizados, a los populistas, confrontándolos con una “mayoría mansa y silenciosa” capaz de aceptar en el futuro un disciplinamiento mayor. La policía timbreando de noche los domicilios de los estudiantes y sus vecinos es una imagen siniestra que todos los que sostenemos el pacto de garantías alcanzado en 1983, basado en el fin de la violencia y las persecuciones políticas, el reconocimiento del otro y la vigencia de los derechos humanos, votemos como votemos, debemos repudiar.