"Gestapo" macrista: El último indagado siguió el libreto de hacerse la víctima

Con la declaración del senador bonaerense Juan Pablo Allan (Juntos) terminó la ronda de indagatorias en la causa de la «Gestapo» antisindical. El legislador, en rigor, no contestó preguntas sino que –como la mayoría de los imputados– presentó un escrito donde dice que todo lo que hizo formaba parte de su función y niega haber participado del armado de causas contra dirigentes de la Uocra. También se queja, ya un clásico entre los implicados, por la presencia de directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la reunión en el Banco Provincia, a los que dijo que no conocía, y por la filmación. Ahora se avecina la resolución de tres cuestiones importantes: la pelea por la competencia, ya que hay planteos para llevar el caso a Comodoro Py, los pedidos de nulidad del video del evento como prueba y, finalmente, las situaciones procesales.

La indagatoria de Allan se demoró porque el Senado bonaerense debía pronunciarse sobre sus fueros a pedido del juez Ernesto Kreplak. Al final lo que hizo el cuerpo fue simplemente autorizarlo a declarar en indagatoria. Allan presentó un escrito de catorce páginas. La mayor parte la dedicó a explicar todos los temas de los que se ocupó como senador (y también consejero de la Magistratura), entre los que incluyó la recepción de quejas por conflictos con la Uocra con impacto en la construcción. Sobre eso le dijeron que se hablaría en la reunión en la sede porteña del Bapro, el 15 de junio de 2017, a la que explica que fue como “legislador interesado y ocupado en los temas que impactan en mi ciudad”. Le informaron, cuenta, que habría “representantes de instituciones vinculadas a la actividad y funcionarios de nuestra gestión y la presencia del intendente”. “En ningún momento fui informado que habría presencia de miembros de la AFI, y nunca tuve contacto con ningún miembro de dicho organismo ni antes ni después de esa reunión”, asevera. Dice que fue porque era su “obligación como legislador”.

Allan no precisa quién y cómo lo convocó a ese encuentro, aunque reconoce que por los planteos contra la Uocra y otros temas tenía contacto frecuente con el exministro de Trabajo Marcelo Villegas, quien allí dijo que deseaba tener una “Gestapo” propia para “terminar con los gremios”, también con el exsubsecretario de Justicia Adrián Grassi y con el intendente de La Plata, Julio Garro, y mencionó a otros ministros en general. Todos fueron a la misma cumbre en el Banco Provincia, donde también estuvo el exministro de infraestructura Roberto Gigante, así como empresarios y profesionales de la construcción, y tres hombres de la AFI, dos de los cuales condujeron la charla –Juan Sebastián De Stéfano y Darío Biorci– junto con Villegas, repartiendo sugerencias para iniciar causas contra el dirigente Juan Pablo «Pata» Medina. Había “personas que conocía porque habían ido a verme al despacho y otras autoridades de instituciones que era la primera vez que los veía. Niego saber que estábamos siendo grabados y filmados, situación que me toma por sorpresa al enterarme por los medios”, señala el senador. Aclara que es amigo del ingeniero Ricardo Alconada hace más de veinte años. De la cuestión de la Uocra asegura que no habló con jueces ni fiscales. 

Como el resto de los involucrados, a Allan se le atribuye haber participado del armado de causas contra dirigentes de la Uocra, lo que habría incluido tareas de espionaje, además de presiones o negociaciones con la AFI, funcionarios y autoridades judiciales y del ministerio público fiscal. A él en particular lo complican los datos que figuran en su agenda y en la de Villegas, donde aparece gran cantidad de reuniones que tenían como eje el «tema Uocra La Plata» así como comunicaciones entre ellos en «fechas significativas» para la investigación y con tres de los empresarios de la mesa del Bapro.

Es posible que antes de resolver las situaciones procesales el juez Kreplak se pronuncie sobre un pedido de Grassi para que mande la causa a Comodoro Py y que anule el video como prueba. Esta semana la fiscala Ana Russo se opuso a todo. Incluso sostuvo que una de las causas que tramitan en los tribunales de Retiro, que fue iniciada en 2019 por Medina pero que nunca avanzó, debería ser enviada a La Plata, igual que un tramo de otro expediente donde se investigan las bases de la AFI en territorio bonaerense, ya que de allí surgen tareas de inteligencia ilegales sobre la Uocra. Russo remarca la existencia de una asociación ilícita. En los tribunales de Retiro también hay planteos –de De Stéfano y Biorci– para que los jueces porteños le reclamen a Kreplak el caso. 

La fabricación de expedientes contra opositores y el uso del aparato de inteligencia para espiarlos fue habitual durante el gobierno de Mauricio Macri. Es cada vez más ostensible que fue una política aplicada en los distintos niveles y jurisdicciones. Hubo escritos de dos de los imputados que fueron reveladores en ese sentido, pero como salpican a la cúpula de la AFI y la Casa Rosada seguramente serán usados como argumento para mudar el expediente. Villegas contó que participó de una reunión sobre la situación de Medina comandada por Macri y con presencia de Arribas, antes del encuentro en el Bapro. Luego lo convocaron a la AFI para que informara cómo marchaba la ofensiva en la provincia de Buenos Aires, donde la causa principal contra el Pata Medina quedó en manos de un juez de Quilmes, Luis Armella, en lugar de uno de La Plata, como la lógica indicaba por el lugar de los hechos (Armella tenía contacto con algunos de los imputados). Por otro lado, el exjefe operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra, también dijo que las máximas autoridades de la exSide ordenaron tareas de inteligencia sobre el dirigente y que a él lo mandaron a la reunión en el Banco Provincia a escuchar y supervisar la filmación.