La Cámara Federal porteña anuló el cierre de la causa por el atentado de Montoneros a Coordinación Federal | Un intento por reinstalar la Teoría de los Dos Demonios

La Cámara Federal porteña le dio un nuevo envión a una vieja causa que impulsan un genocida condenado y organizaciones afines para dar vuelta la taba y poner en el banquillo de los acusados a militantes de los años ‘70. El tribunal de apelaciones de Comodoro Py le ordenó a la jueza María Servini volver a pronunciarse sobre un pedido para reabrir la investigación sobre la bomba en la Superintendencia de Seguridad Federal en 1976 que tiene como acusados a exintegrantes de Montoneros –algunos vivos y otros incluso desaparecidos–. Servini ya había rechazado un planteo el año pasado, pero sus superiores ahora dicen que no estuvo fundado. Abogados querellantes en causas de lesa humanidad denuncian que se trata de un nuevo intento por reinstalar la teoría de los dos demonios.

Con tan solo cuatro páginas, los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia provocaron un tembladeral al revocar la decisión de Servini de mantener cerrada la causa por el atentado del 2 de julio de 1976 en la sede de lo que fue Coordinación Federal –donde funcionaba un centro clandestino de detención de la Policía Federal y donde se congregaban los integrantes del servicio de inteligencia de esa fuerza–.

La causa sobre la bomba en Coordinación Federal data de 2003 y fue una reacción al nuevo impulso que entonces cobraban las pesquisas por delitos de lesa humanidad. Fue un intento por llevar a juicio a los militantes en respuesta a la reactivación de las investigaciones contra los genocidas. Ese año, tras la llegada al gobierno de Néstor Kirchner, el Congreso votó la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida –que impedían el juzgamiento de los responsables de las desapariciones, torturas, secuestros y asesinatos– que dos años antes la propia Cámara Federal había dicho que eran inconstitucionales. La Justicia Federal siempre entendió que la causa de la bomba estaba prescripta –porque justamente no son crímenes cometidos desde el Estado y siempre estuvo abierta la posibilidad de investigarlos y sancionarlos– e incluso en 2012 la Corte Suprema rechazó los recursos con que pretendían mantenerla a flote.

El año pasado, un grupo de organizaciones pro-represores le pidió a Servini que la reabriera. Entre otros argumentos, decían que Montoneros podría haber tenido apoyo de otros países o del terrorismo islámico. El giro bizarro buscaba dotar a la organización de un poder similar a un Estado para decir que cometió delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra –al haber participado otro Estado, según su novedosa versión– o graves violaciones a los derechos humanos. También invocaron el derecho a la verdad para saber lo sucedido.

Servini rechazó in limine el pedido, es decir, sin adentrarse a analizarlo. Pero un grupo de los impulsores de la reapertura lo llevó hasta la Cámara Federal. El reinicio de la investigación es promovido, entre otros, por Justicia y Concordia –la organización que en 2009 se creó para protestar contra el avance de los juicios de lesa humanidad–, Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica –que agrupa a defensores, en realidad, de represores– y Eduardo Kalinec, el genocida condenado por los crímenes en el centro clandestino de detención conocido como Club Atlético y cuya hija, Analía, repudia. También los acompaña una madre de un agente muerto, Ernesto Osvaldo Matienzo.

La Cámara le dijo a Servini que no había analizado las nuevas hipótesis que proveyeron las organizaciones pro-impunidad y le ordenó dictar un fallo nuevo siguiendo esos lineamientos. En la práctica, la decisión de Llorens, Bruglia y Bertuzzi –los tres camaristas incorporados al tribunal durante el macrismo– no significa la reapertura pero es un avance en ese camino.

La posible llave para abrir una causa que redundaría en la persecución de militantes políticos de los años ‘70 podría venir de la mano de la figura de “graves violaciones a los derechos humanos”, apuntan quienes transitan el segundo piso de los tribunales de Retiro. Hay otro caso al que los grupos de memoria completa le ponen especial interés: el del secuestro del militar Argentino del Valle Larrabure, por cuya muerte buscan responsabilizar a integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El expediente Larrabure está desde hace tiempo en la Corte Suprema.

Un fallo político

“Estos mismos hechos ya fueron analizados con anterioridad y declarados prescriptos. Esa prescripción está firme, pero la Cámara reedita la discusión. Políticamente es una reiteración de muchos intentos de equiparar a las organizaciones militantes de aquel momento con el terrorismo de Estado”, dice a Página/12 Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Estamos ante una intervención muy polémica por parte del Poder Judicial, que significa también un avance de estos discursos que buscan generar retrocesos sobre lo que la sociedad y el Estado argentino han hecho frente a los crímenes de lesa humanidad”, remarcó.

“De jurídico no tiene nada”, opina el abogado Rodolfo Yanzón. “Se trata de un tema que vuelve a ser examinado. En su momento Casación dijo que ni siquiera se podía tomar como un ataque contra la población civil porque era una dependencia militar (la policía dependía de las autoridades militares) y en dictadura. ¿Con qué argumentos quieren avanzar si ni siquiera hay una investigación ni un expediente? En este caso y en aquel entonces intervino la justicia militar y las actuaciones se perdieron. El expediente militar sólo fue una excusa, porque la decisión que tomaron fue desaparecer y torturar a los que ellos acusaron, que son los mismos que acusan éstos”, concluyó.

“Creo que es un fallo netamente ideológico que hay que tener en cuenta porque intentan dar señales al poder político y judicial”, apunta, por su lado, la abogada y diputada Myriam Bregman. “Estos jueces saben bien lo que hacen y que la causa viene de un derrotero de más de quince años en los que la derecha vernácula pro-militar ha tratado de tomarla como bandera. En el plano político son libres de inventar lo que quieran; en el jurídico, no hay delito de lesa humanidad y los supuestos responsables son señalados al voleo, en historias construidas a fuerza de libros como los de Ceferino Reato, que se publican para hacer sinergia con estas causas”, añadió.

«Es un intento más por reeditar la teoría de los dos demonios en la escena judicial negando todo lo construido en torno a lo sucedido en el genocidio«, dice la abogada Guadalupe Godoy. «En esto, estos sectores son consecuentes: desde que iniciamos esta segunda etapa de juzgamiento existieron estos intentos por equiparar. Desde ya, entendemos que es inviable por toda la jurisprudencia que se ha construido en todos estos años», concluyó.