Pandora Papers: el presidente de Chile Sebastián Piñera zafó en el juicio político

En un resultado previsible, el Senado de Chile rechazó el juicio político contra el presidente Sebastián Piñera, acusado de corrupción en el caso de los Pandora Papers. La oposición, que dispone de mayoría en el Senado con 24 escaños, no logró reunir los 29 votos necesarios para sentar a Piñera en el banquillo. Tenía la ardua tarea de convencer a cinco senadores oficialistas para consumar la destitución del mandatario, algo sumamente difícil ya que una semana atrás en la Cámara de Diputados ningún parlamentario de ese sector dio su voto favorable. Con este resultado, se cierra el proceso sin ninguna consecuencia política para Piñera.

Los 43 senadores contaron este martes con 15 minutos cada uno para argumentar su voto y el proceso se extendió unas siete horas para abordar la polémica venta del proyecto minero Dominga en un paraíso fiscal de Islas Vírgenes, una operación revelada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). En concreto se votaron dos capítulos de la acusación constitucional: «haber infringido abiertamente la constitución y las leyes» y «haber comprometido gravemente el honor de la nación». En el primero la oposición reunió 24 votos a favor y en el segundo 22, lejos de los 29 necesarios para iniciar el juicio. Este fue el segundo intento de destitución del presidente chileno, quien ya fue acusado en 2019 por presuntas violaciones a los derechos humanos.

El minuto a minuto de la votación

Tres diputados de la oposición de centroizquierda, promotores de la acusación constitucional que fuera aprobada en la Cámara de Diputados, expusieron los argumentos para aprobar la destitución de Piñera. «Estamos hablando de corrupción. La familia Piñera Morel pretendía beneficiarse directamente de la decisión del jefe de Gobierno», indicó en su tempranera intervención la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans.

Por la parte defensora el abogado del presidente, Jorge Gálvez, solicitó «rechazar en todas su partes la acusación que carece de todo fundamento fáctico y jurídico». Gálvez aseguró que «es mentira que la familia Piñera Morel haya realizado la venta de Dominga». 

Ya dentro de una votación en la que no se esperaban sorpresas, la postura del senador Manuel José Ossandón generaba cierta expectativa. El parlamentario oficialista había asegurado horas antes que no le iba a «temblar la mano para decidir ninguna de las dos alternativas». Sin embargo, y luego de su voto en suspenso, se abstuvo de la acusación contra el mandatario aunque le dedicó algunas críticas.

«Todos sabemos quién es él, cuáles son sus formas, dónde están sus límites y lo que ha hecho en su vida empresarial y política. Yo he dicho siempre que no comparto las maneras en que ha mezclado la política y los negocios, lo privado y lo público, porque creo que no ha sido capaz de poner límites», aseguró Ossandón, quien continúo señalando que «el propio presidente ha perdido su peso específico producto de un conjunto de decisiones que, a mi juicio, han sido poco afortunadas».

Aún así, Ossandón se abstuvo argumentando la existencia de «muchísimas zonas grises» al interior de la acusación constitucional. Por su parte el senador de la Unión Demócrata Independiente, José Durana, rechazó la acusación reprochando que el proceso «pretende ser una franja electoral extendida de los acusadores que ven en su cobertura la posibilidad de seguir haciendo campaña«.

En el otro extremo la candidata presidencial y senadora democristiana, Yasna Provoste, anunció su voto a favor del juicio político a Piñera. En abril de 2008 Provoste fue destituida como ministra de Educación con este mismo mecanismo en una sentencia que además, la dejó cinco años inhabilitada para ejercer cargos públicos. «Lamentablemente por Chile, el presidente Piñera ha hecho de su imprudencia y avaricia, y de sus conflictos de intereses, un patrón de conducta«, aseguró.

Pero Provoste fue más allá al asegurar que «la historia juzgará, al que estoy convencida, es el peor gobierno en democracia de los últimos 70 años». A su turno el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, también argumentó su voto a favor de la acusación constitucional al declarar: «Otros mandatarios como el de Ecuador (por Guillermo Lasso) también se vieron cuestionados. Eso fue lo que motivó esta acusación. No le echemos la culpa a los diputados o a los senadores por tratarla ahora. Echémosle la culpa nuevamente al protagonista del peor gobierno en varias décadas».

Los detalles de la acusación

La semana pasada, la Cámara de Diputados realizó una maratónica e histórica sesión en la que el diputado socialista Jaime Naranjo leyó 1.300 páginas de argumentos durante casi 15 horas a la espera de disponer de los votos necesarios para tramitar la acusación contra Piñera, que fue aprobada después de casi 24 horas.

Piñera está acusado de atentar contra el principio de probidad y el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, y por haber comprometido el honor de la nación. Según la investigación de los medios chilenos CIPER y LaBot, incluidos en los Pandora Papers, los hijos de Piñera vendieron la minera Dominga al empresario Carlos Alberto Delano (íntimo amigo del presidente) por 152 millones de dólares.

La operación, que tuvo lugar durante el primer gobierno de Piñera (2010-2014), se realizó en su mayoría en las Islas Vírgenes. El pago se tenía que hacer en tres cuotas. Una polémica cláusula supeditaba el último pago a «que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas».

Una vez que Piñera asumió el poder, ese área, que abarca un verdadero tesoro natural a orillas del Pacífico, no fue considerada como zona de protección recomendada por su antecesora Michelle Bachelet (2006-2010). El mandatario, una de las mayores fortunas de Chile, ha sostenido en sendas comparecencias públicas haberse desvinculado de sus negocios a través de fideicomisos ciegos en 2009, y argumentó que lo revelado en los Pandora Papers ya fue investigado y sobreseído en 2017.

El juicio político transcurrió durante los últimos meses de mandato de Piñera, que dejará el cargo en marzo, y apenas unos días antes de las presidenciales del 21 de noviembre. Se trata del segundo intento de destituirlo, luego de la tentativa de noviembre de 2019 por supuestas violaciones a los derechos humanos en medio de las masivas protestas contra la desigualdad, las más importantes desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Mientras tanto, avanza la causa judicial

Además de la acusación que se cayó en el Parlamento, la situación de Piñera es investigada por la justicia chilena. La Fiscalía Regional de Valparaíso sumó este martes nuevos antecedentes por la venta de la minera Dominga que involucran al mandatario. 

El Centro de Investigación Periodística (Ciper) reveló que la familia de Piñera invirtió durante su primer gobierno en once proyectos mineros. Así fue consignado por el medio independiente chileno que reveló operaciones en los proyectos de Cóndor, Indiana, Filipinas, Oro Atacama, Perth, Sierra Fritis, Adelaida, Quasar y Central Andes, que se suman a los ya conocidos, Dominga e Imán. Toda esa información será incorporada a la causa que lleva adelante la Fiscalía de Valparaíso.

Si bien algunas de estas exploraciones mineras no tuvieron éxito, otras se mantienen vigentes. Desde La Moneda niegan cualquier tipo de conflicto de interés, de acuerdo al portal Bío Bío. Estos antecedentes surgen a menos de un mes de que Ciper y LaBot dieran a conocer nuevos datos sobre la compraventa de la minera Dominga en Islas Vírgenes en 2010.