Dirigentes políticos, gremiales y del movimiento de derechos humanos repudiaron el denominado “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el corte de vías de circulación”, anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Bullrich no tiene autoridad moral para hacer nada. Fue responsable de 40 muertos en el 2001, ella era parte de ese gobierno. ¿Quiere repetir la historia? ¿Piensa que nos vamos a quedar cruzados de brazos cada vez que nos saquen derechos? Es para la gilada eso, para su sector de ultraderecha”, reflexionó ante Página/12 el dirigente de la CGT Pablo Moyano. «¿Piensa que la gente se va a quedar sin laburo, sin derechos y se va a quedar en la casa mirando Netflix? Va a salir a la calle. Van a tener que hacerse cargo de lo que pase o hacer una cárcel muy grande porque vamos a ser muchos los que vamos a caer en cana defendiendo a los laburantes. No pudieron los milicos, ¿estos van a asustarnos? Es un mensaje a ese sector que los votó. ¿Se piensa que el 45 por ciento se va a quedar cruzado de brazos mientras nos sacan todo?”, planteó el titular de Camioneros.
“Lo de Bullrich es una declaración de guerra a la conflictividad que va a generar su propio gobierno con el ajuste brutal que anunciaron”, advirtió la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky. “Ninguna contemplación, habilitación directa a la policía, amenazas a las organizaciones, una patoteada”, resumió. El histórico organismo de derechos humanos difundió antes un documento en el que señaló que “las medidas anunciadas implican la violación de derechos sociales y económicos de amplios sectores de la población y agudizarán el empobrecimiento y una crisis social de difícil recuperación”.
“Lo que anunció Bullrich es absolutamente inconstitucional. La que se ubica en el terreno de la ilegalidad es ella. El derecho a la protesta es el primero de los derechos. Sin ese, pueden violentar los demás y no hay cómo impedirlo”, expresó la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda. “Todas las medidas que está tomando este gobierno constituyen un profundo ataque a las condiciones de vida de millones de personas, por eso la urgencia y la severidad de los anuncios de Bullrich. Prefiere violar la Constitución a que se exprese el descontento”.
“Bullrich anuncia su plan represivo para pasar el brutal ajuste anunciado por Caputo-Milei. Quiere amedrentar a quienes salgan a enfrentar la política criminal que generará más hambre y pérdida de puestos de trabajo. ¡Vamos a ejercer el legítimo derecho a la protesta!”, anunció el diputado Nicolás del Caño, del FIT. “La casta copó el gobierno de Milei y anuncia que va a reprimir la protesta del pueblo trabajador frente al brutal ajuste que están aplicando contra las mayorías populares».
Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, equiparó el anuncio de la ministra con “un Estado de sitio”. “Entonces Bullrich tiene que ir al Parlamento y proponer una especie de Estado de sitio, porque no tiene instrumentos legales”, advirtió en Radio la Red. “Mañana vamos a ratificar la movilización más de 50 organizaciones. Vamos a ir Casa de Gobierno, por lo menos para reclamar que les aumenten a los jubilados. Nos sacarán, iremos presos e iremos a juicio, Bullrich tendrá que dar la cara”, advirtió.
“Los conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver ni la policía, ni la Justicia. Los deben resolver quienes gobiernan, ya que para eso son elegidos. Esta medida está orientada a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quieren conflictos, que paren con el ajuste y aumenten los sueldos”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. El sindicato de estatales anticipó que no aceptará ningún condicionamiento al ejercicio constitucional de movilización y protesta, y recordó que el ejercicio del derecho constitucional de huelga está amparado por tratados internacionales de derechos humanos de los cuales Argentina es parte. “Se trata de una atribución exclusivamente legislativa, razón por la cual resulta ilegal e inconstitucional su impedimento”, agregó.
“Pésimo lo de la ministra sobre los piquetes. Como si se tratara de la actitud de unos aprovechadores que hacen del corte de calles su deporte. Lo que está en juego es otra cosa: el derecho de criticar y protestar de los que no tienen poder para hacer lobby o escribir en los medios”, reflexionó el jurista Roberto Gargarella. “La idea de ‘todo o nada’ con que se lo presenta es directamente antidemocrática: no hay derecho más importante que el de la protesta. ¿Es regulable para compatibilizarlo con otros derechos? Sí. ¿Es suprimible? No”.
La diputada santafecina y profesora de derecho penal Matilde Bruera también cuestionó el anuncio: “Primero ajuste al pueblo. Después represión. Vieja receta de los autoritarismos. Violan la Constitución, las leyes vigentes. El derecho a una vida digna es sagrado y la protesta también, el Estado de derecho se respeta”.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/695384-repudio-al-protocolo-de-patricia-bullrich-es-una-violacion-a