Ahora Diputados analizará el desmanejo de la Obra Social del Poder Judicial | El juicio político a los miembros de la Corte Suprema

Mientras que la guerra dentro de la Corte Suprema continúa profundizándose, la comisión de Juicio Político se prepara para meterse de lleno en la causa que aviva el fuego de la interna cortesana: las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial. Finalizada la etapa del 2x1a los genocidas, la comisión que preside Carolina Gaillard se reunirá el próximo martes para una nueva audiencia testimonial que girará en torno a las denuncias por licitaciones sospechosas, deterioro en los servicios, ausencias de balances contables y manejo irregular de fondos. Entre los convocados se destaca el exdirector de la Obra Social, Aldo Tonón, un hombre de Juan Carlos Maqueda que renunció hace dos semanas en medio de la crisis por los desmanejos de la prestación. Si bien Maqueda está en el centro de la tormenta, ya que fue el encargado de supervisar la prestación durante más de 10 años, la investigación ahondará también sobre las responsabilidades de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz cuando estos fueron presidentes de la Corte. 

Originalmente, el cronograma pautado por la comisión de Juicio Político era otro. Luego de la causal del 2×1 –que partía de la hipótesis de que el fallo que abrió la puerta a conmutar penas de genocidas había sido negociado entre el gobierno de Cambiemos y Rosenkrantz–, la idea era comenzar a tratar el fallo de coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, los sismos que el propio juicio político estaba generando al interior de la Corte terminaron modificando el plan de trabajo. Primero fue la fría aceptación del Máximo Tribunal a la renuncia de Aldo Tonón a la dirección de la Obra Social. Luego, el secretario administrativo de la Corte, Héctor Daniel Marchi (cercano a Lorenzetti), recusó a Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda en un juicio que tiene contra Elisa Carrió bajo el argumento de que los magistrados tenían la defensa «acérrima» de la líder de la Coalición Cívica. En paralelo, Lorenzetti difundió una carta en la que denunciaba irregularidades en la Obra Social y, a modo de respuesta, la tríada Rosatti-Rosenkrantz-Maqueda lo acusó de haber intentado violar el Reglamento para la Justicia Nacional.

En resumen: la guerra feroz desatada dentro de la Corte Suprema volvió prioritario comenzar a tratar, cuanto antes, la causal que investiga las irregularidades en la Obra Social. Los desmanejos denunciados incluyen, por un lado, el deterioro en el servicio de Salud de la prestación y, por el otro, contrataciones sospechosas, descontrol en materia informática, faltantes de medicamentos, vacancias en la dirección, ausencia de balances contables, tranferencias irregulares de fondos y, fundamentalmente, una falta general de supervisión. Hay, incluso, un mail redactado por el propio Maqueda que admite los desastres ocurridos en la Obra Social y que actualmente forma parte de la prueba documental que está recabando la comisión.

Los testigos

El martes a las 13, la comisión recibirá a seis testigos que testificarán sobre las diversas irregularidades registradas en la Obra Social del Poder Judicial. El plato fuerte es la citación de Aldo Tonón, principal responsable de la dirección de la institución hasta que renunció hace dos semanas. Según pudo saber Página/12, Tonón solicitó excusarse debido a que está siendo investigado penalmente por este mismo motivo en una causa que tramita Ariel Lijo y que, de comparecer, podría autoincriminarse. La presidencia de la comisión, sin embargo, le respondió que estaba obligado a comparecer y que, en todo caso, podría optar por negarse a responder las preguntas que consideraba que podrían autoincriminarlo. Así lo hizo el exministro macrista de Justicia, Germán Garavano, en la última reunión de comisión. 

También fue citada la contadora Melisa Solana, quien renunció de manera abrupta a la Obra Social del Poder Judicial. «Estuvo dos días, vio el caos que era y renunció», precisaron desde la bancada oficialista. La médica María Cristina Interlandi y Oscar Fernández, mientras tanto, serán citados para dar cuenta de una auditoría que ordenó la propia Corte en 2021. Esta auditoría, que analizó el funcionamiento de la Obra Social entre 2008 y 2021, llegó a conclusiones catastróficas: no había sistema formal de contabilidad, licitaciones irregulares con empresas (como Farmandat), vacancias, inexistencia de manuales de procedimientos, entre otras irregularidades.

Por último, serán citadas dos trabajadoras judiciales afiliadas a la Obra Social del Poder Judicial –Laura Coulin y Liliana de Brito– para dar cuente del deterioro del servicio de Salud en los últimos años.