A poner la cara por el Gran Hermano porteño

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta está en tiempo de descuento para explicar por qué accedió a los datos biométricos de más de 7 millones de ciudadanos y ciudadanas, entre quienes se encuentran el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y referentes del movimiento de derechos humanos como Estela de Carlotto o Hebe de Bonafini. El juez Roberto Andrés Gallardo —que suspendió el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) por entender que se usó como excusa para acceder a la información de millones de personas— emplazó al ministro de Justicia y Seguridad porteña, Marcelo D’Alessandro, a que brinde los detalles acerca de cómo se usó el mecanismo antes del martes. Sin embargo, el funcionario ya anticipó que denunciará penalmente al magistrado por entender que se extralimitó en su investigación. De esa forma, la administración porteña encarnará la máxima de que no hay mejor defensa que un buen ataque.

No es la primera vez que la administración del PRO arremete contra Gallardo, a quien D’Alessandro describió como alguien que “se dejó instrumentalizar por una finalidad política” en una entrevista que dio en FM Milenium. La táctica del gobierno de Rodríguez Larreta involucrará una posible denuncia penal contra el juez para decir después que lo recusa porque tiene un pleito contra él. La administración porteña ya lo había recusado cuando Gallardo empezó a mover la acción de amparo que promovió el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) contra el SRFP, pero la Cámara lo sostuvo.

En simultáneo con esa estrategia, la fiscal Catalina Legarre pidió la nulidad de la cautelar que el juez dictó el martes por la que suspendió el SRFP. El argumento de la representante del Ministerio Público de la CABA –que encabeza Juan Mahiques, exfuncionario de Mauricio Macri– fue que Gallardo no le había dado intervención.

Cuanto más pase el tiempo, más fácil será para la administración Larreta ir buscando una explicación acerca de cómo se usa el sistema y por qué se accedió en casi 10 millones de oportunidades a las bases del Registro Nacional de las Personas (Renaper). A nivel político, el Frente de Todos (FdT) y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) pidieron que D’Alessandro vaya a la legislatura a dar explicaciones.

La investigación

El lunes, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) comenzará con los peritajes sobre los equipos que secuestró el martes del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) –desde donde se observan las cámaras para detectar supuestamente a personas buscadas por la justicia– y del Ministerio de Justicia y Seguridad porteña. Lo fundamental será saber quiénes accedían a los registros del Renaper y con qué argumento. D’Alessandro dice que todo tiene trazabilidad, pero habrá que comprobarlo.

El SFRP se empezó a implementar en abril de 2019 en la Ciudad de Buenos Aires. Funciona a través de las cámaras de videovigilancia que están instaladas en el territorio porteño. Se estima que alrededor de 300 equipos tienen el software para la identificación de personas que provee la empresa Danaide SA. ¿Cómo funciona? Se capta una imagen, se compara la cara de una persona en más de 500 puntos con la imagen que está almacenada en el Renaper. Únicamente debe hacerse con aquellas personas que son buscadas por la justicia y que están cargadas en la base de Consulta Nacional de Rebeldías y Captura (CoNaRC). Para eso, la administración porteña firmó convenios en 2019 con el Ministerio de Justicia nacional –responsable de la CoNaRC– y con el Ministerio del Interior, del que depende el Renaper.

Lo que hasta ahora es inexplicable es que la base CoNaRC tiene un promedio de 40.000 personas, pero la Policía de la Ciudad accedió a datos de más de 7 millones de personas, excediendo ampliamente lo que estaba autorizado y buscando información de personas que, de ningún modo, eran buscadas por la justicia. Desde que se implementó, la administración de Rodríguez Larreta no brindó explicaciones ante los mecanismos de control, que son la Defensoría del Pueblo –que accedió con bastante dificultad a alguna información– y la Legislatura porteña –ya que nunca se creó la Comisión Especial de Seguimiento de Sistemas de Videovigilancia–.

La Defensoría detectó que el sistema funciona mal, aunque en la Ciudad dicen que, si hubo errores, fue por problemas con la base CoNaRC. Sin embargo, algunos casos son elocuentes: A los diez días de que se implementara el SRFP, detuvieron a un hombre en la estación Retiro de la Línea C, pero no era la persona que buscaban. Otro ciudadano denunció que lo demoraron dos veces por el mismo error. A una mujer la pararon en Constitución más de un mes después de que la hubieran sobreseído en la causa en la que supuestamente la buscaban. A un hombre lo detuvieron en la estación Callao de la Línea B, lo llevaron a una comisaría y a las tres horas lo dejaron ir porque no era la persona que buscaban. A una mujer la frenaron ocho policías en Retiro, pero tampoco era a quien querían.

Hasta ahora, el SRFC funciona como una caja negra. Los peritajes servirán para entender cómo se implementó y cómo es el mecanismo que usó la Policía de la Ciudad para hacer consultas sobre un conjunto de personas que no eran prófugas de la justicia y que no tienen ningún denominador común y que, en todo caso, mostraría como denuncian las organizaciones de la sociedad civil –como el CELS, ACIJ, Fundación Vía Libre, entre otros– que hubo afectación masiva a la privacidad.

Para que intervenga la bicameral

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, Victoria Montenegro, pidió que intervenga la Bicameral de Inteligencia –que preside Leopoldo Moreau– a raíz del escándalo del acceso irregular a datos biométricos de más de 7 millones de personas por parte del gobierno de la Ciudad.

La nota, según pudo reconstruir Página/12, llegó el miércoles a la Bicameral –antes del feriado de Semana Santa– y es probable que se analice el pedido de la legisladora en la semana. Será probablemente un nuevo punto de fricción entre el oficialismo y los congresistas de Juntos por el Cambio que integran la Bicameral.

Este lunes, la comisión tiene actividad, ya que está citado el exdirector de Análisis de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Fernando di Pasquale, que fue a visitar a dos jueces para pedir la detención de Hugo y Pablo Moyano. También están convocados los exagentes Mercedes Funes Silva y Mariano Flores, dos policías de la Ciudad que pasaron en comisión a la AFI. A Funes Silva quieren interrogarla acerca del espionaje en el Hospital Posadas y a Flores sobre los seguimientos al juez Luis Carzoglio. Los agentes podrían declarar sin responder preguntas o simplemente dejar un escrito. Aún no estaba decidida la estrategia.