9 de junio de 2026
A horas del plenario en el Consejo de la Magistratura que puede suspenderlo por estar implicado en dos causas de corrupción, el juez federal Gastón Salmain rechazó un amparo colectivo presentado por organizaciones ambientalistas y referentes sociales para suspender el proceso de licitación de la Hidrovía, que el gobierno nacional acaba de preadjudicar por 30 años al consorcio belga Jan de Nul-Servimagnus.
La resolución al amparo se produjo en una especial circunstancia, que tuvo como firmante a Salmain como magistrado subrogante en el juzgado federal de Santa Fe, donde cumplió esa suplencia hasta el viernes pasado. Fue precisamente en el último minuto de esa función, a las 13, que Salmain firmó la resolución que negó la suspensión del trámite licitatorio a los demandantes, que pedían un estudio de impacto ambiental estratégico y acumulativo sobre la cuenca del río Paraná antes de darle curso.
Salmain estaba momentáneamente a cargo del juzgado de Santa Fe bajo una fuerte controversia. Este miércoles el plenario del Consejo de la Magistratura empezará a analizar si por las dos causas penales por pedido de sobornos en las que está implicado corresponde que se le inicie juicio político. La posibilidad de que lo suspendan para ello puede conllevar que se active la prisión preventiva que tiene dictada en contra y que no se aplicó porque los fueros como juez le dan inmunidad de arresto.
Dentro del ámbito de los Tribunales de Santa Fe corrieron muy libremente las interpretaciones de esta medida. Más allá del fundamento técnico esgrimido, actores judiciales vieron que un acorralado Salmain frente a una augurada suspensión puede estar dando un guiño al gobierno para manejar un futuro en su contra que suavice los rigores de una eventual destitución y en las causas penales donde tiene una perspectiva de posible prisión efectiva.
Los amparistas habían solicitado que hasta que se realizara el estudio de impacto se detuviera el proceso licitatorio y también que se declarase inconstitucional el régimen normativo que regula el tráfico por la vía navegable troncal del Paraná, según reveló el periodista Emerio Agretti en El Litoral de Santa Fe.
Salmain consideró que no había fundamento suficiente para frenar el trámite que reasignará a la empresa belga, que la explotó desde los noventa, el control de la Hidrovía. Esto es una buena noticia para el gobierno nacional porque garantiza la continuidad del proceso licitatorio del canal de salida a ultramar del 70 por ciento de las exportaciones del complejo oleaginoso argentino.
La Hidrovía Paraná-Paraguay
“La arbitrariedad o ilegalidad exigida por el artículo 43 de la Constitución Nacional debe ser manifiesta. No basta la invocación de un desacuerdo técnico, una crítica política, una divergencia científica o la postulación de estándares ambientales más rigurosos que los implementados por la Administración”, indicó Salmain en la resolución.
Para Salmain, el amparo va más allá de sus posibilidades como herramienta recursiva. “La protección ambiental no exige que el juez administre. Exige que controle”, indica el controvertido juez. No obstante, se recuerda muy fuerte en Rosario una acción contraria frente a un amparo, y muy polémica. Fue cuando Salmain fue contra una clausura de un desarrollo inmobiliario dispuesta por la provincia por problemas graves de saneamiento hídrico. En ese caso, contra lo resuelto por el gobierno de Maximiliano Pullaro, el juez federal aceptó un recurso semejante y dispuso la continuidad de las obras como habían pedido las empresas que explotaban el predio.
La Magistratura dejó al juez federal Salmain al borde del Juicio político y puede ir preso
La semana pasada se conoció la preadjudicación del dragado y balizamiento de la vía navegable troncal del Paraná a Jan de Nul, que superó al consorcio Deme NV. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación había abierto en mayo las ofertas económicas de ambos oferentes.
Entre los asociados al grupo ganador figuran los hermanos Juan y Patricio Neuss, Ricardo Román, Juan Ondarchú y Gustavo Elías, ligados a distintas terminales portuarias que operan en la hidrovía.
Los hechos por los que Salmain está en la mira del Consejo son dos. Uno es la causa penal por haber autorizado a los tenedores de un fideicomiso Attilla a comprar diez millones de dólares mientras regía el cepo cambiario, a cambio de un pago del diez por ciento de la diferencia de cambio entre el dólar oficial y el dólar blue, lo que se considera un soborno que los fiscales del caso estimaron en 200 mil dólares. La pena en expectativa para el principal delito que le atribuyen es de prisión efectiva y va de cuatro a doce años.
El segundo hecho es el que más ruido causó desde que se escuchó el descargo del juez en el Consejo de la Magistratura hace dos semanas. Es porque omitió señalar en su CV al concursar que en 2002 la Corte Suprema lo echó de la Justicia Federal, donde era empleado, por ofrecer una coima a una secretaria de juzgado para direccionar un expediente.
Fuente: LaPoliticaOnLine.com