Tal como había anticipado Alberto Fernández, el Gobierno solicitó que el Consejo de la Magistratura investigue a los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials por el viaje en un avión privado que realizaron junto a empresarios de medios, funcionarios porteños y ex agentes de inteligencia a la mansión de magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, Río Negro.
El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, presentó por Mesa de Entradas un escrito de 16 páginas en el que consideró «necesario que se dé curso a una investigación en el seno de este Cuerpo ya que, de resultar comprobadas, las conductas descriptas podrían subsumirse en la causal de mal desempeño en el ejercicio de las funciones«.
«Si bien no compete a este Consejo analizar si los hechos denunciados podrían constituir delito -lo que será analizado en sede penal- la responsabilidad política por la cual se interpela a los magistrados denunciados tiene como principal objetivo determinar si mantienen, o no, las condiciones exigibles a todo juez de la Nación, para continuar ejerciendo sus cargos», sostiene el documento.
La Constitución Nacional de 1860, recordó Ustarroz en su presentación, estableció que «pueden los actos de un funcionario no ajustarse al vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser delitos o crímenes calificados por la ley común, pero sí constituir mal desempeño porque perjudiquen al servicio público, deshonren al país o la investidura pública, impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución, en cuyo caso bastan para promover el enjuiciamiento».
Independencia e imparcialidad
«Una sociedad mandante comprende que el magistrado no sólo debe preocuparse por ‘ser’ según la dignidad propia del poder conferido, sino también por ‘parecer’, de manera de no suscitar legítimas dudas acerca del modo en el que cumple el servicio judicial«, añadió Ustarroz en el documento, donde describió los detalles del viaje.
Y recordó: «en el comportamiento del juez deberá primar una mirada social que anteponga el interés colectivo y común al particular o individual, como también un evidente e irreprochable sentido de independencia e imparcialidad en todo aquello en lo que por su función deba intervenir».
En ese marco, el representante del Ejecutivo advirtió sobre la existencia de un «mecanismo» para «influenciar indebidamente sobre el ánimo de los magistrados al momento de resolver en aquellas causas judiciales de su interés, ya sea como una contraprestación, o bien, por las resoluciones que estos habrían de dictar en el futuro».
La Ley de Ética Pública, subrayó Ustarroz en ese sentido, «prohíbe a los funcionarios recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones«.
Viaje a Lago Escondido
El fin de semana pasado, se filtraron una serie de mensajes intercambiados por Telegram entre jueces, funcionarios, exagentes de inteligencia y empresarios de medios para intentar tapar con facturas truchas y presiones a periodistas un vuelo en un charter privado a Lago Escondido que causó un profundo repudio en todas las usinas del oficialismo.
El lunes pasado, el presidente Alberto Fernández comunicó por cadena nacional que resolvió «instruir al Ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento» e « instruir al representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales».
También decidió «solicitar al Bloque de Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados; y, por último, solicitar al Congreso de la Nación ‘una vez más’ que avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación».
Días después, siguiendo lo solicitado por Fernández, el gobierno denunció a los involucrados en el viaje a Lago Escondido. Por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas fueron denunciados:
- Julián Ercolini, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10.
- Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal.
- Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2.
- Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
- Juan Bautista Mahiques, actual Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Marcelo D’alessandro, actual Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
En tanto, por ofrecimiento de dádivas la denuncia recayó en:
- Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín
- Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis.
- Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos, de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
- Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/507092-los-chats-del-lawfare-el-gobierno-concreto-el-pedido-de-juic