Entre 2016 y 2017, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) multiplicó su presencia en la provincia de Buenos Aires: triplicó la cantidad de bases que había en el territorio y desplegó a casi un centenar de agentes que hicieron más que caminar por las calles. La iniciativa se conoció en el inframundo de los servicios como “Proyecto AMBA” y su principal interés estuvo dado en conocer qué sucedía en comedores infantiles, ollas populares y movimientos sociales. Hubo fotos, seguimientos, ciberpatrullaje pero también infiltraciones: lo prueba el trámite ante el seguro médico de un espía que se cayó del techo mientras instalaba cámaras antes de una reunión en la que iba a participar. Esa causa también quedó herida de muerte por una resolución de la Cámara Federal porteña en la que revocó los procesamientos dictados y desacreditó nuevamente la existencia de un plan masivo de espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri.
Los camaristas Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia no solo sobreseyeron al expresidente y al resto de los acusados en la causa del espionaje a las familias de los tripulantes del submarino San Juan, sino que también analizaron los procesamientos que los jueces Alejo Ramos Padilla y Martín Bava habían dictado en la causa del “Proyecto AMBA”. En este caso, dictaron las faltas de mérito para los imputados y quedará en el nuevo magistrado a cargo del expediente –Julián Ercolini– decidir si avanza con la investigación nuevamente, pero hay elementos que probablemente invocarán las defensas para hacer que el expediente se desmorone.
La investigación sobre el “Proyecto AMBA” es un desprendimiento de la causa sobre el accionar del falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio, que se inició en Dolores en el verano de 2019. Si con D’Alessio Ramos Padilla reconstruyó cómo funcionaba una organización con terminales en distintos resortes del Estado, con el “Proyecto AMBA” el juez llegó al interior de la AFI. A partir de la declaración que dio en el D’Alessiogate el responsable de las bases AMBA, el abogado Pablo Pinamonti, Ramos Padilla pidió documentación a la interventora de la AFI Cristina Caamaño para desentrañar cómo operó esa estructura.
Según reconstruyó el juzgado federal de Dolores, la AFI creó entre 2016 y 2017 seis nuevas bases y puso las llamadas “históricas” –Mar del Plata, La Plata y Bahía Blanca– a disposición del “Proyecto AMBA”. Ramos Padilla dio con una resolución que el entonces titular de la AFI, Gustavo Arribas, firmó en abril de 2017, la 558, que ordenaba la obtención de inteligencia sobre cuestiones políticas –algo que está vedado por la Ley de Inteligencia–. Las bases funcionaron hasta diciembre de 2017. Es decir, se levantaron poco después de las elecciones de medio término, lo que refuerza la teoría de que el verdadero interés fue controlar un territorio históricamente considerado un bastión del peronismo. Hubo, por supuesto, seguimientos a los actos de Cristina Fernández de Kirchner que salía a competir con Unidad Ciudadana.
Sin embargo, para los camaristas, el espionaje no terminó de estar probado y, por eso, les otorgó la falta de mérito a Arribas, Silvia Majdalani y Pinamonti, entre otros. “Entendemos que el instructor dio inicio a la presente pesquisa abrigado por la premisa de que la creación de las Bases AMBA respondió a una única y deliberada razón de orquestar un plan sistemático de espionaje”, escribieron Bertuzzi, Llorens y Bruglia, dando a entender que ellos no tienen elementos para compartir tal caracterización.
Las críticas estuvieron centradas en cómo la intervención de la AFI –entonces a cargo de Cristina Caamaño– halló en 2020 unos discos rígidos con información sobre las bases en la sede central de la exSIDE y cómo los preservó. Los jueces no descartan que los archivos informáticos pudieran haber sido adulterados, por eso reclamaron que se haga un peritaje para despejar esas dudas.
A Ramos Padilla le dijeron que había hecho una deficiente atribución de responsabilidad a los imputados. En otras palabras, dicen que los responsabilizó por haber estado en la dirección de Reunión –de la que dependía el “Proyecto AMBA”– y que no explicó, por ejemplo, cómo o cuándo dieron determinadas órdenes para hacer tareas de inteligencia. También le achacaron una cierta “premura” a la hora de dictar los procesamientos.
Los tres camaristas señalaron que no se indagó si los espías hacían síntesis de prensa o sus investigaciones estaban motivadas en posibles alertas de seguridad o conflictividad social. En las indagatorias, los exagentes no negaron las tareas, que, en su gran mayoría, estuvieron focalizadas en saber qué pasaba en los comedores populares o cómo se repartía la comida en distintas organizaciones sociales. En Bahía Blanca se encontró un listado de personalidades o grupos que eran blancos de la inteligencia. Entre ellos, había referentes de organismos de derechos humanos, sindicatos o militantes vinculados a la universidad.
Si bien la causa no está terminada, sí entró en una fase terminal. Entre otras cosas, le sugirieron a Ercolini que convoque a los integrantes del área de Contrainteligencia que cerraron las bases AMBA para que declaren o que reconstruya cómo funcionó la reunión de información en las administraciones previas a la de Cambiemos para ver si la gestión de Arribas fue una anomalía o un eslabón más en un patrón.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/437512-espionaje-ilegal-la-camara-federal-revoco-el-procesamiento-d