El gobierno de Javier Milei les dice a los tribunales que no deben intervenir en la revisión del Decreto de Necesidad Urgencia 70/2023 porque ya está siendo revisado por el Congreso. Ése fue uno de los argumentos principales que esgrimió la administración de La Libertad Avanza (LLA) para pedir que se rechace el amparo que presentó la Confederación General del Trabajo (CGT). Sin embargo, el Congreso –hasta ahora– no ha analizado el DNU porque la comisión bicameral que debía hacerlo no se completó porque nunca designaron a los diputados y las diputadas que deberán integrarla. Este viernes se venció el plazo para que la bicameral –que no está operativa– emitiera su dictamen.
Se cumplieron diez días hábiles desde que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, envió el megaDNU al Congreso para su revisión. No hubo dictamen porque Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, jamás designó a los representantes de ese cuerpo en la comisión. La ley establece que ahora ambas Cámaras pueden abocarse al tratamiento del DNU.
Al gobierno de Milei le conviene el silencio del Congreso porque, de esa forma, el DNU se mantiene vigente. Para que deje de estarlo, la oposición tiene una tarea ciclópea: debe conseguir que ambas Cámaras lo traten y lo rechacen. Con una sola no alcanza.
Está claro que Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda quieren rechazarlo, pero deben juntar más voluntades. Por ahora, nadie mueve una sola pieza. Todas las miradas están centradas en otras negociaciones: las que se dan por la Ley Ómnibus, cuándo se firmará el dictamen y cuándo se llevará al recinto. También influirá la magnitud del paro y la movilización que están convocados para el próximo miércoles.
El Gobierno viene jugando su partido para defender el DNU en los tribunales. Este viernes, el Ejecutivo presentó un informe para pedir que se rechace el amparo que presentó la CGT. Es la decisión de fondo. En ese mismo expediente, la central obrera consiguió que la Cámara del Trabajo dictara una cautelar que frenó la implementación de la reforma laboral que traía incorporada el megadecreto de Milei. Ahora, ese tema está en la Corte –a la espera de que los supremos se reincorporen de sus vacaciones.
En su escrito, el gobierno de Milei dijo que “actualmente el DNU se encuentra bajo la revisión y control del Congreso de la Nación; por lo que la intervención de la justicia en esta instancia sería al menos prematura, además de transgredir el principio de división de poderes”. No recordó la administración de LLA que las autoridades del Congreso que le responden no terminaron de completar la comisión bicameral que debe dictaminar sobre la validez del DNU.
En la presentación, el gobierno negó 102 afirmaciones que había incluido la CGT en su amparo. Entre otros argumentos, rechazó que el DNU establezca una reforma laboral con “modificaciones peyorativas y permanentes para los trabajadores”.
El Ejecutivo tiene que explicar por qué Milei usó un DNU para materias diversas, que abarcan desde los derechos de los trabajadores, la ley de góndolas, regulaciones sobre el acceso a los medicamentos o la derogación de la ley de alquileres. La línea que empleó el Ejecutivo para justificar esa medida es la doctrina que esgrime el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que está lejos de ser la hegemónica o la que históricamente ha sostenido la Corte Suprema. “La excepcionalidad, necesidad y urgencia son cuestiones políticas no justiciables, cuya valoración compete al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación”, puede leerse en el escrito.
“Es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece como consecuencia de un conjunto de anteriores decisiones intervencionistas”, sostuvieron los abogados del Estado.
La jueza a cargo del caso, Lucrecia Pedrini, rechazó in limine –es decir, sin tratamiento– un nuevo planteo del gobierno para que no intervenga la justicia laboral y le corrió traslado de la respuesta del Ejecutivo a la fiscal para que dictamine. Es probable que el lunes se conozca el pronunciamiento del Ministerio Público.
La semana próxima será clave en esta pulseada – no solo por la manifestación del miércoles–, sino porque también el gobierno espera que la Cámara en lo Contencioso Administrativo diga si le saca la causa de la CGT al fuero del Trabajo. Hasta ahora, Barra no tuvo suerte en sus jugadas.
El procurador del Tesoro quería concentrar todas las impugnaciones al DNU en el fuero contencioso administrativo. Para eso, le había venido bien que el juez Esteban Furnari admitiera tratar como un proceso colectivo una acción que habían iniciado el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, el economista Claudio Lozano, ATE y la CTA Autónoma. Sin embargo, el juez de feria, Enrique Lavié Pico, desarmó ese proceso y la Camara en lo Contencioso Administrativo convalidó su decisión.
Este viernes, Lavié Pico resolvió habilitar feria para tratar el amparo que presentaron legisladores y legisladoras porteños de UxP contra el DNU. “Seguiremos protegiendo los derechos de los porteños y porteñas frente a las medidas irracionales del Gobierno Nacional”, tuiteó Claudia Neira, una de las diputadas que impulsó la presentación con el patrocinio de Graciana Peñafort.
El jueves, Lavié Pico rechazó tramitar como proceso colectivo la acción que había presentado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y denegó una cautelar que suspenda la vigencia del megadecreto.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/705629-el-doble-estandar-de-javier-milei-para-defender-el-dnu