Un instituto penal con tradición en formación de magistrados en todo el país expresó una contundente crítica contra el Poder Judicial, al que acusa de no cumplir su función básica de ponerle límites al gobierno nacional.
El comunicado indica que los desbordes de autoritarismo tienen mucho que ver con el restablecimiento de la vieja SIDE con un señalamiento inequívoco a Santiago Caputo. Y afirma que la Justicia debe salir ante esto de su parálisis y condescendencia.
Entre los desbordes preocupantes que atribuye al gobierno de Milei destaca la designación en la Corte Suprema de dos ministros por decreto salteándose el contrapeso del aval de una mayoría calificada en el Congreso y la “posición timorata” de los integrantes previos que le tomaron juramento el viernes a su flamante miembro Carlos García Mansilla.
“Hasta ahora vemos cómo los jueces se escudan en excusas, dejan pasar arbitrariedades enormes, se esconden en audiencias ‘virtuales’, demoran los casos o sólo hacen sentir su voz cuando sus privilegios pueden ser afectados y entonces no dudan en reclamar con fortaleza”, dicen las autoridades del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), organismo que ha sido formador de funcionarios judiciales en todo el país y asesor decisivo en el cambio de procedimientos penales en provincias argentinas y en todo Latinoamérica.
“Hasta donde llegue el giro autoritario de Milei dependerá de la oposición”
La crítica va dirigida al Poder Judicial, “tanto federales como provinciales”, a cuyos integrantes exhorta a “salir de su parálisis y condescendencia, siempre oculta bajo la funcional burocratización, y defender activamente la Constitución para garantizar la vigencia del Estado de Derecho. El temor al poder mafioso del subsuelo estatal no es excusa válida para ningún juez o fiscal que se digne de conservar esa honrosa pero pesada responsabilidad pública”, indica el comunicado firmado por Alberto Binder y Javier Alfie, respectivamente presidente y director Ejecutivo del Inecip.
También hay palos por las omisiones del Congreso al que invita a revisar acciones que robustecen caminos autoritarios. “Una buena primera señal sería que el Senado rechace de inmediato los pliegos de la Corte para hacer cesar los nombramientos en comisión, y que la Cámara de Diputados revierta el DNU 70/2023 y obligue al Gobierno a seguir el procedimiento ordinario de sanción de leyes”, indica el INECIP.
“Es la hora de los jueces. Los ciudadanos necesitamos a los jueces”, enfatiza el instituto penal para contrastar con una ausencia que deja libre la vocación de ejercer “un poder omnímodo” en hechos abusivos reiterados que no son aislados.
Entre ellos el INECIP alude a la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia y la vuelta a la vieja SIDE, “que no sólo recuperó su nombre, sino también sus mañas, su amplio presupuesto de libre disposición con posibilidad de ser usado para operaciones sucias, su nocivo entremezclamiento con la inteligencia criminal, y la reincorporación de un sector histórico de agentes más preocupados por hacer espionaje político que por prevenir amenazas a la seguridad nacional”.
También se refiere a la aparición “de un senador nacional con una valija de dinero no declarado y con un origen aún no explicado, pocas semanas después de haberse vuelto oficialista”, en relación a Edgardo Kuider, que afronta un proceso penal en Paraguay por comprar seis departamentos tras eso. También alude a la habilitación “de la cibervigilancia masiva y sin control alguno”.
A la utilización de la Unidad de Información Financiera (UIF) “para reducir -en vez de fortalecer- los controles al lavado de activos”. Menciona “la construcción mediática de supuestas organizaciones “terroristas”, a las que desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y de algunas provincias se le asignan hechos sin pruebas, como los incendios en la Patagonia, para ocultar la desidia estatal en la prevención”.
Asimismo refiere a la limitación al acceso a la información pública. Alude a Santiago Caputo cuando consigna “la construcción de un polo de poder alrededor de un “asesor” contratado informalmente para evitar los controles a los que deben someterse los funcionarios públicos, pero a quien se le asigna suficiente poder como para designar o expulsar personas de altos cargos, o para increpar y amenazar en público a un diputado de la Nación en el propio recinto parlamentario”.
Remarca por otra parte el INECIP “el clima de violencia social promovido desde el propio Poder Ejecutivo, con discursos de odio que habilitan y legitiman la violencia social, que incluyen ataques a periodistas y otros personajes públicos, discursos presidenciales en donde se vincula la homosexualidad con el abuso sexual o el llamado a linchamientos públicos por parte de un diputado nacional”, en referencia al diputado libertario José Luis Espert.
Las recriminaciones también se dirigen al Congreso. Reprocha que el Poder Legislativo péndula entre el apoyo al gobierno y las críticas en redes que luego no se traducen en votos en los recintos. Objeta la pasividad ante la reforma al sistema de inteligencia, el rechazo a la creación de una comisión investigadora ante el escándalo libra o la demora en rechazar las postulaciones a la Corte de los candidatos impugnados “lo que dejó terreno fértil para el inaceptable avance por decreto”.
“A más de un año de la llegada al gobierno de este novedoso fenómeno político, el aturdimiento ya no es excusa para quienes tienen (y tenemos) la sensible tarea de custodiar al Estado para prevenir sus abusos que, inevitablemente, derivan en una sociedad menos democrática y más violenta”, remata la conducción del INECIP.
Fuente: LaPoliticaOnLine.com