CFK apeló la reapertura de dos causas en su contra | Tras el nuevo ataque del lawfare a la vicepresidenta

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apeló la resolución de la Cámara de Casación Penal que reabrió la instancia de juicio oral en las causas de Hotesur-Los Sauces y del Memorándum con Irán, en las que ya había sido sobreseída. Los dos recursos extraordinarios federales presentados para que la Corte Suprema revise la decisión apuntó que los fallos cuestionados fueron «arbitrarios», violaron la garantía del juez natural y el derecho del imputado a ser juzgado «en un plazo razonable». Mientras, en el primer expediente -por presunto lavado de dinero en hoteles propiedad de la familia Kirchner- quedó firme el sobreseimiento definitivo de Florencia Kirchner.

Entre los argumentos de la apelación, los abogados de CFK, Carlos Alberto Beraldi y Ari Llernovoy, incluyeron el señalamiento de que en la decisión de Casación no participó la jueza Ana María Figueroa. La camarista fue considerada cesante por la Corte Suprema el 6 de septiembre último, cuando el Senado de la Nación aún no se había expedido sobre su continuidad después de haber cumplido los 75 años de edad: finalmente, la Cámara alta trató el tema la semana pasada y le otorgó a Figueroa un nuevo acuerdo para que siga en el cargo. Entre uno y otro hecho, los jueces de Casación Daniel Petrone y Diego Barroetaveña fallaron por la reapertura de los juicios contra la vicepresidenta: estaban en condiciones de decidir la cuestión desde noviembre del año pasado y no lo hicieron hasta que fue apartada Figueroa.

«La resolución recurrida presenta un vicio de base que fulmina su validez: el decisorio fue dictado con el voto de dos magistrados, sin que el Tribunal se integrara con un tercer juez que también participara de la deliberación», sostuvieron los abogados de la exmandataria. «Más allá de lo dispuesto por el artículo 30 bis del código de rito (que habilita la decisión por parte dos jueces), lo cierto es que esta norma de dudosa constitucionalidad sólo podría ser legítimamente aplicada de manera excepcional en aquellos supuestos en los que se produce una vacancia que no puede ser cubierta inmediatamente y en los que median razones de urgencia para emitir el fallo, las cuales jamás fueron explicadas en el sub lite», explicó la defensa de CFK.

Memorándum

La causa Memorándum, que juzga el tratado de entendimiento alcanzado pero jamás implementado entre Argentina e Irán para intentar ingadar a los acusados del caso AMIA, había sido cerrado por el Tribunal Oral Federal 8 que entendió que se trató de una decisión política no judiciable y que además nunca entró en vigencia. La denuncia original, impulsada por el fallecido fiscal Alberto Nisman, sostenía que la firma del memorándum fue a cambio de incrementar el comercio de granos (argentinos) y petróleo (iraní) y de hacer caer las alertas rojas de Interpol que pesaban sobre los iraníes acusados, aunque nada de eso ocurrió. Esa decisión del TOF 8 fue revertida por la sala primera de la Cámara de Casación, con la integración de los jueces Petrone y Barroetaveña, quienes consideraron que corresponde llevar a cabo el juicio oral para dilucidar si se cometieron o no los delitos denunciados.

Los abogados de CFK remarcaron que no puede ordenarse la realización del juicio por la sola discrepancia entre las querellas y la defensa, sobre todo cuando eso ya había sido sopesado por el tribunal que resolvió sobreseer a todos los imputados. «Si se validara el particular criterio postulado por los jueces Barroetaveña y Petrone, toda decisión de gobierno podría ser revisada e incluso criminalizada en sede judicial, en tanto exista algún acusador con ánimo de discutir la legalidad del acto», enfatizaron.

«Ello, sin lugar a dudas, torna en letra muerta el principio de división de poderes que hace a la esencia del sistema republicano de gobierno y, a su vez, importa una indebida y peligrosísima intromisión del Poder Judicial en esferas de competencia que son exclusivas de los órganos elegidos por el pueblo en elecciones libres y democráticas», remarcaron.

En ese punto, recordaron que «los jueces del Tribunal Oral concluyeron que los hechos denunciados en estos obrados no son más que actos de naturaleza política que, como tales, se encuentran exentos de revisión jurisdiccional, y su acierto o error sólo puede ser escrutado por la ciudadanía al ejercer su sufragio en elecciones libres y democráticas».

«Los magistrados (del TOF 8) concluyeron, tras una profusa evaluación fáctica y un extenso desarrollo dogmático, que los hechos denunciados no constituyen delito alguno (ya sea el de encubrimiento o el de traición a la patria), en especial, pues jamás se procuró levantar las alertas rojas dispuestas por Interpol respecto a los ciudadanos iraníes acusados de perpetrar el atentado contra la sede de la AMIA», señalaron.

Hotesur-Los Sauces

«Y justamente, la aplicación ultractiva de una ley penal más benigna resultó ser el argumento central por el cual los Dres. (Daniel) Obligado y (Adrián) Grunberg, invocando la propia jurisprudencia de esta Cámara Federal de Casación Penal, dispusieron el sobreseimiento de nuestros representados, para lo cual, insistimos, no era necesario producir ninguna prueba nueva».

En esa misma causa, quedó firme el sobreseimiento a Florencia Kirchner, hija de la vicepresidenta, dado que la fiscalía no apeló el fallo que dispuso que fuera desvinculada de la investigación: así lo dispuso en su momento el TOF 5 y, con otros argumentos, lo convalidó la Cámara de Casación. Los jueces Barroetaveña y Petrone señalaron que en 2003, en el supuesto inicio de la maniobra investigada, Florencia Kirchner tenía 12 años y su incorporación a las empresas de la familia se produjo tras la muerte de su padre, Néstor Kirchner, en octubre de 2010.