Los allanamientos requeridos por fiscales federales el jueves pasado por una trama de corrupción en diferentes resortes estatales de alta influencia atrajeron especialmente la mirada sobre el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque. Aunque mencionado, se abundó mucho menos en un eje fundamental de la investigación bajo sospecha. Se trata de Carlos Andrés Vaudagna, un alto funcionario de la AFIP, que dirigió las delegaciones de Santa Fe y Rosario.
El reflector viene iluminando fuerte las prácticas pasadas de Vaudagna, de 55 años, a partir de un hecho con ribetes extravagantes que protagonizó a nivel judicial en Rosario. Fue una muy singular resolución judicial que lo favoreció relacionada con la investigación penal por estafa contra directores de la agroexportadora Vicentin en Rosario.
Vaudagna, que era director de la AFIP en Santa Fe, apareció ante los investigadores en el año 2021 para justificar que unos 200 mil dólares hallados en una caja de seguridad bancaria de un hijo del presidente de Vicentin eran suyos. Hubo evidencia de que para sostenerlo intentó generar un falso documento que lo justificara. La sorpresa es que tras ello lo favorecieron con una probation, es decir una sanción mínima, frente a la evidencia de un delito.
Es un hecho que está muy minuciosamente examinado ahora, cuando la fiscalía federal de Reconquista y fiscales provinciales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rosario disputan ante la Corte Suprema de la Nación la competencia de la investigación de las estafas que dejaron un tendal de damnificados de parte de Vicentin.
Lo que volvió a Vaudagna atractivo para la investigación de los dos fiscales federales que iniciaron esta investigación _ahora son cinco los que participan_ y en buena parte motivante de las requisas donde a cinco funcionarios públicos, Bailaque y Vaudagna entre ellos, les secuestraron los teléfonos celulares hace cuatro días.
¿Cómo asoma Vaudagna en esta historia? El interés en él surge a partir de que el fiscal provincial Miguel Moreno, que impulsa en Rosario el trámite por estafa donde están imputados los directivos de Vicentin, reveló en su momento escuchas en las que el directivo Omar Scarel y un abogado hablaban sin disimulo sobre cómo justificar el origen de 200 mil dólares encontrado en la caja fuerte 827 de la sucursal Reconquista del Banco ICBC, durante un allanamiento al hijo del empresario Gastón Scarel.
Para los que ahora investigan, la forma de justificación fue desconcertante y jurídicamente inadmisible. Vaudagna de la AFIP (desde el mes pasado Agencia de Recaudación y Control Aduanero) reconoció que el dinero encontrado en la caja fuerte de Scarel era propio.
El juez Marcelo Bailaque
Un fiscal provincial que estuvo suspendido y terminó por renunciar a su cargo hace cinco meses, Mariano Ríos, le concedió a Vaudagna una probation que consistió en dar clases en un colegio y una multa cercana al millón de pesos. El delito que le atribuyó fue el de falsedad ideológica de una escritura.
Al enterarse, el fiscal federal de Reconquista Roberto Salum reclamó la invalidez de esa salida, de la que tomó conocimiento por un medio de prensa el 11 de noviembre de 2021. Alegó que es un desacierto jurídico que asignaran una probation por un delito que no es falsedad ideológica sino lavado de activos de origen criminal. Y más a una persona como Vaudagna, ya que este tipo de salidas alternativas al juicio no son aplicables para funcionarios públicos nacionales.
En su momento Ríos adujo que la validez de la salida que ofreció a Vaudagna se constata en que fue homologada por un juez penal. Y que se concedió en tanto su conducta no tenía que ver con el ejercicio de la función pública sino con una acción como particular.
Allanaron al juez federal Bailaque y sospechan que es eslabón de una red de corrupción institucional
Para Salum no tiene nada que ver con un acto privado que el jefe de un organismo creado para fiscalizar infracciones tributarias aparezca de improviso en una causa a declarar que era suyo el dinero aparecido en la caja de seguridad del hijo del director de una compañía investigada por fraude, como él mismo está imputado.
