Constitución y Bartolomé

Quizás la ciudadanía no sabe, porque no la enteran, que fue frenada la renovación de concesiones ferroviarias anunciadas y celebradas hace un par de meses. Tampoco sabe que en el río Paraná sigue sucediendo todo lo mismo que denunció esta columna hace un año. Mientras que en cambio el escandaloso sistema judicial argentino sigue invicto, inmutable, y las pujas políticas entre oficialistas y opositores flotan diariamente en aguas turbias y conducentes a nada. Y ni se diga de las explotaciones de bienes naturales en provincias feudales (gracias a un artículo canalla, el 123, contrabandeado en la reforma constitucional de 1994).

En más o menos ese contexto, la nueva carta pública que emitió la vicepresidenta revuelve todo, porque recobra vigencia y urgencia en la vida nacional la imperativa necesidad de detener de una vez la continua entrega de soberanía. Que todo indica que muy pronto se completaría con la claudicación ante el FMI. Derrota ésta cuya acaso única virtud sería la de acelerar el camino hacia una Nueva Constitución Nacional.

Y es que nuestro país no tiene destino si se nos entrega definitivamente al FMI y no se cambia la actual Constitución. Que es urgente replantear en todo su articulado por la contundente razón de que, entre arcaísmos conceptuales, es el único camino verdadero hacia un cambio completo del vetusto Poder Judicial monárquico que increíblemente aún padece la Argentina. Por eso no se habla aquí de una «Reforma» sino de un cambio total para que el poder resida en el pueblo y no en representantes, y para que las grandes decisiones se tomen participativamente.

Hay buenos ejemplos en el mundo, como uno que ya planteó hace tiempo esta columna: la Constitución del Estado de California, en los Estados Unidos, incluyó hace años una figura llamada «Proposición», por la que la ciudadanía puede proponer e impulsar decisiones trascendentes, tanto en lo legislativo como en lo ejecutivo, y para lo cual sólo se requiere determinada cantidad de firmas para que los cambios constitucionales se sometan a decisión del pueblo mediante elecciones, con lo que se saltean representaciones venales y chicanas judiciales de políticos o jueces que bloquean e impiden cambios. No es el único ejemplo, pero sí es representativo de que si hay algo necio y cretino en las legislaciones modernas es la inmutabilidad constitucional absoluta.

También inmutables son ciertas políticas del poder mundial a las que aludió el texto escrito por la vicepresidenta a propósito de su supuesto silencio y de su posición respecto del casi inminente acuerdo con el FMI para que la Argentina «pague» o «devuelva» los 57 mil millones de dólares que ese instituto del capitalismo le entregó absurdamente a Mauricio Macri en 2018. Y de los cuales se pretende ahora que el pueblo argentino entregue (no corresponde el verbo «pagar») 44.500 millones de dólares.

El texto de CFK es devastador cuando asegura compartir «plenamente» el discurso de Alberto Fernández del pasado 9 de julio en la conmemoración de la Independencia, en la Casa de Tucumán: «Todos los días peleo porque la Argentina se ponga de pie –dijo el Presidente– y todos los días peleo contra los que quieren ver de adentro a la Argentina arrodillada. Y no paro, y sigo, y acordamos con los acreedores privados, estamos negociando con el Fondo (…) Y además me reclaman que arregle rápido (…) Mi modelo siguen siendo San Martín, Güemes y Belgrano. Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino, nunca, nunca. Y espero que me entiendan, porque si alguien espera que yo claudique ante los acreedores o que claudique ante un laboratorio, se equivoca. No lo voy a hacer. Antes me voy a mi casa, porque no tendría realmente cara para entrar en esa sala si hiciera algo semejante”.

Conmovedor, aquel discurso presidencial. Comprometedor también.

Recordó ella además que el 11 de noviembre de 2020 el Poder Ejecutivo envió al Senado el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. Excelente iniciativa, según CFK, que tuvo como «objetivo principal evitar que pudiera repetirse en la historia argentina una experiencia similar a la del gobierno de Mauricio Macri, que nos endeudó en apenas un instante de forma extraordinaria, exorbitante e insostenible sin pasar por el Congreso de la Nación». Y propuesta que el Senado aprobó con 65 votos favorables y una abstención. Refrendada por la Cámara de Diputados el 11 de febrero de 2021 al convertirla en ley con 233 votos afirmativos contra sólo 2 negativos y 2 abstenciones.

Obvio que muchísimas personas, en todo el país, se preguntan ahora qué va a hacer Cristina al respecto. Pero la cuestión no es lo que haga ella, que marca la cancha porque no le toca la infame responsabilidad de firmar la entrega del país al FMI. Lo tendrá que hacer AF. O Macri o Larreta o quien venga si esto se extiende, y ojalá. Porque en tal caso lo primero que corresponderá hacer, y que inexplicablemente no se hizo hasta ahora, es auditar esos fondos para determinar qué correspondería pagar y qué no. Que es lo que muchos/as proponen, incluida esta columna, desde 2019.

Mientras tanto, son públicas y frecuentes las reuniones del Presidente y los funcionarios Manzur, De Pedro y Massa con los muy poderosos señores Eurnekian, Bulgheroni, Mindlin, De Narváez, Brito y tantos otros. Se dice que para hablar de precios, inflación, empleo, jubilaciones, inversiones y… deuda.

El encuestador y analista Ricardo Rouvier escribió ayer domingo en el portal La Tecla Ñ, y con razón, que un gobierno nacional y popular da lugar a la intervención del Estado para acotar la concentración y centralización del capital, que es lo que genera desigualdades y abusos y afecta el patrimonio nacional. Y también afecta, añade esta columna, todas las cuestiones de soberanía, que son intolerables para el capital concentrado transnacional. Rouvier concluye que «el camino para aminorar y contener los abusos de poder no es otro que la organización de los sectores populares».

Esa tarea, democrática y democratizante, es imperiosa y urgente siempre. De eso se trata la construcción política, y la carta de Cristina vino a adelantarse a lo que sería una eventual, penosa e inimaginable claudicación del gobierno.

Y aunque después quedarán a cargo de la Historia las interpretaciones, lo cierto es que en ese caso el presente será sórdido, asfixiante. En la Historia hay relatos tremebundos de casos así, como el que denunció Bartolomé de las Casas en 1552, medio siglo después del arribo de Cristóbal Colón y sus muchachos a la hoy Nuestra América. Este Bartolomé era un encomendero que llegó como laico pero después se hizo teólogo, fraile dominico, sacerdote y obispo, y fue famoso como historiador y reformador social. Buena persona, se diría, considerado precursor del anticolonialismo fue nombrado Procurador Protector Universal de todos los indios. Su libro Brevísima relación de la destrucción de las Indias fue el primer estudio sobre los malos tratos y atrocidades cometidos contra los pueblos originarios durante la conquista de América por el Reino de España. Circuló libremente durante 108 años. Pero desde 1660 la Inquisición Española decretó la prohibición absoluta de dicho libro. Por algo habrá sido.