Presiones e injerencias para que la Corte Suprema presida el Consejo de la Magistratura

En la previa del vencimiento del plazo que dio la Corte Suprema para sancionar una nueva composición del Consejo de la Magistratura, son cada vez más los sectores que comienzan a intervenir sobre el futuro de la conducción del órgano encargado de nombrar y remover jueces. Una de las últimas novedades fue la inusual y hasta injerencista intervención de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), que firmó un comunicado junto al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (o de la calle Montevideo como se lo conoce) e IDEA en el que le reclaman al Congreso que designe sus representantes en el Consejo de modo que éste pueda ponerse en funcionamiento y la Corte pueda ocupar su lugar en la presidencia. «Dime quién te defiende y te diré a quién representas», deslizaron desde el Frente de Todos, al tiempo que rechazan la intervención de esa entidad norteamericana y, además, la eventual asunción del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, al frente del Consejo. Consideran que sería un «golpe institucional». El comunicado hizo ruido también en algunos sectores de la Justicia, que fueron tajantes en afirmar que la Cámara de Comercio norteamericana «no tiene por qué meterse» en la puja interna de poderes que se está desarrollando en el Consejo de la Magistratura.

«Cumplir el fallo de la Corte no puede estar en discusión y constituye un elemento clave para un país republicano y equitativo. Consolidar equilibrios en espacios como el Consejo de la Magistratura implica fortalecer instituciones, algo necesario para pensar y construir desde el presente, el futuro de todos los argentinos», reza el comunicado que el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, la AmCham y el Instituto para el Desarrollo Empresarial (IDEA) publicaron a modo de respaldo corporativo al deseo de la Corte Suprema de volver a presidir el Consejo de la Magistratura. Y es que habiéndose vencido este viernes el plazo de 120 días que dieron los supremos para sancionar una reforma (la cual solo llegó a conseguir una media sanción en el Senado), el Consejo deberá volver a la composición de 20 integrantes que sostenía la ley sancionada en 1997 y luego derogada en el 2006. Dado que el Congreso no designó aún les dos nuevos representantes que exige la nueva (o vieja) composición, predomina la incertidumbre respecto a qué sucederá el lunes: si Horacio Rosatti asumirá su rol como presidente del Consejo, a pesar de que no estén todes les integrantes, o si esperará a que estén les 19 miembros o se termine de sancionar una nueva ley (que, en principio, anticipa un escenario difícil en la Cámara de Diputados). 

En este contexto, les representantes del establishment empresarial argentino y norteamericano, junto al Colegio de Abogados, se pronunciaron a favor de lo que reclama Juntos Por el Cambio (y anhela la Corte Suprema), que es que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, designen a les integrantes faltantes (el resto de los estamentos ya avanzó en el proceso de selección) para que el Consejo de la Magistratura pueda comenzar a funcionar con la nueva composición. La insólita participación de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos no pasó desapercibida por el Frente de Todos, desde donde se resisten a designar les representes parlamentarios que faltan ya que consideran que la maniobra de la Corte Suprema es prácticamente un «golpe de Estado institucional». 

«Dime quién te defiende y te diré a quién representas. La participación de la Cámara de Estados Unidos no solo es una injerencia inadmisible, sino que además pone de manifiesto cuáles son las alianzas que se articulan desde el ‘poder real’ para enfrentar los intereses del conjunto de la sociedad. En este caso: los sectores autoritarios representados por el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que en su momento respaldaron el golpe de Estado del 76, los grupos económicos concentrados con participación directa de las empresas norteamericanas, y la propia Corte», cuestionó el diputado oficialista Leopoldo Moreau en diálogo con Página/12. Para Moreau, que integra la Bicameral de Inteligencia, este comunicado «demuestra como hace tiempo los grupos de poder dejaron de reclutar generales y empezaron a reclutar jueces y fiscales para cumplir su cometido»: «Esto revela la impunidad con la que estos grupos han actuado y que la política que se ha seguido desde el Departamento de Estado respecto a a América Latina ha sido la de favorecer el lawfare contra los gobiernos de origen popular. En todo caso, lo ‘nuevo’ es que esta alianza implícita se haya hecho explícita», afirmó.

El lobby norteamericano en el debate en torno al Consejo de la Magistratura hizo ruido también en algunos sectores de la Justicia. «Me parece una vergüenza que una entidad de cualquier país del mundo trate de interferir en la Justicia argentina. No me parece mal que lo haga el Colegio de Abogados, dado que es un actor en un juicio, pero no se qué tiene que hacer la Cámara de Comercio de Estados Unidos en este tema», aseguró  Jorge Rizzo, quien está candidateándose para presidir la otra institución que nuclea a los abogados, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y agregó: «Esto demuestra la relación carnal que hay entre el Colegio de la calle Montevideo y las autoridades de Estados Unidos». Por algunos pasillos de los tribunales, mientras tanto, analizaban que el comunicado de respaldo a la Corte del establishment empresarial daba cuenta de cierta «debilidad» de los magistrados frente al escenario que se había abierto respecto al Consejo de la Magistratura. En este mismo sentido, en el FdT hay muches que coinciden en que la Corte Suprema «se metió sola en un quilombo», ya que su propio fallo que declaró la inconstitucionalidad de la composición actual de 13 miembros del Consejo exige que, de retrotraerse a la ley anterior, todes les nuevos integrantes «iniciarán su mandato de manera conjunta y simultánea».

La gran pregunta, entonces, es qué hará la Corte Suprema el lunes. Juntos Por el Cambio tiene la expectativa de que Rosatti ocupe su cargo como presidente del Consejo, mientras que en el FdT advierte que, de hacerlo, estaría «tomando por asalto» el organismo. «El disparate que fue este fallo quedó al descubierto también con esta laguna legal de no prever qué iba a pasar el Día D si no se sancionaba una nueva ley o si no se podía constituir la ley derogada», sostuvo la senadora del FdT y consejera, María Ines Pilatti Vergara, quien advirtió que de asumir Rosatti la presidencia no tendría «ninguna cobertura legal» porque iría en contra del fallo que él mismo firmó. «En este mundo del revés no me sorprendería nada, pero considero que sería extremadamente peligroso una jugada así porque estaría cerca del golpe institucional», añadió la senadora. «Han traspasado ya todos los límites de la Constitución, no me extrañaría que el lunes se instalen ahí», afirmó, con más dureza, Moreau.