Lo más sobresaliente aquí es el hecho de que en la misma causa por estafa a Vicentin está insertada una conversación entre Omar Scarel y el abogado Sergio Pavicich en donde parecen idear una coartada que permita la posesión de esos 200 mil dólares que no tenían justificación legal. Entre ellas se incluía, lo dice Salum al pedir la competencia a la Corte Suprema, la confección de un contrato de depósito para una eventual operación inmobiliaria futura, por una suma superior a U$S 200.000.
¿Dónde está el indicio de que eso ocurrió? En esa conversación transcripta en el trámite judicial que derivaría en la probation. Omar Scarel, que fue síndico y presidente de Vicentin, conversa con el abogado sobre los 200 mil dólares en cuestión. «Si vos no tenés respaldo de esa guita lamentablemente te tengo que decir que te la van a secuestrar», le dice el letrado, a lo que Scarel pregunta qué tipos de respaldos puede tener.
Gastón Scarel era entonces presidente de la sociedad Inversiones Inmobiliarias de Reconquista, que explotaba la franquicia local de la empresa internacional Remax.
Tras esto en la fiscalía de Rosario a cargo de Miguel Moreno imputaron a Omar Scarel haber determinado directamente a su hijo Gastón Scarel, a Carlos Vaudagna y a la escribana J. I. a insertar falsas declaraciones en un registro para dar fe que Vaudagna había depositado a Inversiones Inmobiliarias de Gastón Scarel, en representación de su padre, un dinero para una operación del rubro. Todo a sabiendas de que en esa fecha, 4 de septiembre de 2020, no comparecieron ante la escribana mencionada, no se celebró el contrato de depósito, ni se llevó a cabo la certificación de firmas.
A Vaudagna, alto funcionario de la AFIP, el fiscal provincial le atribuyó ser coautor de la maniobra, con la finalidad de ayudar a Gastón y Omar Scarel a eludir la acción de las autoridades y asegurar el producto del delito. ¿Con qué intención presunta? Evitar con dicho documento que los fondos hallados en el cofre del ICBC fueran secuestrados por la fiscalía en el marco de la investigación de la causa Vicentin.
Pero luego de esto el caso terminó con un principio de oportunidad, o probation, para Vaudagna, en marzo de 2021 concedido por el fiscal Ríos. Cuando el fiscal de Reconquista advirtió la cuestión, en noviembre de ese año, planteó a la Corte Nacional un reclamo de competencia. Alegó que la salida concedida a Vaudagna era injustificable legalmente y que todas las personas involucradas debían ser perseguidas en el fuero federal por tratarse el analizado de un delito de lavado de activos de origen delictivo.
Esto lo dice en su momento el fiscal Salum como otro ejemplo de por qué requiere la competencia. Aduce que Vicentin tiene domicilio en Avellaneda, al lado de Reconquista, por lo que los casos que conciernen a la agroexportadora son de su jurisdicción. La Cámara Penal rosarina avaló la competencia en su momento de los fiscales provinciales. Por eso el caso se encuentra a zanjarse en la Corte de la Nación.
En su momento una abogada querellante contra Vicentin, Viviana Cosentino, expresó en términos críticos y públicos la coartada que ofreció Vaudagna y la salida penal que obtuvo a su conducta. «Si un síndico de Vicentin tiene la influencia para recurrir a un exdirector de la AFIP para que le justifique la escasa suma de 200 mil dólares, que Scarel no podía justificar, mejor no imaginar las otras cosas que pueden haber hecho o están haciendo para entorpecer el proceso».
Hoy Vaudagna se desempeña como asesor externo de la AFIP Santa Fe. Tiene un sumario administrativo en trámite pero sigue cobrando haberes de modo regular.
El fiscal Juan Argibay Molina de Procuración de Lavado de Activos (Procelac) investiga si en el pasado Vaudagna actuó en una red de funcionarios públicos, donde estaba Bailaque, para intervenir en situaciones de favorecimientos a fuertes contribuyentes que se encontraban en problemas penales. Y también en sintonía con funcionarios de Aduana. Por estos hechos el jueves pasado fueron allanadas oficinas de Bailaque, Vaudagna y de otros funcionarios públicos de AFIP Aduana y AFIP Hidrovía. También un estudio jurídico particular en Rosario.
Fuente: LaPoliticaOnLine.com