La Unidad de Información Financiera (UIF) rechazó un pedido de los diputados de Juntos por el Cambio Gerardo Milman y Ricardo López Murphy quienes, para insistir en asociar al avión de Emtrasur retenido en Ezeiza y su tripulación con actividades terroristas, habían requerido que ese organismo los inscribiera en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiación (RePET) y que congelara sus fondos y activos. Lo mismo le habían reclamado al juez Federico Villena quien, por ahora, tampoco se hizo eco. Según pudo reconstruir Página/12, la UIF señaló deficiencias técnicas en el planteo y especificó que no se da ninguna de las situaciones previstas ni para congelar bienes ni para la inscripción en el RePET, que el gobierno de Mauricio Macri había establecido en el decreto 489 de 2019.
La presentación de los diputados hace afirmaciones que no se corresponden con lo que hay en el expediente judicial al día de hoy: dicen, por ejemplo, que «hay sospechas fundadas» de que el vuelo del Boeing 747 que traía autopartes para Volkswagen era «un viaje tendiente a dar soporte material o de otro tipo, a la organización terrorista Hezbollah por parte de las Fuerzas Quds e Irán”. La realidad es que la fiscala Cecilia Incardona dictaminó que quiere determinar si se trató de un vuelo meramente de carga, comercial, o si tiene vinculación con actividades de organizaciones terroristas, pero no concluyó que una hipótesis tenga más peso que la otra, sino que hay una obligación internacional de prevención del terrorismo que lleva a despejar dudas. En la causa no se estableció aún si existe algún delito en juego y está claro que no hay requerimientos internacionales, alertas o pedidos de captura sobre nadie de la tripulación.
Milman y López Murphy, que presentaron las primeras denuncias judiciales junto con la DAIA, invocan publicaciones de medios afines a la oposición y el contenido del famoso informe del FBI según el cual el piloto iraní Gholamreza Ghasemi es CEO y directivo de Qeshm Fars Air y que esa aerolínea al igual que Mahan Air opera para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, la fuerza Fuerza Al Quds y Hezbollah. De ahí sacan la conclusión de que Venezuela «es cómplice del terrorismo iraní». Tres de los venezolanos que integran la tripulación aseguraron a este diario que Conviasa compró el avión el año pasado por la pandemia y debido a que el bloque de Estados Unidos les impedía comprar a otros países, que ya entregaron la documentación, que necesitaban instructores e hicieron un convenio por seis meses con los iraníes y que no tienen ninguna relación con la Guardia Revolucionaria. Los denunciantes insisten en hacer un paralelismo forzado con el caso AMIA, donde se ordenó congelar activos de los sospechosos, pero en ese caso sí existen alertas rojas.
La abogada que se presenta con los diputados, María Eugenia Talerico, fue número dos de la UIF en tiempos del macrismo, denunciada por no informar sospechas de lavado de activos ligadas al banco HSBC, para el que había trabajado. La ex funcionaria conoce, o es esperable que conozca, las reglas. La UIF solo puede disponer el congelamiento administrativo de bienes o dinero en el contexto del análisis de un Reporte de Operación Sospechosa de financiación del terrorismo; a pedido de algún organismo público nacional que tuviera motivos fundados para vincular bienes o dinero con operaciones de financiación de terrorismo o actos ilícitos; o ante el congelamiento determinado por una autoridad competente extranjera. Pero ninguna de estas situaciones se dio hasta el momento.
A su vez, el decreto del macrismo que creó el RePET, establece la inscripción en él cuando hubiera congelamiento de bienes o dinero de personas designadas en los listados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o vinculados con delitos identificados. Existen casos, incluso recientes, donde donde la UIF tomó esa decisión, pero respecto de los tripulantes del Boeing de Conviasa, como es evidente, no surgió ninguna información que justifique medidas. El juzgado hizo tres consultas a la UIF, que dirige Juan Carlos Otero, en lo que va de la investigación, pero eso no derivó en ninguna medida o reclamo de Villena o la fiscalía.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/432716-avion-venezolano-la-uif-rechazo-inscribir-a-los-tripulantes-