Carlos Torrendell será nuevo secretario de Educación de Javier Milei | Profesor de la UCA

A pocos días de la transición y del inicio oficial del gobierno de Javier Milei, continúan los nombres y nombramientos del futuro gabinete. Este jueves se conoció que Carlos Horacio Torrendell será el secretario de Educación que dependerá del superministerio de Capital Humano, que también absorberá Salud, Trabajo y Desarrollo Social, comandado por Sandra Pettovello.

“La oficina del Presidente electo de la Republica Argentina comunica que el Doctor en Ciencias de la Educación Carlos Horacio Torrendell será el secretario de Educación de la Nación a partir del 10 de diciembre”, reza el comunicado oficial difundido en las redes sociales de La Libertad Avanza (LLA).

¿Quién es Carlos Horacio Torrendell?

Torrendell es doctor en Ciencias de la Educación. Actualmente, es profesor Titular Ordinario en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) y está a cargo de las materias Política, Educativa e Historia de la Educación Argentina en el departamento de Ciencias Sociales.

También, es miembro académico del Consejo Nacional de Calidad de la Educación que forma parte del Ministerio de Educación de la Nación y fue electo por los propios profesores de la UCA como miembro del Consejo Superior de la entidad educativa. 

Un dato no menor es que el docente es, además, autor de varios libros y ensayos defendiendo el sistema de enseñanza privada. Esta fue una de las insignias de la campaña de Javier Milei, quien auguró el fin de la educación pública a cambio de vouchers.

“La escuela no existe por el Estado, sino por la sociedad. Es pública, pero en un sentido no estatista ni subordinado. La educación privada no puede ser reducida a un tipo de gerenciamiento que será permitido siempre y cuando se convierta en una franquicia (franchising) del Estado o responda a los intereses e ideologías de turno de quienes ocupan el nivel directivo burocrático del aparato estatal. La escuela de la sociedad civil tiene sentido en sí misma, con su identidad y proyecto en el marco del bien común y del sistema educativo. El Estado tiene que animarla, protegerla, brindarle condiciones, coordinarla, regularla y controlarla para el logro del bien educativo nacional. Pero no enclaustrarla”, escribió Torrendell en un ensayo titulado “La educación privada: entre el neoestatismo y la sociedad civil”, publicado en 2014 por la Revista Cultura Económica de la UCA.

Más allá de su título en esa institución, el futuro funcionario también se recibió como Especialista en Educación en la Universidad de San Andrés.

Al final, no 

La designación de Torrendell al frente de Educación (degradada a Secretaría) tira abajo los rumores que señalaban a María Eleonora Urrutia, una ultraliberal negadora de la dictadura militar, como la titular de ese cargo. 

Nacida en Mendoza, como buena parte de los cuyanos, Urrutia tiene vínculo con Chile. En su caso, familiar, está casada con Hernán Büchi, el ministro de Economía de Chile entre 1985 y 1989 y candidato del oficialismo en las presidenciales de ese último año. El oficialismo era la dictadura de Augusto Pinochet. 

Además, Büchi y Urrutia quedaron salpicados por el escándalo de los Panamá Papers, al conocerse que estaban ligados a una sociedad offshore, como relató la periodista Carla Perelló.

Urrutia es abogada y está vinculada a la Universidad del Desarrollo en Chile, considerada la usina de ideas neoliberales. Allí se ha desempeñado como investigadora.

Además, tiene un máster en Economía y Ciencia Política de ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas). Es el instituto universitario creado en 1978 por Alberto Benegas Lynch (h), el «prócer del liberalismo» según el próximo Presidente. De hecho, se rumoreaba que Bengas Lynch (h) habría sido el nexo entre Milei y Urrutia.

En línea con su Milei y los referentes de LLA, tiene una mirada abiertamente negacionista respecto del terrorismo de Estado en la última dictadura. Considera que en los 70 hubo «un ataque deliberado y sistemático a Montoneros, al ERP y a organizaciones de menor envergadura» sin considerar a la población civil, y que «ese ataque estuvo mal llevado, con irregularidades graves, con procedimientos inaceptables» que no constituyen delitos de lesa humanidad «porque no fue ataque a población civil sino a población combatiente».

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