En un nuevo capítulo de la investigación en torno al avión venezolano retenido en Ezeiza, y tal como había adelantado Página/12, el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó nuevas medidas de prueba que había solicitado la fiscal Cecilia Incardona. El objetivo de las medidas es determinar si el Boeing 747 de Emtrasur pertenece en la actualidad de la firma iraní Mahan Air, a ala que organismos de inteligencia de los Estados Unidos acusan de tener vínculos con el terrorismo. Mientras el Gobierno defendió lo actuado por las autoridades y fuerzas de seguridad, la Comisión Bicameral de Inteligencia anunció que la próxima semana analizará un informe que le solicitó a la AFI sobre el caso y que ya tiene en su poder.
La Fiscalía había solicitado nuevas medidas de prueba, 11 en total, que se sumaron a unas 46 que se habían puesto en marcha ya la semana pasada. El juez Villena hizo lugar al pedido y ordenó varias medidas que apuntan a determinar si el avión sigue siendo de Mahan Air o pertenece a Emtrasur, tal como declaró la tripulación de la aeronave. Si bien la documentación presentada indica que el avión fue vendido por la empresa iraní a Emtrasur en enero pasado, los investigadores tienen dudas.
Además, las medidas requeridas buscan corroborar la información proporcionada por el FBI estadounidense, con la expresa aclaración de que no sirve para ser utilizada judicialmente, que considera que la empresa iraní está asociada a actividades terroristas en el Líbano. El otro punto clave es el piloto Gholamreza Ghasemi, también sospechado de haber pertenecido a la Guardia Revolucionaria iraní. Otra serie de medidas apuntan a determinar si la tripulación de 19 miembros que llegó a Argentina era la originaria o no del avión, y si sufrió cambios.
La postura del Gobierno
Mientras continúa la pesquisa judicial, el gobierno nacional volvió a defender lo actuado hasta el momento. La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, reiteró que «el Gobierno argentino no tienen ningún informe que diga que los miembros de la tripulación son de Hezbollah, es una información absolutamente falsa. El informe del FBI, como todos los que han llegado, lo que indica es que la compañía aérea iraní le vendió sus aviones a la empresa venezolana», señaló. En ese sentido, explicó que el avión retenido en Ezeiza es de una empresa venezolana y «que sus dueños anteriores fueron de una firma iraní que estaba sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos porque se la podía haber vinculado a una fuerza» militar de ese país. Cerruti también recordó que la embajada de Israel «emitió un comunicado en el que dijo que el Gobierno actuó excelentemente bien» en el caso. «Hay una causa en la Justicia, será la que determine los pasos a seguir», concluyó la portavoz.
También se refirió al caso el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena. Sostuvo que se trata de «un tema absolutamente operado» y que «se está utilizando políticamente el dolor de las víctimas» de los atentados a la Embajada de Israel (1992) y a la AMIA (1994). Mena destacó que la aeronave «viajó por medio planeta» antes de aterrizar en Argentina, incluyendo México y Europa, y «nadie tomó ninguna medida al respecto». «No tenía alertas de terrorismo en ninguna de las bases internacionalmente aprobadas. Ningún país pidió su captura, pese a eso las autoridades tomaron medidas preventivas hasta que se aclaren los hechos».
Por su parte, el canciller Santiago Cafiero destacó que la Argentina «no ha tenido ninguna comunicación de parte de algún país que implique algún tipo de objeción con lo que la Justicia está haciendo y con lo que el Poder Ejecutivo hizo o hace» en relación con el avión de Emtrasur. Cafiero negó que haya habido contactos de la Cancillería con funcionarios de Estados Unidos o Israel por este tema y precisó que ahora «la Justicia determinó que la investigación sea bajo secreto de sumario, con lo cual no hay elementos hoy para hacer análisis».
Pedido del Congreso
La Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso le solicitó un informe a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre la actuación del organismo en el caso del avión venezolano y también pidió una copia del expediente al juez Villena. La AFI ya envió la información.
El presidente de la comisión, el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau, informó que junto al senador de Juntos por el Cambio Daniel Kroneberger envió el 14 de junio pasado un pedido al juez, pero aclaró que aún no obtuvo respuesta del magistrado. La comisión sí tiene en su poder «el informe de la AFI» y lo analizará en una próxima reunión, el miércoles 29. Moreau señaló que en ese encuentro se examinará la respuesta enviada por la AFI y también la actuación de la subcomisión que investiga la llamada Mesa Judicial Bonaerense por el espionaje ilegal contra sindicalistas durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.
La Bicameral le había preguntado a la AFI sí previamente a la llegada del vuelo tenía información sobre la tripulación y si hubo algún alerta sobre los tripulantes o intercambio de información con Paraguay y con Brasil.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/431770-avion-venezolano-el-juez-ordeno-nuevas-medidas-de-prueba