Cada vez más cerca el juicio oral por la causa de los presos por tuitear | Un fiscal jujeño pidió la elevación a juicio de la causa contra 23 agentes penitenciarios 

El fiscal jujeño Diego Ignacio Funes solicitó la elevación a juicio de 23 penitenciarios del penal de Gorriti, incluido el jefe del Servicio Penitenciario provincial Julio Arnaldo Vaca, por vejaciones y apremios contra Nahuel Morandini y Roque Villegas, quienes estuvieron presos casi dos meses por haber intercambiado mensajes en una red social sobre una presunta infidelidad del exgobernador Gerardo Morales. La fiscalía consideró probado con filmaciones que estuvieron detenidos en celdas de castigo, fueron obligados a estar desnudos cada vez que salían al pasillo y a hacer sus necesidades fisiológicas en un baño en tarros o botellas de plástico en lugar del baño, y que durmieron en colchones mojados. En el caso de Morandini se suma el impedimento, durante los primeros días de su detención, de contar con sus anteojos, lo que le impedía ver porque los usa de forma permanente. 

«La elevación a juicio es histórica y muestra el nivel de persecución en Jujuy», dijo el abogado Marcos Aldazabal. Y agregó que, junto a la abogada Elizabeth Gómez Alcorta en representación de Morandini, «solicitaremos que se determinen todas las responsabilidades penales, hasta el más alto nivel gubernamental».

En el fallo, al que accedió Pagina/12, el fiscal Funes determinó que «entre los días 5, 6 y 7 de enero de 2024, en la Unidad penitenciaria 1 del barrio Gorriti, en San Salvador de Jujuy, en el pabellón 2 de castigo, los imputados, funcionarios penitenciariosa Pablo Herrera, Hernán Flores, Marcos Espinosa, Julio Vaca, Daniel Toconas, Benjamín Guantay, Victor Balderrama, Ariel Josue Yampe, Leonardo Flores, Adrián Miranda, Gustavo Quispe, Diego Ovejero, Miguel Chaile, Luis Canedi, Mauricio Romero, Augusto Lara, José Olaguivel, Matías Canedi, Santos Mamani, Maximiliano Linares Esquivel, Manuel Serrudo, Lucas Hevia y Raúl Inchastoy impusieron severidades a Marcelo Nahuel Morandini y a Roque Villegas, quienes se encontraban cumpliendo prisión preventiva».

Junto a otras personas aún sin identificar los hicieron «ingresar a las celdas de aislamiento manteniéndolos por tres días en el pabellón de castigo de manera ilegal y sin causa justificada. Asimismo, los imputados impusieron vejaciones a la víctima Morandini, Villegas y otras personas a establecer, con tratos rigurosos y humillantes durante su detención en el pabellón 2 de castigo, obligándolos a desnudarse cada vez que aparecía un funcionario penitenciario y manteniéndolos en dicha condición, sin ropas, durante su estadía en castigo y aislamiento, en condiciones infrahumanas, en reductos sin la debida ventilación ni iluminación y faltos de higiene, haciendo sus necesidades fisiológicas en un balde, orinando en una botella, no brindando los elementos necesarios para higiene y para alimentarse».

Las «severidades» también consistieron en «poner el pan en lugares con agua sucia para que los internos lo ingirieran en ese estado, en condiciones serviles, afectando la dignidad de las víctimas con restricciones ilegítimas e irrazonables; tornándose una práctica constante que se extendió en el tiempo hasta el 2 de marzo de 2024 en contra de los internos alojados en dicho pabellón».

El fiscal afirmó que mucho de esos actos «constituyen por sí mismos actos vejatorios e ilegales, tales como obligarlos a permanecer desnudos, mientras que otros, como el aislamiento en una celda especial, constituyen severidades en tanto y en cuanto no se encuentran justificadas y son impuestas al solo fin de mortificar». Funes explicó que «en éste caso, alojar a Morandini y Villegas en una celda de aislamiento durante tres noches, sin que hayan cometido ningún acto de indisciplina, convierte al acto en ilegal». 

Torturas 

En su solicitud para que los 23 penitenciarios sean juzgados, el fiscal Funes describió prácticas que, en rigor se asimilaban a las aplicadas en la dictadura militar. El escrito de la fiscalía describió prácticas «habituales» y entre ellas destacó «realizar sus deposiciones en un fuentón, miccionar en una botella, trasladarse completamente desnudos y corriendo hacia la zona de los baños, ya sea para lavar los baldes con excremento u orina, ya sea para higienizar su cuerpo, comer pan mojado con el agua del piso que contenía orín, soportar dentro de la celda baldes con excremento de terceras personas, pernoctar en celdas con las paredes rociadas de orín, permanecer aislados en celdas carentes de luz y de ventilación, comer sin cubiertos y con la mano, entre otras humillaciones».

Antes de pedir la elevación a juicio oral de todos los imputados, el fiscal señaló que «las prácticas vejatorias constatadas durante el curso de la investigación denotan de manera palmaria un comportamiento absolutamente violatorio de reglas consagradas internacionalmente aplicables a personas privadas de su libertad». A criterio de Funes, «todo indica que las practicas vejatorias constatadas forman parte de una larga, ilegal y arraigada costumbre dentro de los muros de la referida cárcel». Y apuntó: «De la evidencia recolectada se puede concluir que lo padecido por Morandini no fue una situación particular o excepcional, sino que formaba parte de un comportamiento habitual e institucionalizado que se extendía a lo largo del tiempo».

El gobierno de Jujuy había negado las denuncias de Morandini sobre las condiciones de detención. «Hoy, las pruebas le dan la razón», dijo el abogado de este profesor universitario cuyo delito fue compartir un mensaje como hacen millones de personas en las redes sociales. También el exgobernador Morales dijo que la denuncia de Morandini sobre sus condiciones de detención era falsa. «Quería las cámaras, ahora están las cámaras. Interesante saber, además, que habló con el jefe de la policía y el Ministro de Seguridad mientras pasaba esto», se preguntó Aldazabal.