Fiscales federales de Rosario aplicaron un cálculo matemático para determinar las inhibiciones en dinero contra siete policías que les mejicanearon 15 kilos de droga a un grupo de personas, a las que allanaron de manera tramposa.
En base a esa proyección establecieron que con la maniobra, de punta a punta, los uniformados ganarían 155 millones de pesos. Por lo tanto pidieron que les trabaran embargo a cada uno de ellos por 150 millones de pesos.
¿En qué se basó la estimación? En referencias dadas por los mismos policías en sus diálogos sobre cuánto pensaban ganar con la reventa de la droga incautada, a lo que se suma el reparto de los 50 mil dólares y 285 mil pesos que hallaron en la casa junto con los estupefacientes, que se guardaron para ellos. Ante la autoridad judicial reportaron haber decomisado medio kilo de cocaína. Habían encontrado 30 veces más.
Eso fue lo que terminó ordenando el juez de garantías Carlos Vera Barros, que además les renovó la prisión preventiva a los policías, que pertenecen a una fuerza de seguridad especializada de Santa Fe y están detenidos desde octubre pasado.
Lo que hicieron los detenidos es una colección de temeridades, donde hasta burlaron a jueces provinciales para que las víctimas de su maniobra quedaran presas 45 días. Ocurrió el 13 de agosto del año pasado. Siete efectivos del grupo Alfa de la Policía de Acción Táctica Regional Rosario entraron ilegalmente a una casa de Forest 56 en la zona oeste.
Dominaron a los tres adultos presentes, esposaron a los dos varones, encerraron en un dormitorio a la mujer adulta con sus dos niños de 8 y 1 año. Bajo amenazas, extrema violencia y sin testigos, requisaron la totalidad del inmueble y de los vehículos de los dos hombres, en búsqueda de droga y de dinero. Encontraron los 15 kilos de cocaína y 50 mil dólares. Se los llevaron.
El problema para ellos es que no tenían razones para estar ahí. E hicieron detener a los adultos que estaban en la casa durante seis semanas. Como no tenían orden de allanamiento inventaron una patraña para justificar el ingreso al domicilio: dijeron que persiguieron a dos hombres sospechosos en un patrullaje normal, que estos se metieron en la casa y justificaron haber entrado por ser un hecho en flagrancia.
Este viernes hubo en Rosario una audiencia donde los fiscales Soledad García, Virginia Sosa y Federico Reynares Solari pidieron prorrogar la prisión preventiva. Pero algo durante el trámite llamó la atención. Y fue el modo en que los fiscales desplegaron la idea de cómo había que calcular el dinero para trabar inhibición a los policías.
Fue una ecuación económica que en parte se dedujo de las conversaciones telefónicas que los efectivos tuvieron sobre lo que pretendían embolsar con su operativo sucio. El fiscal Reynares Solari formuló un pronóstico racional en base a las conversaciones de los policías sobre cuánto pensaban sacar de la venta de la droga que se habían robado, a lo que se sumaba los 50 mil dólares que levantaron de la casa. Eran 155 millones de pesos en estimativos.
Para definir los criterios de multa al momento de los hechos por tráfico de estupefacientes agravado por la condición de funcionarios públicos y la actuación de más de tres personas les daba 107 millones de pesos. Pero se agregó la proyección de la reparación a las víctimas en el muy probable caso de condena. Las habían mandado presas 45 días con una maniobra de abuso de autoridad, las privaron de la libertad ilegítimamente y lo hicieron frente a niños en un operativo de extrema violencia.
La suma de inhibición para cada uno de los ocho policías fue fijada por el juez actuante en 150 millones de pesos, una cifra que fue readecuada. El magistrado les prorrogó la prisión preventiva por 60 días a siete integrantes de la PAT. Remarcó en la audiencia la gravedad institucional de los hechos por el hecho de que los efectivos cometieron el tipo de delito que debían reprimir.
Los acusados son los suboficiales Fernando Ferreira, Iván Scheneider, Jesús Balais, Guillermo Toledo, Gerardo Pérez y Sergio Robledo. El día del operativo recibieron instrucciones del jefe de tercio, el oficial Renzo Michelud, quien arribó al lugar con posterioridad junto con el oficial Agustín Martínez. En la audiencia estuvo ausente el caso de Micheloud porque ya tenía prorrogada la preventiva.
A las autoridades de la fiscalía de Rosario les mintieron al avisarles dos horas tarde del inicio del operativo y con una versión falsa. Lo que se analizó en la audiencia de la Justicia Federal inicialmente fue el altísimo poder con que cuentan en la calle policías no suficientemente controlados. Les atribuyen privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, robo agravado, falsedad ideológica, encubrimiento y asociación ilícita.
Los tres detenidos por los policías muy presumiblemente tienen relación con el delito. Pero el operativo de la PAT fue tan sucio que fue imposible determinarlo. Por tanto sus detenciones fueron declaradas ilegales y el operativo anulado.
La realidad de lo ocurrido se supo por una investigación del fiscal Javier Arzubi Calvo y Andrés Montefeltro, junto a sus colegas mencionados, que recibieron una denuncia de los defensores de los detenidos. Al examinar lo ocurrido constataron el engaño de los efectivos que se aseguraron que no hubiera cámaras en el lugar. Pero el GPS de sus móviles delató la verdadera hora de llegada al barrio. Y testigos presenciales lo confirmaron.
Fuente: LaPoliticaOnLine.com