29 de octubre de 2026
El tribunal del juicio político destituyó de modo unánime este jueves a Gastón Salmain de su cargo de juez federal de Rosario. La determinación le quita los fueros que impidieron que se ejecute una orden de prisión preventiva dictada en diciembre pasado por un caso de corrupción que impidió que lo privaran de libertad entonces. Despejada esa inmunidad, los fiscales actuantes en una de las causas contra Salmain pidieron su detención.
El jurado de siete miembros integrado por legisladores nacionales, magistrados y abogados desestimó una de las dos causales de juicio político, que es haber beneficiado a particulares para que pudieran comprar 10 millones de dólares a precio oficial durante la vigencia del cepo ante la oposición manifiesta del BCRA a cambio de un retorno. Esto lo hizo en virtud de que no hay sentencia definitiva en el caso, en el que Salmain está procesado y con el pedido de prisión preventiva admitido por un juez, con lo que no se trata de un hecho juzgado.
El cargo que decidió la destitución es un asunto que hace dos años reveló LPO. Se trata de haber omitido en el concurso que lo llevó a ser juez que hace 24 años, cuando era empleado en Comodoro Py, lo habían echado del Poder Judicial por intentar direccionar expedientes al juzgado donde trabajaba ofreciendo un soborno.
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Respecto de esto, el tribunal determinó que Salmain fue dejado cesante de su cargo de empleado en el juzgado federal 8 de la seguridad social en 2002 en un fallo que recurrió sin éxito. Que entre entre 2016 y 2024 se inscribió en 33 concursos para la designación de magistrados ante el Consejo de la Magistratura. En todos los casos lo hizo mediante presentaciones con carácter de declaración jurada. Y en ninguna de ellas declaró aquel empleo por el cual lo echaron ni la sanción recibida. Afirmó, en cambio, haberse desempeñado como abogado en el ejercicio libre de la profesión desde su matriculación.
Entre los concursos entre los que participó estuvo el número 387, por el que accedió en 2024 al cargo que ejerció hasta este jueves, cuando se decidió su remoción.
El abogado de Salmain, Yamil Castro Bianchi, escucha el veredicto. El acusado no asistió.
El tribunal dice en su sentencia de modo explícito que el reglamento de concursos públicos le exigía en todos los casos declarar ese empleo, certificar su fecha de egreso e indicar la causa del cese. Eso con independencia del puntaje y sin límite temporal, ya que los defensores del ahora ex magistrado señalaron que Salmain lo omitió porque no otorgaba puntos en el trámite el hecho de haber sido empleado, y que además no hay obligación de informar sanciones cumplidos diez años de impuestas. El caso de cohecho por el cual lo echaron había terminado con la imposición de una probation.
“El plazo de 10 años que el mismo reglamento fija para el inventario de sanciones disciplinarias no alcanzaba a esos deberes”, señaló el tribunal de modo manifiesto.
Para el jurado, Salmain conocía la sanción que recibió, conocía su registro y conocía el reglamento de concursos y decidió con un criterio propio qué declarar y qué callar. Esto se consideró inaceptable por haber defraudado a quienes debían evaluarlo.
Lo más grave para el tribunal es que esa conducta sostenida durante ocho años por Salmain al ocultar esa sanción que lo sacó del Poder Judicial le impidió al órgano constitucional de selección conocer una causal de inadmisibilidad y un dato esencial para la evaluación de su idoneidad. Con ello, entonces, Salmain quebrantó el deber de veracidad sobre el que descansa el sistema de concursos.
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“La veracidad de lo que un juez declara bajo juramento sobre su propia trayectoria es condición de la confianza pública en la que descansa su permanencia en el cargo, quien la quebranta al postularse y la mantiene quebrantada, ya investido de la magistratura, no conserva las condiciones que la Constitución exige para ejercerla”, señaló el tribunal.
Los miembros del jurado que evaluó los cargos planteados por los acusadores fueron los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras nacionales María Belén Montes de Oca y María Florencia López, los diputados nacionales Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli y la abogada Ana Beatriz Fernández.
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Todos ellos votaron de la misma manera. Desestimaron el cargo por el cual Salmain está siendo juzgado por asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho pasivo y prevaricato en el llamado caso Attila, precisamente porque mientras no haya una resolución firme la ley presume inocentes a personas sometidas a proceso.
La situación que sella la suerte de Salmain, y que reveló este medio en julio de 2025, está en un libro. El primero que hizo referencia a la cesantía de Salmain fue Pablo Slonimsqui, un ex secretario de instrucción de un juzgado penal de Comodoro Py, en su libro Forum Shopping, editado en 2019 por Planeta. Allí reveló cómo existen maniobras para asegurarles destinos a los expedientes más allá de los sorteos y los turnos. Y un ejemplo que puso con nombre y apellido fue el de Salmain cuando lo echaron por una coima para asignarle un destino determinado a legajos que le interesaban. Se trataba de causas en las que intervenía el estudio jurídico privado donde él mismo trabajaba por la tarde.
Las primeras reacciones en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario eran de un muy palpable alivio. Si Salmain lograba sortear el jury en su contra sería repuesto en su cargo de juez civil y comercial, donde fue cuestionado por hechos muy controvertidos y polémicos.
Entre estos hechos, está el haber fallado desde una competencia impropia en favor de una desarrolladora a la que el gobierno de Maximiliano Pullaro le había impedido seguir obras de un barrio privado por riesgo de inundaciones en el loteo. También se conocía que buscó intervenir en expedientes donde está sospechado de corrupción y tráfico de influencias el ex director regional de la AFIP Carlos Andrés Vaudagna en la que Salmain, con 48 llamadas intercambiadas con él que delata un lazo de proximidad, pedía intervenir.
También fue denunciado penalmente y ante el Consejo de la Magistratura por el dueño de la tabacalera santafesina Bromway. En septiembre de 2023 Salmain le ordenó a la ex AFIP que no le vendiera más estampillas a esta firma en el contexto de una demanda impulsada por su competidora Massalin Particulares. Los denunciantes sugirieron que lo hizo al no prosperar un pedido de sobornos hacia Bromway.
La última novedad en los trámites contra Salmain es que este miércoles, en una causa de presunto lavado de activos abierta en su contra, a su ex esposa le secuestraron el teléfono y 59 mil dólares de una caja de seguridad en la Casa Central del Banco Nación en la ciudad de Buenos Aires.
El motivo es que la mujer se acogió al último blanqueo impulsado por Javier Milei y declaró activos por 250 mil dólares. Algo que según fiscales federales no podía hacer porque la medida no alcazaba a funcionarios públicos, sus cónyuges o ex cónyuges.
Durante el trámite del jury que arrancó a principios de octubre Salmain siempre se declaró inocente y se dijo víctima de una persecución. Respondió con elocuencia preguntas y en uno de los momentos notorios que vaciló y resultó acorralado fue cuando le preguntaron si recordaba por qué motivo en 2002 lo habían cesado en el Poder Judicial.
“Es obvia la persecución que recae sobre mi persona, dijo el día que le impusieron los cargos en el juicio político el juez implicado. “Se llega a esta instancia con operaciones, con mentiras, con falsos arrepentidos y presumiendo que oculté cosas que nunca he ocultado. No existe una sola prueba”.
Fuente: LaPoliticaOnLine.com