La Policía Federal brasileña cumplió este martes pedidos de allanamiento e incautación de posibles pruebas en las residencias de ocho empresarios aliados del presidente Jair Bolsonaro que son acusados de compartir mensajes golpistas en redes sociales. Las pesquisas fueron ordenadas por Alexandre de Moraes, el magistrado de la Corte Suprema que asumió el proceso, abierto la semana pasada luego de que la prensa brasileña divulgara los mensajes en que los empresarios defienden un golpe de Estado en caso de una victoria del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones del próximo dos de octubre.
«Empresarios y Política»
Uno de los blancos del operativo ordenado por la Corte Suprema es Luciano Hang, el empresario de ultraderecha dueño de las tiendas Havan, famosas por tener una estatua de la libertad en su puerta, Hang, que ha apoyado a Bolsonaro haciendo campaña desde 2018, informó en un comunicado que la Policía Federal le confiscó su teléfono celular.
«Prefiero un golpe de Estado que el regreso del PT», manifiestó el carioca José Koury, dueño del centro comercial Barra World Shopping, en el grupo de whatsapp de empresarios afines a la reelección de Bolsonaro. El mensaje fue celebrado y apoyado por los miembros del grupo llamado «Empresarios y Política», según reveló el portal Metrópoles.
La publicación periodística señala también al propietario de la empresa de ropa de surf internacional Mormaii, Marco Aurélio «Morongo» Raymundo. El empresario, uno de los miembros más radicales y activos del grupo, escribió en ese chat privado: «El siete de septiembre (Día de la Independencia de Brasil) se está organizando algo para unir al pueblo y al Ejército y al mismo tiempo dejar en claro de qué lado está el Ejército».
Por su parte André Tissot, titular de Sierra Móveis, una empresa especializada en la venta de muebles de lujo en Rio Grande do Sul, sostuvo: «El golpe tendría que haberse dado en los primeros días de gobierno. En 2019 hubiéramos ganado otros diez años más». Algunos de los empresarios sugerían «dar un bono en efectivo o un lindo premio a todos los empleados de nuestras empresas» que voten por Bolsonaro, aunque también alertaban que habría que estudiar si eso no está prohibido. «Creo que sería comprar votos… complicado», respondió Raymundo en otro de los mensajes.
Otro tema recurrente es el ataque al sistema electoral. Al igual que el presidente Jair Bolsonaro, los empresarios aseguran que Brasil no cuenta con garantías electorales, aunque no aportan ninguna prueba al respecto. Meyer Nigri, fundador de Tecnisa y uno de los empresarios más cercanos a Bolsonaro, manifestó que el Supremo Tribunal Federal (STF) «será responsable de una guerra civil en Brasil».
Luego de la filtración de los chats, el senador Randolfe Rodrigues denunció ante la justicia las amenazas de golpe si el expresidente Lula, quien lidera todas las encuestas, gana finalmente las elecciones. El actual presidente del STF Alexandre de Moraes, a quien los empresarios llaman «skinhead» del grupo criminal Primer Comando Capital, investiga a Bolsonaro en un caso sobre la divulgación de noticias falsas y ataques a la democracia al poner en duda el funcionamiento de las máquinas de votación electrónica y el sistema electoral.
Además de los allanamientos, la Corte Suprema ordenó el embargo de las cuentas bancarias y de las cuentas en las redes sociales de los empresarios investigados. Igualmente determinó el levantamiento del secreto bancario de los mismos y que la Policía Federal los convoque a interrogatorio para prestar testimonio. Los operativos policiales se llevaron a cabo en los estados de San Pablo, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Santa Catarina y Ceará.
Libertad de expresión
Después de estallar la polémica, los empresarios admitieron integrar el chat pero negaron haber defendido cualquier acto inconstitucional y se ampararon en su derecho a la libertad de expresión. «No somos conspiradores ni partidarios de ningún golpe. Los mensajes obtenidos en un grupo privado de amigos fueron distorsionados en su sentido y contexto», afirmó Koury en un comunicado.
Este operativo «es fruto de la persecución y de denuncias falsas, las cuales no tienen ningún fundamento», declaró el abogado Daniel Maia, defensor de Afranio Barrera, dueño de la red de restaurantes Grupo Coco Bambu. Completan la lista de empresarios investigados el constructor Ivan Wrobel y José Isaac Peres, de la red de centros comerciales Multiplan.
El operativo contra los aliados de Bolsonaro se produce tras las insistentes declaraciones en las que el líder ultraderechista ha puesto en duda la transparencia del sistema electrónico de votación de Brasil. Durante su participación en la entrevista del Jornal Nacional de la TV Globo, el noticiero más visto del país que fue seguido por nueve millones de personas, Bolsonaro alimentó la hipótesis de imitar a su aliado Donald Trump y desconocer el resultado electoral en caso de que gane Lula.
«Será respetado el resultado siempre y cuando las urnas sean limpias y transparentes», advirtió este lunes por la noche el mandatario brasileño, quien se resiste a prometer que reconocerá el resultado electoral si pierde las elecciones. La entrevista televisiva fue recibida con cacerolazos opositores en varias ciudades.