Armas a Bolivia: El gobierno boliviano solicitó la detención de dos exjefes golpistas 

El gobierno de Luis Arce pidió la detención de dos jefes de la Policía y de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) que gestionaron, recibieron y agradecieron las balas que envió en noviembre de 2019 el gobierno de Mauricio Macri. El apoyo de la administración Cambiemos –que también se investiga en Buenos Aires– fue descrito por el gobierno de Arce como “un alineamiento y cooperación al estilo ‘Plan Cóndor’ de las dictaduras de los años ‘70 para el envío a Bolivia de armamento y pertrechos para colaborar a consolidar un gobierno inconstitucional y para reprimir la protesta social”, en la presentación a la que accedió Página/12.

En las últimas horas, el Ministerio de Gobierno de Bolivia, que dirige Carlos Del Castillo, pidió a la fiscal Magaly Bustamente Herbas que impute formalmente por el delito de tráfico ilícito de armas y detenga al excomandante de la FAB Jorge Gonzalo Terceros Lara y al exjefe de la Policía de Bolivia Vladimir Yuri Calderón. Los dos están señalados por las gestiones que hicieron con el gobierno argentino para recibir balas y gases tras el golpe contra Morales y podrían recibir, según el ordenamiento legal boliviano, una pena de hasta 30 años de prisión.

La coordinación de Terceros Lara con el gobierno de Macri quedó expuesta en julio pasado. En ese momento, se halló una carta que él había enviado el 13 de noviembre de 2019 al entonces embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García, agradeciéndole por la entrega de 70.000 balas antitumulto. Inicialmente, Terceros Lara –que estaba detenido por su rol en el golpe– intentó negar la veracidad de la carta. Sin embargo, se encontraron otros registros en la embajada que mostraban que la misiva había llegado. El Ministerio de Defensa boliviano también certificó la autenticidad de la nota.

Después del hallazgo de la carta –revelada por Página/12–, el presidente Alberto Fernández pidió perdón al Estado plurinacional por el envío de las balas para ser usadas contra el pueblo boliviano. La aparición de la nota de Terceros Lara disparó una investigación interna en el país que derivó en la presentación de una denuncia contra Macri y la plana mayor de su gobierno por el contrabando agravado de armas hacia Bolivia.

Un efecto similar tuvo lugar en La Paz. A los pocos días de que se conociera la carta de Terceros Lara, se supo que la Policía Boliviana había recibido 26.900 cartuchos de perdigón por parte de la Argentina y que éstos habían sido guardados en un almacén de esa fuerza. Las balas llevaban la impresión de Fabricaciones Militares (FM), por lo que pudo rastrearse que habían sido compradas por Patricia Bullrich como parte de los preparativos para la cumbre del G20 que se celebró en 2018 –que fue un terreno fértil para la realización de negocios –como denunció días atrás la Oficina Anticorrupción (OA) o para el espionaje masivo–.

En Bolivia, después de un sumario interno de la Policía, se reconstruyó que el propio Yuri Calderón fue quien ordenó que efectivos de esa fuerza trasladaran a diplomáticos argentinos y a sus familiares desde un hotel céntrico hasta el hangar de la fuerza de tareas Diablos Negros en El Alto para abordar el Hércules que había destinado el entonces ministro de Defensa Oscar Aguad para que viajaran los gendarmes. Según testimonios de los efectivos –que ya habían sido publicados por este diario–, la Policía Boliviana trasladó a los gendarmes hasta la residencia del embajador. En ese marco se hizo la entrega del material represivo.

La maniobra cambiemita

Según la presentación del Ministerio de Gobierno de Bolivia a la que accedió Página/12, el embajador Normando Álvarez García pidió autorización el 11 de noviembre de 2019 para que ingresaran los gendarmes con sus armas. Pero la nota, según apuntan los abogados del Estado boliviano, tiene sello de recepción en la Cancillería el 15 de noviembre de ese año, cuando los gendarmes ya llevaban dos días en territorio boliviano. La diferencia en las fechas refuerza la teoría de que toda la maniobra del gobierno de Macri fue ilegal.

En Buenos Aires, la Gendarmería tramitó ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) la autorización para que los alacranes llevaran las armas que normalmente portan en una misión que tiene que ver con la custodia de una embajada en momentos de convulsión social. Sin embargo, el 12 de noviembre de 2019, la fuerza que comandaba Gerardo Otero pidió sacar un “complemento”. En ese complemento estaban las 70.000 balas 12/70 que terminaron repartidas entre la FAB y la Policía Boliviana. La solicitud de la Gendarmería se produjo después de una reunión en la Casa Rosada en la que participaron Otero, Bullrich y el entonces jefe de Gabinete Marcos Peña, entre otros. Ese mismo día, el entonces canciller Jorge Faurie envió un pedido para que la Gendarmería viajar a Bolivia, cuando ya se sabía que esa fuerza se trasladaría. Lo curioso es que Faurie omitió asentar su pedido en el sistema que usa la administración pública.

En simultáneo con la partida de los alacranes hacia Bolivia se produjo otro viaje hacia Chile, también para proteger la embajada. En el caso de los gendarmes que fueron hacia Santiago, no hubo ningún pedido de acrecenter el material represivo que llevaban y, además, viajaron con un avión comercial. El caso boliviano fue distinto y abona a la teoría de una coordinación entre las distintas agencias del gobierno de Macri para apoyar el golpe contra Morales.

En el Estado Plurinacional, hubo tres contingentes de Gendarmería entre noviembre de 2019 y junio de 2020. Al regresar, la versión oficial fue que los 70.000 cartuchos se habían usado en prácticas de tiro. Ese argumento está siendo ahora desmentido por los efectivos que estuvieron allá desplegados y que empezaron a declarar ante el juez Alejandro Catania, que investiga la denuncia que presentó el gobierno de Alberto Fernández. Según los gendarmes, no hubo entrenamiento alguno en La Paz.

Cambiar el sentido

Este miércoles llegará a Bolivia un avión de la Fuerza Aérea Argentina con ayuda para las comunidades guaraníes que perdieron todo en las inundaciones que tuvieron lugar recientemente en la zona de Tarija. Allí se reportaron más de diez personas desaparecidas, dos muertos y alrededor de 30 familias que perdieron todo con la crecida del río. De regreso, el avión llevará a los 80 brigadistas que manda el gobierno de Arce para colaborar con la extinción del fuego en la provincia de Corrientes.

“Mientras Macri mandaba aviones de la Fuerza Aérea con armamento, Alberto (Fernández) mandó primero las vacunas y ahora está mandando ayuda para los damnificados de la inundación y Bolivia nos está enviando a los brigadistas”, remarca el embajador argentino en La Paz, Ariel Basteiro, que sigue de cerca la evolución de las investigaciones sobre el contrabando de armas.