Jorge Radice fue uno de los represores que declaró en el Juicio a las Juntas de 1985. Su declaración aún crispa los nervios de tan solo de escucharlo decir que él accionaba las armas contra el enemigo que le determinaba la superioridad. El “blanco”, le contestó a regañadientes al entonces camarista Ricardo Gil Lavedra, podía ser una ventana o un ser humano. Daba lo mismo para él. Entre 1976 y 1979, Radice fue Gabriel o Ruger dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). En ese campo de concentración, él alternaba las tareas operativas con las administrativas. Aparentemente, la administración no era solo de los fondos para el funcionamiento del grupo de tareas sino también de los bienes que les robaban a los detenidos-desaparecidos. Por haberse quedado con propiedades, autos e incluso caballos de carrera pero sobretodo por haber creado un entramado para borrar el origen ilícito de esos bienes, el juez federal Ariel Lijo dispuso que el genocida de la ESMA sea sometido a un juicio por lavado de activos. La rareza es que, en esta oportunidad, no estará solo ni con un compañero de armas, sino con su hermana menor, Norma Berta Radice, que también fue parte del mecanismo para quedarse con lo que pertenecía a las víctimas de la última dictadura.
Radice se retiró joven de la Armada. Para finales de 1979, ya había dejado la Marina. Un año antes, había pasado a retiro Emilio Eduardo Massera, con quien él había trabado un vínculo más que estrecho. Tal fue esa cercanía que Radice pasó a desempeñarse en las oficinas que Massera había montado en la calle Cerrito a fin de “trabajar” en lo que él soñaba sería su carrera política.
Radice era contador, por eso le habían asignado la administración del grupo de tareas 3.3.2, según él mismo declaró ante la justicia. Cuando dejó la Marina, se dedicó a negocios, al menos particulares, como la importación de armas. También montó una empresa para reparar embarcaciones.
Para la justicia está claro que Radice intervino en el plan de apropiación de bienes de quienes estaban secuestrados en el campo de concentración de la Marina al menos desde el 22 de noviembre de 1976 y que siguió hasta hace poco haciendo negocios con ese capital. Para eso, contaba con la ayuda de su hermana Norma Berta, que es contadora y licenciada en Administración de Empresas.
Según la resolución que dictó Lijo, los Radice se quedaron con bienes de personas desaparecidas, adquirieron bienes con el dinero que le sacaban a quienes estaban en cautiverio, compraron bienes “subrogantes” tras la venta de las propiedades que inicialmente habían adquirido con lo que les robaron a los secuestraron y armaron un entramado societario de alcance transnacional con un único objetivo: borrar todo lazo con la ESMA y, de esa forma, integrar ese capital al circuito económico formal. El entramado de sociedades incluía 17 personas jurídicas –que funcionaban en Argentina, Estados Unidos, Uruguay y Panamá–. El socio de los Radice en ese montaje fue Miguel Ángel Egea, que también apareció en los Panamá Papers y murió en 2016.
Desde 1976 hasta ahora, los Radice intervinieron en, al menos, ocho operaciones inmobiliarias. Compraron dos unidades funcionales en Besares 2019 –que era una propiedad que había sido adquirida por un detenido-desaparecido–. En ese lugar funcionó Croma SA, una empresa que habían montado los represores de la ESMA para grabar comerciales y videos. Croma funcionaba gracias a la mano de obra esclava que proporcionaban quienes estaban detenidos ilegalmente en el centro clandestino.
Los Radice también se quedaron con una propiedad ubicada en Warnes 350/52, que había pertenecido a Marcelo Hernández y quien, mientras estaba cautivo, debió firmar un poder general en favor de “Juan Héctor Ríos” – la identidad que utilizaba Radice para estos menesteres–. Allí funcionó una de las inmobiliarias de la ESMA, al igual que en Jaramillo 3083/87, una propiedad que fue adquirida por el padre de los Radice en octubre de 1978.
Durante el período investigado, Norma Berta Radice cambió, al menos, ocho autos. Con su hermano se hicieron de tres embarcaciones y cinco caballos de carrera –robados a Conrado Higinio Gómez, secuestrado y desaparecido por el grupo de tareas de la ESMA tras ser desapoderado de sus propiedades en Chacras de Coria–.
El 28 de julio de 2021, el juez federal Sebastián Casanello llamó a indagatoria a los Radice. Las declaraciones las tomó su colega Lijo, cuando se hizo cargo de la subrogancia del Juzgado Federal 12, que está vacante desde que Sergio Torres asumió como juez de la Suprema Corte bonaerense.
Con los procesamientos confirmados por la Cámara Federal, el fiscal Eduardo Taiano y la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF) pidieron la elevación a juicio de los hermanos. La defensa oficial de Radice –que está preso en la Unidad 31 de Ezeiza purgando una prisión perpetua– intentó sin éxito correr a la UIF diciendo que no podría funcionar como acusador privado porque se creó después de los hechos.
La pesquisa sobre el robo de bienes a los detenidos-desaparecidos de la ESMA se inició en 2007. El expolio fue una parte esencial de lo que sucedió en ese campo de concentración. En un sector del centro clandestino conocido como «pañol» se apilaban las pertenencias de quienes eran secuestrados –que podían ser desde ropa hasta vajilla–. Un sumario iniciado contra un marino que aparentemente quiso robarles a quienes se dedicaban al saqueo fue hallado años atrás por el equipo de relevamiento documental del Ministerio de Defensa y sirvió para identificar a otros integrantes del grupo de tareas que habían pasado bajo el radar de la justicia.
Radice está procesado en otro tramo con el que él reconocía como su superior, Jorge «Tigre» Acosta. En la investigación sobre el lavado de activos intervinieron la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) –convocada por el fiscal Taiano–, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/531751-un-represor-de-la-esma-y-su-hermana-elevados-a-juicio-por-qu